Pablo Casado ha dado un paso decisivo en su estrategia de confrontación con Pedro Sánchez: poner coto a que España siga en situación de alarma en lo que dure el plan de desescalada -las previsiones más optimistas apuntan a finales de junio- tal y como prevé el Gobierno. El abandono de los socios de investidura del Ejecutivo de coalición -ERC y BNG ya han trasladado su 'no' a la prórroga- y la falta de concreción en el sentido del voto de Ciudadanos y PNV, todas las miradas estaban pendientes de Génova: la abstención implicaba que Sánchez amarrase la prórroga; el voto en contra, que el estado de alarma pudiese decaer este mismo sábado.

Fuentes de Génova apuntan a que el sentido del voto "se está consultando con muchos sectores" del partido y, oficialmente, no habrá ninguna "decisión en firme" hasta el arranque del propio pleno de este miércoles. Será el propio Pablo Casado quien, casi con toda seguridad, anuncie en la tribuna el veredicto final, dirigiéndose al presidente del Gobierno. Sin embargo, la decisión de los populares ha quedado un tanto desdibujada después de que Sánchez y Arrimadas alcanzasen un acuerdo por el que los 10 diputados naranjas votarían 'sí' a la prórroga. La hipotética abstención del PNV anularía, de facto, el posible rechazo del PP.

En este punto, aunque dentro del Partido Popular haya algunos sectores que apuestan aún firmemente por el 'no', tanto entre dirigentes como en la propia militancia, los vientos soplan a favor de la abstención condicionada: facilitar la prórroga para actuar con "responsabilidad", pero dejando un vencimiento "máximo" de no más de 15 días. El objetivo es "dar un plazo limitado" a Sánchez "para adecuar la legislación del estado de alarma a la legislación ordinaria" y no obligar a la desactivación de la excepción sin que el Gobierno haya definido un plan de actuación. Se trata de la misma teoría con la que trabajan en Ciudadanos, que por el momento no barajan un apoyo más allá de 15 días vista.

El PP plantea apoyar por última vez la prórroga para dar un margen de actuación a Sánchez

De seguir con esta tesis, este miércoles se aprobará otra prórroga hasta el 23 de mayo, pero puede ser la última. En el PP pretenden demostrar al Gobierno que hay otras salidas más allá del "estado de alarma o caos" de Ábalos y "no tiene sentido" seguir en situación de excepcionalidad cuando "Sánchez dice que se puede salir a tomar un vermú" y se ha superado el colapso sanitario en hospitales y Unidades de Cuidados Intensivos. "Es una degradación del sistema democrático, y no se puede permitir", zanjaba el propio Casado en su anuncio el pasado lunes.

En este punto, el PP ha insistido en que Sánchez "sí tiene un plan B" y puede orquestar la desescalada sobre otro paraguas jurídico, el que le brindan las leyes de protección civil; la ley de Salud Pública y la ley de Seguridad Nacional, suficientes a juicio de los populares para afrontar el desconfinamiento con seguridad y sin que se utilice "la restricción de nuestras libertades democráticas" para blindar la gestión del Gobierno.

"Estos días nos han colado cosas que son intolerables" a costa del mando único, señalan en Génova. El propio García Egea enumeraba ayer hechos como "los aumentos escandalosos de altos cargos"; el cierre del portal de transparencia; "blindar a Pablo Iglesias" en el CNI o tratar de tramitar la Ley Celaá "por la puerta de atrás" aprovechando el estado de alarma.

El peso de los barones decanta la balanza

El paso de no apoyar más a Sánchez por su "unilateralidad" y las deficiencias en la gestión es firme. La duda estaba en cuándo retirar la mano.

La brecha para no tomar una decisión precipitada y votar directamente que 'no' este miércoles comenzó de lado del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien tras una conversación con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, abrió la posibilidad de dar más tiempo para que el Gobierno de coalición pueda "organizarse", al inferir de su conversación una exposición de motivos más "entendibles" que lo expuesto hasta ahora por José Luis Ábalos o Pablo Echenique.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso estuvo hasta ayer frontalmente en contra de dar un minuto más al Gobierno, si bien terminó uniéndose a la opción de que la prórroga finalice a finales de mayo. "Le daría 15 días para que se organice y tome medidas", confiaba la líder regional, uno de los diques de contención más férreos a la gestión del Gobierno central.

En la misma corriente se ha situado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, o el de Murcia, Fernando López Miras, que instaban a "ir saliendo" de la situación de excepcionalidad aunque dejaba esa vía abierta a hacerlo en los próximos 15 días, para "pactar" una salida ordenada del estado de alarma en que lleva sumido el país desde el pasado 14 de marzo.