La Fiscalía ha solicitado que los exentrenadores del Barcelona Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde declaren como testigos en el caso Negreira, según confirmaron fuentes judiciales.

El fiscal quiere que se cite a declarar a ambos entrenadores para que confirmen o desmientan que existieron informes sobre el perfil de los colegiados que presuntamente elaboraba para el Barça el que entonces era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

Enríquez Negreira facturaba estos supuestos informes a través de la empresa Dasnil 95 SL, que facturó al FC Barcelona 6,6 millones de euros entre 2001 y 2018, cuando la entidad azulgrana dio por finalizada su relación mercantil con el excolegiado.

El escrito de la fiscal expone que, a través de Rosell y Bartomeu como presidentes, el Barça "mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial" con Negreira, que entonces era vicepresidente del Comité Arbitral.

El acuerdo, según la fiscal, era para que Negreira, "a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones" y, en este sentido, remarca que la designación de árbitros para cada partido en competiciones oficiales las hace el Comité Arbitral.

Valverde ya declaró hace unos días en rueda de prensa que no tiene conocimiento de dichos informes ni accedió a ellos como entrenador del Barça. Luis Enrique, en cambio, todavía no se ha pronunciado sobre el caso. 

La Fiscalía calcula que desde 2001 a 2018 Negreira cobró más de 7,3 millones de euros, a lo que la fiscal señala: "Supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno".

La denuncia de la fiscal afirma que dos empresas de Negreira giraron facturas al Barça "sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real", y concreta que facturó al Barça 2.971.673,01 euros entre 2014 y 2018.

El escrito añade que las cuentas bancarias donde Negreira recibía los pagos "se nutrían prácticamente en su totalidad de los ingresos procedentes del FCB los cuales eran retirados, en su gran mayoría, mediante cheques al portador" que cobraban terceras personas por encargo de Negreira, a quien entregaban luego el efectivo.

Negreira fue relevado del CTA en mayo de 2018 y entonces el Barça dejó de pagarle, lo que Negreira recriminó a Bartomeu en un burofax que la fiscal reproduce: "No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta fin de mandato presidencial".

El juez del 'caso Villar' ordena investigar los pagos de la RFEF al hijo de Negreira

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Soule', sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha accedido a la petición realizada por La Liga, ordenando investigar una serie de pagos que hizo la RFEF al hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira durante la etapa de Villar.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, se trata de unos 4.400 euros que la RFEF habría pagado en varias tandas entre 2011 y 2016 a Javier Enríquez, el hijo de Negreira.

La Liga ya había pedido en el marco del 'caso Soule' que la RFEF aclarara una serie de pagos que estarían injustificados, pero una vez conocido el ya denominado 'caso Negreira' insistió en aclarar este extremo.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 ha dado luz verde a estas pesquisas, ordenando ampliar los informes elaborados por la Intervención General del Estado (IGAE) y recabar de la RFEF la documentación relativa a estos gastos arbitrales.

La Fiscalía Anticorrupción había abogado, precisamente, por encargar a la IGAE un nuevo informe para que analizara los pagos de la RFEF al hijo del ex 'número dos' del CTA.