Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte que se querelló contra Luis Rubiales por los contratos de la RFEF con Arabia Saudí, ha solicitado al Consejo Superior de Deportes (CSD) la inhabilitación de Pedro Rocha, presidente de la Gestora al frente de la Federación, por incumplir los estatutos de la RFEF.

El escrito al que ha tenido acceso El Independiente va dirigido a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, al que se pide que traslade al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la denuncia en la que se indica que Rocha ha iniciado sin legitimidad el proceso electoral 2024-2028 sin legitimidad para ello.

La denuncia de Galán hace referencia a la resolución del TAD del pasado 7 de marzo en la que se indica que Rocha podría haber realizado diferentes actuaciones por las que carece de competencia y en consecuencia habría incurrido en el incumplimiento de los estatutos de la RFEF y de la normativa electoral.

La petición exige al CSD trasladar la denuncia al TAD "por imperativo legal" al considerar que José Manuel Rodríguez Uribes tiene conocimiento de las irregularidades electorales mencionadas. Además Galán destaca una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado octubre que solicita al CSD elevar al TAD dos denuncias de LaLiga presentadas en 2022.

Asimismo, Galán apunta a que el TAD emitió este 7 de marzo una resolución que avala que Pedro Rocha podría haber realizado diferentes actuaciones para las que carece de competencia y con las que habría incumplido los estatutos de la RFEF.

La querella subraya que la RFEF celebró la Asamblea General Extraordinaria de cierre de año, en la que se aprobó por una amplia mayoría el presupuesto récrod de 392,1 millones de euros para 2024, así como el salario del propio Rocha, al que se le mantiene la retribución de 2023 con un incremento del IPC y la eliminación de la ayuda por vivienda.

"Por tanto, como avala el TAD en su resolución del 7 de marzo de 2024, D. Pedro Ángel Rocha Junco como órgano interino no ejerció funciones limitadas al despacho ordinario de los asuntos federativos, y ponerse un sueldo de 675.000 euros y aprobar 392,1 millones de euros de presupuesto sin tener competencias para ello y sin ser presidente de la RFEF, no debe entenderse como gestión federativa ordinaria ausente de todo tipo de valoraciones, todo lo contrario", asevera la denuncia.