“El interés por el fracking en España volverá en algún momento”

La batalla social contra el fracking –iniciada por organizaciones ecologistas y continuada por colectivos civiles y varios municipios y autonomías- se cobró un gran triunfo en España hace un año y medio. Los medios se hacían eco de la renuncia del lobby profracking Shale Gas España –impulsado por compañías estadounidenses y canadienses como BNK, Heyco, R2 Energy, San Leon, así como la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA)- a extraer gas no convencional en nuestro país mediante esta técnica.

La también llamada fracturación hidráulica consiste en inyectar grandes cantidades de agua, arena y aditivos químicos a alta presión para fracturar roca de esquisto con el fin de extraer gas y petróleo atrapado en el subsuelo. Sobre esta técnica penden sin embargo graves amenazas medioambientales; entre ellas, la contaminación de acuíferos que sirven como reserva hídrica para las comunidades locales, la liberación de compuestos tóxicos a la atmósfera y la generación de terremotos de pequeña escala.

El rechazo ciudadano, la proliferación de estudios científicos que confirmaban las consecuencias colaterales del fracking y la caída del precio de mercado de los hidrocarburos, contribuyeron a detener el avance de este negocio no solo en nuestro país, sino también en Francia, Holanda, Reino Unido o el Estado de Nueva York. La polémica afectaba de lleno también a otros países como Argentina, Perú o México (cuyo nuevo presidente, López Obrador, se reafirmaba esta misma semana en su rechazo a permitir esta práctica en el país azteca). Sin embargo, el triunfo de las tesis ecologistas no tiene por qué ser permanente.

“Es cierto que la mayor parte de los permisos de investigación aprobados en su día ya han sido anulados o han caducado –explica a El Independiente Javier Andaluz, coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción-. Aunque la ley estatal favoreciese el negocio, las empresas después se topaban con que los ayuntamientos o comunidades autónomas de las zonas afectadas no les daban la licencia necesaria para comenzar las prospecciones. Así que al final se han hecho inviables proyectos que incluso estaban ya muy avanzados, como los de la zona de Burgos y el Delta del Ebro”. Sin embargo, opina este experto, el interés por el fracking “puede volver, y lo hará”. “Más aún teniendo en cuenta que los precios de los combustibles han comenzado a escalar de nuevo”.

Punto de extracción de gas mediante técnica de fracking. Fotografía: Joshua Doubek

Contradicción con los Acuerdos de París

Para Andaluz existe una contradicción palmaria en el hecho de que haya países firmantes de los Acuerdos de París que al mismo tiempo estén apostando por el fracking. Mientras Francia, Bulgaria, Holanda o Alemania han prohibido o limitado el empleo de esta técnica, en otros como Polonia tiene vía libre. “Es quizás el país europeo donde tiene más fuerza. Es un país de tradición carbonera y con cierta opacidad a la hora de informar a la población sobre sus consecuencias”, opina Andaluz. Sin ir más lejos, esta semana conocíamos que las actividades para extraer gas de esquisto se reanudarán en Reino Unido por primera vez en siete años (el fracking fue bloqueado en los tribunales después de que se relacionara con varios temblores en la costa del condado de Lancashire, en el Noroeste del país).

“Se sabe que si no queremos que el calentamiento global supere los 1,5 antes de 2030, es necesario que más del 80% de los recursos fósiles permanezcan bajo tierra. Pues en ese 80% no se tiene ni siquiera en cuenta el gas no convencional que se extrae a través de la fractura hidráulica. Concretamente, para países como España, donde la diferencia entre 1,5 grados y 2 grados implica la desaparición de ecosistemas enteros en el Este del país, apoyar el fracking es absolutamente suicida”.

En España, un país con una gran dependencia energética del exterior, el fracking prometía 90 años de cobertura del consumo nacional, además de jugosos beneficios económicos para los ayuntamientos de las zonas afectadas por las prospecciones. En 2013 -un año después de que el gobierno del PP aprobase una modificación de la Ley de Hidrocarburos que incentivaba esta técnica-, ya se habían solicitado multitud de permisos de investigación. Éstos se concentraban sobre todo en dos grandes áreas: la primera, y más extensa, afectaría al País Vasco casi en su totalidad, también a parte de Asturias, Cantabria y La Rioja, y a las provincias de Palencia, Burgos y parte de las de León y Valladolid; mientras que la segunda se sitúa al norte del Ebro hasta alcanzar los Pirineos, afectando a diferentes territorios de las provincias de Zaragoza, Huesca y Lleida. También se concedieron permisos de investigación en otras comunidades autónomas, como Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. En esta última, la zona afectada se localizaba en las inmediaciones de las Lagunas de Ruidera, “una zona calcárea de gran interés natural y especialmente sensible a las alteraciones y modificaciones del medio hídrico subterráneo”, según apuntaba por entonces la organización Ecologistas en Acción.

Javier Andaluz considera absolutamente probados los daños medioambientales asociados al fracking, aunque “éstos varían su naturaleza dependiendo del estrato sobre el que se actúe y de la composición del territorio. No es lo mismo inyectar agua en un terreno arenoso, donde es más fácil que se libere sin control partículas de gas metano, que si son terrenos más duros y coindicen con una zona de fallas o microfallas. En España por ejemplo, los terremotos derivados del Proyecto Castor frente a las costas de Tarragona y Castellón ya demostraron esta correlación. Aunque eso fuese inyección de gas, y el fracking consista en inyectar agua, la lógica es la misma. El cuanto al riesgo de liberación de metano a la atmósfera, cabe recordar que es uno de los gases de efecto invernadero más nocivos, con una capacidad de contribuir al cambio climático 35 veces superior al del dióxido de carbono”.