Cuatro años después de la muerte de Diego Armando Maradona, la Justicia argentina da inicio a un proceso que promete ser histórico. Siete profesionales de la salud se sientan en el banquillo de los acusados en los tribunales de San Isidro, enfrentando cargos de homicidio simple con dolo eventual.

El 25 de noviembre de 2020, Maradona falleció a los 60 años en una casa de un barrio privado de Tigre, donde se encontraba bajo un supuesto régimen de internación domiciliaria tras haber sido operado por un hematoma subdural. Lo que debería haber sido una recuperación monitoreada por especialistas terminó en un final abrupto, rodeado de dudas y acusaciones de negligencia. Según la fiscalía, quienes debían velar por su salud ignoraron signos evidentes de su deterioro y, con su accionar u omisión, lo abandonaron a su suerte.

Los últimos días de Maradona

Tras su operación de un hematoma subdural en la Clínica Olivos, Diego Maradona recibió el alta médica el 11 de noviembre de 2020. En lugar de continuar su recuperación en un centro especializado, se decidió trasladarlo a una casa en un barrio cerrado de Benavídez, en Tigre. Lo que debía ser un entorno de cuidados controlados pronto se convirtió en un espacio de abandono y precariedad médica.

Aunque el lugar contaba con insumos básicos como gasas, sueros y botellas de agua, carecía de equipamiento esencial para emergencias. No había un desfibrilador ni un tubo de oxígeno, elementos cruciales para asistir a un paciente con antecedentes cardíacos. Las condiciones de la internación quedaron expuestas desde el inicio, revelando una organización deficiente y protocolos improvisados.

La casa, de dos pisos, tenía una improvisada "sala de internación domiciliaria" separada de la cocina por un biombo. No había registros médicos estructurados: las indicaciones de los profesionales se escribían en una hoja pegada a la nevera, y la medicación se guardaba en un tupper que se movía de un lado a otro para evitar que Maradona la tomara por su cuenta.

Durante esos días, el exfutbolista mostró un progresivo aislamiento. Se negaba a levantarse, rechazaba visitas y apenas comía, lo que aumentaba la preocupación por su estado. La coordinación del tratamiento se vio aún más afectada por su negativa a permitir el acceso directo de los enfermeros a su habitación. Esto obligó a que el sobrino Jonathan Espósito y el asistente personal Maximiliano Pomargo, junto a un custodio, fueran los únicos con acceso directo a él.

El seguimiento médico se realizaba a distancia, a través de un grupo de WhatsApp donde se indicaban cambios en la medicación. Sin embargo, este sistema remoto hizo evidente la falta de supervisión efectiva y el riesgo de que Maradona no recibiera los cuidados adecuados.

El 25 de noviembre de 2020, el desenlace fue irreversible. A mediodía, en una habitación sin equipos de emergencia, lo encontraron acostado en su cama. Su brazo derecho colgaba inerte, su pierna estaba visiblemente hinchada y su abdomen mostraba una inflamación evidente. En un principio, se pensó que dormía, pero pronto se dieron cuenta de que la situación era crítica.

El grito de alarma resonó en la casa mientras se llamaba desesperadamente a una ambulancia. Sin embargo, cuando la asistencia médica llegó, ya era demasiado tarde. En cuestión de minutos, la noticia recorrió el mundo: Diego Maradona había muerto. La imagen de su cuerpo inmóvil marcó el inicio de una avalancha de preguntas sobre las decisiones, omisiones y negligencias que rodearon sus últimas semanas de vida.

Los acusados por su muerte

Entre los imputados, el nombre que más resuena es el de Leopoldo Luque, el neurocirujano que operó a Maradona y mantenía un vínculo estrecho con él. Para la justicia, su responsabilidad no se limita solo a la cirugía, sino también a la gestión de la internación domiciliaria, la cual habría sido inadecuada. Se lo acusa, además, de falsificar documentos médicos en un intento por encubrir errores.

También está en el banquillo Agustina Cosachov, la psiquiatra que recetó medicación sin realizar controles presenciales suficientes, y Carlos Díaz, el psicólogo del exfutbolista, señalado por no haber advertido a tiempo sobre su fragilidad emocional. Nancy Forlini, médica de la empresa Swiss Medical, es acusada de coordinar la internación sin garantizar un entorno médico adecuado.

El equipo de enfermería también está en la mira: Mariano Perroni, como coordinador del grupo, y el enfermero Ricardo Almirón, encargado de monitorear a Maradona, enfrentan la acusación de no haber cumplido con los controles básicos de salud. Finalmente, Pedro Di Spagna, médico clínico, cierra la lista de acusados por su supuesta falta de supervisión general.

Cabe destacar que la única profesional que no participa en este juicio es Dahiana Madrid, la enfermera que solicitó ser juzgada por un jurado en un proceso independiente, programado para julio. Al igual que los otros siete imputados, enfrenta cargos por "homicidio simple con dolo eventual".