El primer paso lo dio el PNV, el segundo la consejería de Salud y finalmente, con el horizonte ya despejado, será el lehendakari quien tome la decisión. Podría hacerlo en apenas unos días. Mañana, Iñigo Urkullu se reúne con los partidos políticos vascos en un encuentro tras el que podría deshojar la margarita electoral. Los comicios autonómicos vascos que debían celebrarse el pasado 5 de abril se aplazaron con la llegada de la epidemia. Ahora, tras dos meses de confinamiento y con un futuro de rebrotes inciertos, el Ejecutivo vasco y el principal partido que lo sustenta aceleran el paso para fijar fecha.

Si la formación de Andoni Ortuzar exigió a Pedro Sánchez –para dar su voto favorable a una nueva prórroga, la cuarta- que se incluyera una cláusula para facilitar la celebración de elecciones en una situación de Estado de Alarma, ahora ha sido la consejería de Sanidad la que ha trasladado al Ministerio de Salvador Illa que el mes de julio, en el que Urkullu quiere celebrar las elecciones, será el de menor incidencia del coronavirus. Junto a ello, le subraya al Ejecutivo que plantear una desescalada de la epidemia en Euskadi por territorios históricos o provincias, como ha ocurrido en el resto del país, sería “inviable”.

El informe remitido por el Ejecutivo vasco el pasado 8 de mayo para solicitar el paso de la fase 0 a la primera de la desescalada, incluyó estas dos consideraciones en su argumentario. El documento firmado por la consejera de Salud, Nekane Murga, aporta la información solicitada por Sanidad para la evaluación para conceder el aval para iniciar la primera de las etapas de desescalada y que se prolongará hasta el 24 de mayo. En ella los responsables de la sanidad vasca señalan que el País Vasco reúne todos los requisitos técnicos y de recursos sanitarios, así como de control de la epidemia como para ser autorizados.

En uno de los apartados del informe, el referido a la capacidad de los servicios de salud públicos para la detección de casos de infección, la consejera de Salud apunta que la estimación de PCR necesarios que hace su departamento, de acuerdo a lo sucedido el año anterior, fija el mes de julio como el de “necesidades más bajas”. Así, se estima en 1.876 PCR la necesidad de test que tendrá Euskadi en ese mes. Se apunta también que más adelante la necesidad de pruebas se incrementará hasta situar a diciembre como un periodo en el que se suplicará la necesidad de estos test con “necesidades cercanas a las 4.000 PCR.

Unidad territorial

Esta situación más leve de la incidencia de la epidemia en julio refuerza la tesis que desde hace semanas defiende Urkullu en favor de una celebración de elecciones en el mes de julio. La fecha, aún por determinar, no convence a todas las formaciones de la oposición que consideran que por el momento no urge adoptarla y que esta decisión el lehendakari debería aplazarla hasta tener plenamente controlada la epidemia.

Todo apunta a que el lehendakari tomará pronto la decisión que en un primer momento se comprometió a consensuar con el resto de formaciones pero que tras las diferencias que se han evidenciado parece complicado pactar. Previamente a fijar la fecha electoral, competencia exclusiva del lehendakari, Urkullu deberá levantar el estado de Emergencia Sanitaria decretado en Euskadi. Sobre la mesa cuenta ya con un plan para el desarrollo de la jornada electoral aplicando las medidas de seguridad e higiene necesarias. En el plan, que mañana detallará más a los partidos, se prevé la ampliación de colegios electorales, el establecimiento de franjas horarios de votación y la protección mediante EPIs del personal de las mesas de votación.

Una sucesiva progresión de los niveles de desescalada y además de modo conjunto en todo el País Vasco permitiría aliviar las condiciones en las que se deberían desarrollar las elecciones si, como parece, finalmente Urkullu opta por fijarlas en julio. El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, aseguró ayer que es hora de cerrar esta cuestión y que las opciones que están sobre la mesa son julio u octubre y que corresponderá a Urkullu finalmente decidirlo.     

En el informe para solicitar el paso de la fase 0 a fase I el Gobierno vasco también apuntaló otro argumento en favor de un escenario electoral. Lejos de solicitar una evaluación individualizada por provincias, como se ha hecho en el resto de Comunidades Autónomas, el País Vasco solicitó una evaluación conjunta de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. El escenario de distintos niveles de desescalada en cada provincia podría complicar la ejecución de un proceso de votación en las mismas condiciones. La solicitud en favor de una “unidad territorial” de desescalada única para toda Euskadi -y finalmente autorizado por el Ministerio de Sanidad- lo basó la consejera afirmando que “es imposible desligar lo que sucede en municipios como Bilbao de Donostia o Vitoria”: “Se hace difícil, si no inviable, utilizar un criterio de actuación diferente al de la Comunidad Autónoma en su conjunto”, reclamaba la consejera Murga. Para recibir el visto bueno se esgrimieron en el informe razones de movilidad y el “ámbito geográfico reducido y con buenas comunicaciones” del que disfruta Euskadi y que favorece mayores niveles de movilidad entre provincias.

Incidencia dispar

Sin embargo, la incidencia que el Covid-19 ha tenido en uno y otro territorio de la Comunidad Autónoma ha sido muy dispar. Así, en Álava, con apenas 327.000 de los 2,1 millones de habitantes que tiene Euskadi, se ha registrado una cuarta parte de los fallecidos e infectados por coronavirus. En Guipúzcoa, con más del doble de población -717.000 habitantes- sólo han registrado el 16% de las infecciones y el 19% de los fallecimientos. Y, por último, en Vizcaya, con más de la mitad de la población -1,1 millones de habitantes-, el impacto ha sido notablemente superior, con el 55% de positivos y de fallecimientos.

La petición de pasar de fase que hizo el País Vasco llegó incluso a cuestionar que el Ministerio demandará acreditar procesos y recursos en un futuro de cara a “una hipotética reactivación”. La Sanidad vasca defendió en su escrito que la valoración se basará en lo demostrado hasta ahora. “Debería ser obvio que si en las fases más duras de la pandemia se ha sido capaz de responder de manera eficaz sin llegar a ningún momento a algo parecido a un posible colapso del sistema no haya que demostrar suficiencia asistencial ante nuevos brotes”, se asegura.

La sanidad vasca presentó un plan de movilización de “acción rápida” que le permitiría en caso de ser necesario disponer de los principales recursos necesarios en un intervalo de tiempo menor a cinco días. En ese periodo aseguró poder disponer de 620 camas UCI, 8.509 camas hospitalarias y disponibilidad para ampliar en menos de tres semanas hasta los 637 el número de respiradores, torres y respiradores de transporte.

La viabilidad para dar el OK a su paso a la fase I de desescalada también se sustentó en las reservas de material acreditadas. La sanidad vasca detalló en su informe que cuenta con 4,6 millones de mascarillas quirúrgicas de reserva que le permitirían aguantar 66 días. Además, afirmó que cuenta con 117.265 mascarillas tipo FFP2 y FFP3, 94.614 batas desechables y casi 50.000 gafas o pantallas faciales. El stock de hisopos que cuenta en su reserva supera los 53.000, lo que cubriría la demanda de 14 días al igual que los 53.842 kits o reactivos para PCR.