Como cada semana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se sometía el pasado jueves al control de la oposición en la Comisión de Sanidad. Y, como viene siendo habitual, no cedía a la presión y evitaba asumir ningún tipo de error en la gestión de la crisis del coronavirus, ni en la fase previa al estado de alarma ni en la posterior. Tampoco este viernes, después de publicar unas cifras oficiales con más dudas que certezas. No fue hasta ayer, más de cinco semanas después desde el inicio de la pandemia, cuando el Ejecutivo decidió aunar criterios entre las comunidades autónomas.

La transparencia, una de las aptitudes que defiende a ultranza tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el titular de Sanidad, ha quedado en varias ocasiones en entredicho por algunos 'puntos ciegos' de su gestión sobre los que, a día de hoy, sigue primando casi una total opacidad. Repasamos algunos de ellos.

Las comunidades autónomas

Se entiende, quizá, como uno de los agujeros negros en la gestión de la crisis. El Ministerio de Sanidad asumió el pasado 13 de marzo el mando único sanitario y, desde entonces, las críticas han sido una constante entre presidentes autonómicos y un Ejecutivo al que acusan, sobre todo, de tomar decisiones de forma unilateral y de haber quedado desbordado por la crisis.

Pero las autonomías se han convertido en el punto ciego del Gobierno sobre todo por la heterogeneidad en el flujo de datos, tanto el de positivos, fallecidos, curados y nuevos ingresos como en el número de PCR y test realizados, así como por los distintos métodos que -hasta ahora- utilizaba cada una para medir a los afectados o la opacidad y el desajuste en las cifras de contagiados y muertos en las residencias de ancianos.

El caos ha primado en el último balance oficial, tal y como reconoció este viernes Fernando Simón en una rueda de prensa, por "discrepancias" con los datos facilitados por Cataluña que aportaba a través de dos fuentes con cifras similares, pero que han dejado de cuadrar. La confusión de este viernes se suma al desajuste registrado en múltiples ocasiones entre el balance del mando único y el que hacían públicas algunas autonomías a lo largo de toda la crisis. m

Los problemas con los balances de los datos coinciden con la orden publicada este jueves en en el BOE para tratar de homogeneizar las cifras, por la que se insta a los diferentes territorios a enviar información únicamente sobre los casos confirmados, detectados por PCR o test de anticuerpos.

La decisión llega después de que Cataluña elevase su cifra de fallecidos por incluir su propia medición, incluyendo casos sospechosos pero no confirmados, un sistema que ha obligado al Gobierno a corregir toda la serie histórica. A ello se suma que Madrid y otras autonomías dejasen de comunicar en las últimas semanas los datos acumulados de personas hospitalizadas y en UCI y la incoherencia con los datos de afectados en la red de residencias, unos datos requeridos por las autoridades competentes y que, según informó este viernes Salvador Illa, "empiezan a aclararse", si bien Simón informó que "dos o tres comunidades", sin mencionar cuáles, aún no habían informado al Gobierno en este sentido.

Número real de contagiados y fallecidos

¿Cuántos contagiados hay realmente en España? ¿Y a qué cifra real asciende el número de fallecidos por Covid-19? Es una de las quejas más repetidas de parte de partidos como PP y Vox siempre que tienen ocasión. "Ustedes han convertido España en un tanatorio", acusaba el 'doctor' de Vox, Juan Luis Steegmann a Salvador Illa y Pedro Sánchez en la última sesión de control.

Teniendo en cuenta los últimos criterios esgrimidos por el Ministerio de Sanidad, en España sólo se contabilizan como muertos por la pandemia a aquellos que hayan dado positivo en un test PCR o de anticuerpos, mismo procedimiento que para los contagiados, ya sean sintomáticos o asintomáticos. Pero, como apuntan algunas comunidades y ayuntamientos, "podrían ser muchas más", lamentaba este viernes el líder del PP, Pablo Casado.

"Debemos tener la certidumbre de conocer cuántos han sido", añadía, una exigencia que se ha intensificado después de que distintas comunidades autónomas hagan un recuento significativamente superior al ofrecido por Sanidad -hasta 9.000 fallecidos más-, recogiendo además de los diagnosticados en centros hospitalarios a los decesos en residencias o en los domicilios con síntomas compatibles con el virus.

¿Cuántos test se practican a diario en España?

Esta opacidad en el número "real" de los fallecidos que se ha llevado la pandemia se debe a la ausencia de test rápidos y PCR suficientes como para calcular el impacto real de la crisis.

Durante semanas, para conocer el dato sobre el número de PCR -la prueba más fiable- que se habían realizado en España había que recurrir al mantra utilizado por el Gobierno: de media, entre 15.000 y 20.000 diarias. El pasado jueves, Illa aseguró que esa cifra estaba ya entre 20.000 y 40.000 al día, y detallaba una cifra: desde que comenzó la crisis, se han practicado 930.230 PCR, sin contar con los test rápidos. Pero seguía ocultando el número de ciudadanos distintos a los que se había practicado esa prueba, ya que a muchos se les repite el test varias veces, por lo que resulta imposible conocer una aproximación real.

Respecto a los test rápidos, el Ministerio de Sanidad ya ha repartido casi dos millones de estos kits entre las diferentes autonomías que, a su vez, los aplican para hacer cribado entre los sectores más afectados -hospitales, personal de residencias o funerarias-, si bien aún quedarían casi cuatro millones de pruebas restantes por repartir. Dichas pruebas resultan fiables en la detección de positivos, pero dan falsos negativos, donde muestran una sensibilidad del 64% en pacientes con evolución inferior a siete días.

Proveedor 'fantasma'

En uno de los momentos más dramáticos de la crisis, cuando el sistema sanitario estaba al borde del colapso y prácticamente todos los territorios demandaban ayuda al Gobierno, trascendió que éste había comprado un lote de 58.000 test de diagnóstico rápido defectuosos a una empresa china sin licencia, que no estaba en la lista de distribuidores fiables que facilitó la Embajada China al Ejecutivo.

Entonces, Moncloa afirmó haber comprado dichos test a través de un proveedor español, si bien se ha resistido a dar el nombre del mismo pese a las insistentes preguntas de oposición y medios de comunicación.