El Gobierno de Pedro Sánchez es un "irresponsable". Así se manifestó ayer, de nuevo, el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, en el balance del primer día de salida de menores a la calle desde que se decretó el estado de alarma, el 14 de marzo. El gobierno de Quim Torra ha criticado sucesivamente la negativa del Gobierno a confinar Cataluña, la vuelta al trabajo de los sectores no esenciales o el permiso para que los menores salgan a la calle sin imponer franjas horarias.

En el caso de los ayuntamientos que han reanudado las obras municipales -sin embargo- la portavoz del Govern, Meritxell Budó, lo señaló ayer como una buena noticia. Se da el caso de que la mayoría de los consistorios catalanes que en la última semana han reemprendido las obras públicas son independentistas. Se trata de consistorios como Girona, Reus (Tarragona) o Vilafranca del Penedés y Sitges en Barcelona, además de los cuatro municipios de la Conca d'Ódena que fueron confinados por el brote de coronavirus de Igualada. Todos ellos gobernados por JxCat.

"El Govern respeta la autonomía local" argumento Budó recordando que, con el fin del confinamiento estricto tras la semana pasada, el Gobierno permitió que se reemprendan las obras. "Desconozco la realidad de estos municipios, quizá obras son de emergencia o con una penalización si se retrasan" apuntó la portavoz del Govern, quien también apoyó que la decisión se deba exclusivamente a motivos económicos. Uno de los objetivos esenciales del ejecutivo catalán, ha explicado "es reactivar la economía".

Torra y las obras públicas de la Generalitat

De hecho, el ejecutivo catalán sufrió algunas contradicciones respecto a las obras públicas que dependen directamente de la Generalitat. Mientras Quim Torra reclamaba el cierre de la economía, excepto los servicios esenciales, y ponía como ejemplo de sector a confinar el de la construcción -"no veo la urgencia de que los paletas sigan en las obras" llegó a argumentar- las grandes obras públicas dependientes de la Generalitat seguían adelante.

Desde el Govern argumentaron que como las normas del estado de alarma dictado por el Gobierno no restringían esta activi no podían obligar a los contratistas privados a suspender las obras. Una dificultad que ayuntamientos como el de Barcelona pudieron soslayar sin grandes problemas una semana antes que la Generalitat, pese a los lamentos de Torra.

Ahora, las 147 obras públicas dependientes de la Generalitat siguen paradas, como el Govern aprobó finalmente el 27 de marzo. Mientras alcaldes convergentes como Carles Pellicer, de Reus, levantan el veto en sus ciudades. Pellicer ha argumentado este lunes la necesidad de "recuperar la actividad económica en la ciudad y garantizar los puestos de trabajo", tras el parón decretado en este municipio el 16 de marzo.