El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, Andreu Camps, ha comparecido este jueves en rueda de prensa junto al actual presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, para actualizar la postura de la RFEF respecto al 'caso Negreira', que estalló tras conocerse que Hacienda y la Fiscalía investigan los pagos durante 17 años del Fútbol Club Barcelona a la empresa de José María Enríquez Negreira, excolegiado y vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018.

En su comparecencia, Andreu Camps ha aportado varias novedades, entre ellas que la UEFA ya se ha puesto en contacto con la propia RFEF para solicitar toda la información sobre el caso, a fin de poder investigar los hechos de forma independiente. Pero, además, ha sembrado dudas sobre la connivencia de algunos estamentos con los hechos que se investigan.

"La RFEF sí ha podido constatar que existiría alguna persona que conociendo los hechos de primera mano, no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales. La RFEF está estudiando presentar la correspondiente denuncia o querella", ha dicho Andreu Camps. Después, preguntado sobre si esa persona sigue en la Federación, ha dejado caer que no pertenecía a este organismo: "Tenía responsabilidades gubernamentales, no en la Federación".

Camps ha rechazado en varias ocasiones dar el nombre de esa persona. Y también ha desvelado que ha habido un árbitro que no ha colaborado en la investigación interna de la RFEF sobre el caso, pese a haber sido requerido a hacerlo hasta en dos ocasiones.

Luis Medina Cantalejo también ha criticado a esa persona, sin nombrarla, igual que a los árbitros que hayan filtrado reuniones internas del Comité Técnico de Árbitros: "Lamentablemente, siempre hay alguien que prefiere posturas egoístas, personalistas, traidoras".

La rueda de prensa se ha producido ante la presencia de casi 100 árbitros en activo, retirados y delegados federativos. "Para la RFEF, lo realmente importante es llegar hasta el final de esta investigación, sin que sea de recibo alegar una eventual prescripción para evitar el certero análisis de los hechos", ha dicho Andreu Camps, en soslayada referencia a LaLiga, cuyo presidente, Javier Tebas, dijo en un primer momento que todo apuntaba a que los hechos, de haberse producido, se encontrarían prescritos porque los pagos cesaron en 2018, coincidiendo con la salida de Enríquez Negreira del CTA, y la Ley del Deporte establece un plazo de prescripción de tres años.

La RFEF ha confirmado que la Agencia Tributaria envió un primer requerimiento de información en octubre de 2021. Se trató entonces de "una consulta de datos económicos, funciones y normativa del CTA que obviamente atendimos".

Después, la Fiscalía pidió información específica sobre Enríquez Negreira en junio y octubre de 2022. Querían conocer específicamente "sus funciones en el CTA" y saber la operativa "del sistema de designaciones de los árbitros y con qué antelación se comunicaba a los clubes".