El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han acudido este lunes a la firma del acuerdo para la prórroga de los ERTE con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y con los sindicatos CCOO y UGT.
A la firma han asistido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva y los secretarios generales de los sindicatos, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT). La firma se ha producido de forma individual y manteniendo la distancia de seguridad entre los asistentes.
Es la segunda vez en esta legislatura que se repite esta imagen. La primera fue a finales de enero cuando los agentes sociales firmaron junto a los representantes del Gobierno la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El acuerdo, que se ratificará este martes en el Consejo de Ministros, desvincula la validez de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) del estado de alarma y los prorroga hasta el 30 de junio. Además, tal como indicó la ministra de Trabajo, el pacto deja la puerta abierta a que se puedan producir nuevas prórrogas en aquellos sectores que no hayan recuperado la actividad a finales del mes que viene.
A esta prórroga no se podrán acoger las empresas que tengan su sede en un paraíso fiscal y tampoco podrán repartir dividendo correspondiente a este ejercicio. Por otra parte, se mantiene el compromiso con el mantenimiento del empleo, aunque se flexibiliza. Así, la prohibición de los despidos durante los seis meses posteriores al ERTE se empiezan a contar desde que la empresa incorpora a alguno de los empleados afectados por el expediente.
Los agentes sociales y el Gobierno han acordado que si se producen despidos en ese plazo, las empresas deberán devolver lo que se hayan ahorrado en cotizaciones de la Seguridad Social. Además, se han fijado exoneraciones para fomentar que las empresas vayan 'rescatando' trabajadores de los ERTE a medida que se vaya recuperando la actividad.
Según los últimos datos de empleo, hay más de 3,3 millones de trabajadores afectados por un ERTE. De estos, 3 millones corresponden a expedientes por causa de fuerza mayor, mientras que el resto son por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción (ETOP). El acuerdo alcanzado también permite la transición de un ERTE de fuerza mayor a un ETOP para que no se produzca una situación de falta de cobertura.
Los ERTE garantizan una prestación por desempleo a aquellos trabajadores afectados sin tener en cuenta su periodo de cotización. Además, el cobro se produce con contador a cero, es decir, sin consumir el tiempo de paro acumulado que puedan tener los empleados.
El consenso "es clave"
El vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha ensalzado el acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de junio. "Quiero agradecer a los sindicatos y a la patronal por la enorme responsabilidad, la altura de miras y la capacidad que han demostrado de poner por delante el interés general", ha señalado en su perfil de Twitter.
Desde su punto de vista, esta es una medida "clave" que encamina hacia "la necesaria alianza con el empresariado que cuida a los trabajadores, produce riqueza y paga sus impuestos en España frente a los buitres, los especuladores y las multinacionales extractivas que precarizan el empleo y se llevan la riqueza a paraísos fiscales".
En la misma línea se ha expresado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "este acuerdo social nace también del compromiso de los agentes sociales con nuestro país. Han estado a la altura, dejando a un lado sus diferencias. Gracias al diálogo hemos logrado impulsar un pacto que será vital para las personas trabajadoras y las empresas", ha afirmado.
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