Una querella de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte que preside Miguel Ángel Galán presentada el 30 de mayo de 2022 inició el camino que ha llevado hasta la detención de siete personas y la investigación de otras cinco por presuntos contratos irregulares firmados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desde 2018, durante la etapa de Luis Rubiales como presidente.

La falta de colaboración por parte de la Federación ha llevado a la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) a ordenar a la UCO que requiriese los documentos que se le llevan negando casi dos años. Según ha confirmado El Independiente, Miguel Ángel Galán, denunciante de Rubiales, estudia solicitar la imputación de Pedro Rocha, actual presidente de la RFEF, candidato a las elecciones del ente federativo y vicepresidente económico de la RFEF en el periodo investigado.

La imputación de Pedro Rocha dinamitaría la posibilidad de su elección como presidente. Ésta se produciría en el marco de la investigación que ha llevado a la detención de Tomás Gonzalez Cueto, brazo jurídico de Luis Rubiales en la RFEF, y Pedro González Segura, actual director jurídico de la RFEF. Tanto González Cueto como González Segura fueron dos de los hombres de máxima confianza para Rubiales durante su mandato y se han mantenido en la RFEF tras la llegada de Pedro Rocha a la presidencia de la Junta Gestora al cargo.

El terremoto en la RFEF es total. Este mismo miércoles 20 de marzo estaba prevista una reunión de la Gestora que encabeza Rocha para la convocatoria de elecciones; sin embargo, el registro de la UCO ha provocado la cancelación de la misma.

La investigación paraliza por el momento el proceso de renovación en el que está inmerso la Federación, donde Rocha partía como favorito y en el que están Carlos Herrera, uno de los grandes exponentes de la radio en España, y Eva Parera, exdiputada en Cataluña.

Uno de los motivos que estudia el querellante es una posible obstrucción a la justicia por parte de Rocha, que además de ser vicepresidente económico de la RFEF cuando se firmaron los contratos investigados ejerce actualmente como presidente, precisamente cuando la magistrada ha ordenado el registro de la UCO al no recibir una información que solicitaba.

El objetivo de una posible petición de imputación a Pedro Rocha es impedir que sea el encargado de liderar la regeneración del fútbol español que proponen voces como Herrera, Parera o la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte que preside Miguel Ángel Galán y que se querelló en mayo de 2022 contra Luis Rubiales y Gerard Piqué por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

Falta de colaboración de la RFEF

La Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil registró este miércoles la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y otros inmuebles, como la casa del expresidente del organismo, Luis Rubiales, en Granada. Según fuentes de la Benemérita, las pesquisas están enfocadas en el contrato que firmó la RFEF y el exjugador Gerad Piqué para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Fuentes de la propia investigación señalan que también se investigan los contratos de reforma del estadio de La Cartuja, en Sevilla. Antonio González Segura, hermano del asesor jurídico de la Federación, Pedro González Segura, habría sido el arquitecto que se encargó de las obras del campo que se ha convertido en sede de la final de la Copa del Rey. Los dos hermanos han sido detenidos.

La RFEF publicó un comunicado a última hora de la tarde del miércoles en el que ofrece toda la colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e insta a que se llegue hasta las últimas consecuencias.

"La Federación muestra su profunda preocupación por los hechos ocurridos en el día de hoy y aboga por ofrecer toda la transparencia posible, haciendo honor a los valores que representa el fútbol y que deben defender sus dirigentes, debiendo ser un ejemplo para la sociedad", concluye la nota.