Zurich, Singapur, Estocolmo y Viena; estas cuatro ciudades, con lenguas y culturas distintas, tienen más en común de lo que podría pensarse en un primer momento. Son, según un estudio publicado en 2017 por la empresa Arcadis junto con el Centro de Investigación de Economía y Finanzas, las cuatro ciudades más sostenibles del planeta. Les une una misma visión de futuro, basada en un modelo de crecimiento respetuoso con el medio ambiente y centrada en el bienestar de sus ciudadanos. (España solo está representada en este ranking por dos urbes: Barcelona -puesto 21- y Madrid -puesto 24-).
A la luz de las previsiones de crecimiento demográfico para 2050, el compromiso de los gobiernos de las grandes ciudades con la sostenibilidad es imprescindible. En apenas tres décadas, la población mundial –situada ahora en 7.500 millones de habitantes- se incrementará en dos mil millones más, lo que implica una enorme presión adicional para el planeta. Según la OCDE, en un futuro próximo 70 de cada 100 personas en el mundo vivirán en megalópolis. Se estima que emplearemos un 80% más de energía, lo que podría conllevar un incremento del 70% en las emisiones de C02. Para que esto no ocurra, es necesario un cambio de mentalidad integral por parte de las administraciones públicas, las empresas y la población.
El concepto de ciudad sostenible –vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 de Naciones Unidas- está basado en tres pilares fundamentales. El primero de ellos es el social, que incluye todos aquellos factores relacionados con la calidad de vida de la población, desde el acceso a la educación y la sanidad hasta los índices de criminalidad, el coste del alquiler o el del precio de la cesta de la compra. El segundo hace referencia a las cuestiones medioambientales: el grado de polución, el uso de energías renovables, la disponibilidad de zonas verdes, el éxito de las políticas de reciclaje, etc. El tercer pilar de la sostenibilidad urbana es la fortaleza de la economía, cuyos índices serían la renta per cápita, la tasa de empleo o la calidad de las infraestructuras de transporte.
Así las cosas, una ciudad sostenible perfecta sería aquella capaz de autoabastecerse de energía y con capacidad para reutilizar sus residuos como materias primas. Una urbe que garantizase el acceso a viviendas seguras, asequibles y accesibles para todo tipo de personas. Estos centros urbanos idílicos se regirían por principios ecológicos, educadores y de igualdad.
El próximo mes de septiembre, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) presentará las conclusiones del “Informe Urbano de los ODS”, un trabajo sobre el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las ciudades españolas. Hasta que llegue ese momento, los expertos ya han empezado a esbozar cuáles son algunas de las medidas más recomendables para mejorar nuestro bienestar en el futuro.
- Movilidad urbana ecológica y sostenible.
Continuar la senda iniciada por grandes ciudades como Barcelona o Madrid de apostar por el transporte público y la movilidad sostenibles. La peatonalización de las calles, la construcción de carriles bici, los servicios de coches y motos eléctricos compartidos y la limitación de la circulación rodada los días en los que se registran altos niveles de contaminación pro dióxido de nitrógeno son algunas de las medidas que nos acercan al cumplimiento de los ODS. Las ciudades deben liderar la transición energética hacia un sistema no dependiente de los combustibles fósiles - Edificaciones más eficientes.
La Alianza Europea de Compañías por la Eficiencia Energética (EuroACE) publicó recientemente un estudio que revelaba que el 84% de los edificios españoles con energéticamente ineficientes. Es decir, por una parte viven de espaldas a las ventajas de la energía renovable, y por otra despilfarran energía (calefacción, refrigeración, ventilación) al no contar con buenos sistemas de aislamiento. En este contexto, la arquitectura bioclimática –que tiene en cuenta todas las características climáticas y paisajísticas del sitio donde se quiere construir, como la dirección de los vientos, la radiación solar o los materiales locales- tendrá mucho que decir en el futuro. - Ciudades más verdes y compactas.
El urbanismo ecológico busca un equilibrio urbano entre los espacios dedicados a la funcionalidad y la organización urbana y aquellos espacios orientados al ciudadano, a la tranquilidad y al contacto con la naturaleza. Según los indicadores ecológicos, el espacio verde accesible y utilizable debería comprender entre el 20 y el 40 por ciento de la zona urbana construida. Los espacios públicos an identidad a los barrios y son vitales para la creación de comunidad y la mejora de la calidad de vida.
Por otra parte, los expertos en crecimiento sostenible recomiendan que cada ciudad debe establecer un límite de crecimiento urbano establecido sobre la base de un análisis riguroso de las sensibilidades ecológicas, la capacidad del medio ambiente, y la eficiencia o productividad de los diversos usos de la tierra. Según el Banco Mundial, un desarrollo más compacto tiene beneficios directos sobre las emisiones de carbono y la longitud de las tuberías o las carreteras. En otras palabras, este tipo de urbanismo aumenta la eficacia del transporte al acortar los trayectos, lo que a su vez reduce la contaminación del aire. - Gestión de residuos y economía circular.
La Unión Europea propone una transición hacia sistemas de gestión de residuos basados en la economía circular; es decir, aquella que trata de reducir residuos y facilitar el reciclaje para convertirlos de nuevo en materia prima. Esto implicaría, entre otras muchas cosas, que en el futuro todos los edificios cuenten con instalaciones de clasificación de residuos domésticos, y que la recogida de los peligrosos sea una prioridad por parte de las administraciones públicas. Paralelamente, organizaciones como Greenpeace tratan de promover un cambio de mentalidad, desde el “usar y tirar” a la cultura de la reparabilidad, la reutilización y el intercambio. - Tener más en cuenta la opinión de los ciudadanos
Algunas ciudades como Valencia ya lo han puesto en práctica, y la experiencia de otros países demuestra que no es un objetivo menor. Las administraciones deben poner en marcha sistemas de participación pública -independiente de las elecciones autonómicas y locales- para implicar a los contribuyentes en la mejora de su entorno.
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