En una carta abierta enviada al Gobierno una treintena de entidades reclaman al Gobierno que se garantice el acceso de toda la población a las vacunas y tratamientos que se están desarrollando en todo el mundo contra la COVID-19. “El acceso a todas las personas que los necesiten tiene que estar asegurado. Eso solo se consigue evitando los monopolios y la exclusividad de las licencias en caso de transferirse un medicamento al sector privado. Además, se deben impulsar otras medidas socialmente responsables que salvaguarden el interés general, la asequibilidad y el precio justo de los productos”, señala la carta.  La carta ha sido promovida por la campaña No es Sano y ha está suscrita por una treintena de organizaciones como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Médicos del Mundo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Salud por Derecho o la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), entre otras.

Las organizaciones firmantes le piden al gobierno que si es necesario recurra “a las licencias obligatorias”. Las licencias obligatorias, están recogidas en  los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, o ADPI, permiten al legislador  que un medicamento protegido por patente sea copiado por otro fabricante, normalmente designado por el gobierno para fabricarlo y poder garantizar su suministro a la población. Algo que, por ejemplo, ya ha hecho el gobierno de Israel con que ante la expansión de la enfermedad por su país ha decidido saltarse la patente de Kaletra que estaba en vigor en su país hasta 2024 para producir un genérico con su fórmula.

La carta demanda que aumente la innovación, “tanto en lo que se refiere a la prevención a través de las vacunas, como en el desarrollo de los medicamentos que van a tratar la enfermedad. Las agendas de investigación deben responder a las necesidades en salud de la población y no solo a la rentabilidad. La COVID-19 es un ejemplo de lo necesaria que es la investigación en enfermedades infecciosas y bacterianas, y en salud pública y comunitaria, entre otras”, aseguran.

Las organizaciones firmantes también demandan al Ejecutivo que garantice la sanidad universal, sin excepciones. “El virus no entiende ni de lugar de residencia ni de procedencia. Las pandemias y epidemias son problemas de salud pública que afectan a toda la comunidad, sobre todo a las personas más vulnerables, y desde la atención sanitaria universal deben ser resueltas”, recuerda la carta.

Para que todas estas medidas sean eficaces y generen confianza en la ciudadanía requieren transparencia y una buena rendición de cuentas. Con ello, se asegura “la mejor toma de decisiones basada en las evidencias clínicas, los costes de desarrollo y producción, la seguridad y la eficacia de los medicamentos y tecnologías sanitarias que se pongan a disposición de la población”, finaliza la carta.