La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está solicitando este miércoles información sobre contratos públicos en varias consejerías de la Comunidad de Madrid y en empresas relacionadas con la trama corrupta de Púnica.

En concreto, los agentes de la UCO han remitido peticiones de información a la consejería de Presidencia y a la dirección general de Urbanismo, adscrita a la consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.

La solicitud de documentación se habría ampliado también a la empresa pública de gestión del suelo Arpegio, investigada por el juez Eloy Velasco en el marco de la trama Púnica y disuelta en mayo de 2016 por el gobierno regional de Cristina Cifuentes bajo el pretexto de "ahorrar costes y reducir la estructura administrativa". Desde entonces, las competencias de la extinta Arpegio pasaron a la también pública Arproma, encargada de la financiación y la gestión de la construcción de infraestructuras en la Comunidad.

La UCO trata de recabar información sobre la ejecución de contratos de comunicación y publicidad

La Guardia Civil trata con esta diligencia de recabar información relacionada con la adjudicación y la ejecución de contratos públicos en el ámbito de la comunicación y la publicidad. De esta manera, amplían el registro efectuado durante este martes en la sede de la Consejería de Sanidad, donde los agentes de la UCO se personaron para requerir documentación sobre el uso de los fondos asignados al plan de ampliación hospitalaria puesto en marcha por el gobierno de Esperanza Aguirre entre los años 2004 y 2007.

Hospitales

En esa pieza separada dentro del caso Púnica, como ha adelantado El Independiente, el juez Velasco indaga en el destino de las partidas de publicidad derivadas de la construcción de seis hospitales públicos en la Comunidad de Madrid: los de Móstoles, Leganés, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada y Getafe. La operación tuvo un monto total de 2.283 millones de euros, de los cuales el 1% (casi 23 millones) debía destinarse a la promoción de los centros y a la información al ciudadano sobre sus funciones, sus fechas de apertura, servicios, formas de acceso, etcétera.

Los investigadores de la UCO, según ha podido saber este medio, tratan de dilucidar cuál fue el destino real de esos 23 millones de euros, abonados por un servicio que debían abonar las empresas adjudicatarias pero que, según los indicios, terminó realizando la propia Comunidad de Madrid. La presidenta de la región en aquel momento, Esperanza Aguirre, ha negado este miércoles su responsabilidad sobre el caso y la ha trasladado a sus consejeros.

Por su parte el entonces titular de Sanidad, Manuel Lamela, también ha desviado su responsabilidad sobre la gestión de los fondos destinados a publicidad en conversación con El Independiente, asegurando que el asunto le quedaba "muy lejos" e indicando que esa función no le correspondía a él sino "a alguna dirección general".