El dato recogido en estas páginas por Olga Rodríguez, según el cual nada menos que el 31% de la población activa en España recibe ya o va a recibir de manera inminente una prestación social, esto es, un dinero público por razón de la crisis del coronavirus, seguramente llenará de satisfacción a todos aquellos que consideran que de esta situación atroz se deberá salir con un crecimiento sustancial del Estado como empleador y promotor de empresas públicas y controlador, de paso, de la vida de los españoles.

Pero ese panorama, al que espero que no nos vayamos a dirigir si quienes tienen la potestad y la autoridad moral y política para hacerlo levantan a tiempo la voz para oponerse, a lo que nos acercaría es a una sociedad dependiente del Estado, a la estatización que tanto defiende en estos momentos la ultraizquierda.

Porque la actual situación es coyuntural, o eso es lo que esperamos todos, pero en términos económicos podría prolongarse en el tiempo si existe la voluntad política de hacerlo. Y ése el riesgo que no podemos correr. El compromiso de "no dejar a nadie atrás" es digno del mayor apoyo siempre y cuando bajo esas palabras no se esconda la voluntad de subsumir en el futuro bajo el paraguas del Estado la mayor parte de la actividad económica del país. Porque eso nos llevaría a la ruina e, indefectiblemente, a la pérdida de libertades.

La iniciativa privada debe ser la encargada de cumplir su función de motor del desarrollo de un país

El Estado debe estar presente en todos aquellos sectores que, como la sanidad, la educación o el sistema público de pensiones respondan al interés general de modo que haga posible que todos los españoles, sea cual sea su posición económica, tengan acceso a los servicios y prestaciones que son esenciales en toda sociedad desarrollada. Y nada más. El resto del espacio debe dejarse en manos de la iniciativa privada, que debe ser la encargada de cumplir su función de motor del desarrollo de un país.

Ese 31% de población dependiente ahora mismo del Estado por razón del coronavirus- más de siete millones de personas- es un porcentaje altísimo que sería inasumible e inaceptable si no concurrieran las especiales y dramáticas circunstancias que ahora mismo nos golpean. Pero conviene alertar de ese riesgo porque en el Consejo de Ministros se sientan quienes defienden, son solo unos pocos ejemplos, la creación de una banca pública -aunque ya tenemos el ICO- la nacionalización de las empresas estratégicas de suministro electricidad, la desaparición de los medios de comunicación privados y, en definitiva, la estatización de la vida española.

Y hay que reconocer que esta crisis sanitaria que ha provocado el pavoroso hundimiento de la vida económica española es una oportunidad de oro para intentar hacer realidad su proyecto ideológico. El gasto público previsto ya supera según cálculos del Gobierno el 51% del Producto Interior Bruto, un porcentaje "temporal y necesario" dice la vicepresidenta Calviño pero en cualquier caso elevadísimo que es necesario apresurarse a reducir si no se quiere que la economía española acabe muriendo por asfixia y cuya primera víctima sea la iniciativa privada.

Aunque la deuda y el déficit públicos sean inasumibles para el país, el sueldo de los empleados de las Administraciones públicas no se va a tocar

Ya dijo ayer la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, la señora Montero, que aunque los ingresos del Estado van a caer de manera abrupta y el gasto público se va a disparar, es decir, que aunque la deuda y el déficit públicos alcancen dimensiones inasumibles para el país si no es con la ayuda de las instituciones europeas, el sueldo de los empleados de las Administraciones públicas no se va a tocar.

Pero como por algún lado hay que intentar equilibrar mínimamente la balanza, ya podemos dar por supuesto que los ajustes salariales van a aplicarse a todos los que aportan su esfuerzo y sus conocimientos en las empresas del el sector privado, de modo que quienes van a tener que arrimar el hombro ante la que se nos avecina son los trabajadores de ese sector y en ningún caso los funcionarios públicos. Lo cual es una evidente e inaceptable discriminación.

Esa constatación y la no menos evidente de que se avecina un importante crecimiento de la presión fiscal sobre el sector privado nos dibuja un escenario en el que a la inquietud por el desolador presente se suma la desconfianza ante las intenciones futuras de una parte de los miembros del actual Gobierno. De modo que ojo a las tentaciones estatizadoras, que existen y que han sido públicamente formuladas por los miembros de Podemos.