España, primera línea contra el tráfico de especies en peligro de extinción

El tráfico de especies en peligro de extinción es una práctica ilegal que constituye uno de los tipos de delito de intercambio de mercancías más graves de España. A principios de febrero de 2019, la Guardia Civil intervino en Alicante más de 200 ejemplares disecados de especies amenazadas o en peligro, entre ellos, tigres, rinocerontes o elefantes africanos procedentes de talleres ilegales de taxidermia. Con motivo del hallazgo, el Ministerio para la Transición Ecológica alertó de que los anuncios de venta de especies protegidas y cuya posesión y venta es ilegal va en aumento en Internet. Fue este incremento precisamente el que levantó las sospechas del Seprona, cuyos agentes se hicieron pasar por posibles compradores para lograr finalmente desarticular la banda de taxidermistas de especies procedentes de África y del territorio nacional.

El tráfico de especies es una actividad criminal grave sólo superada por el tráfico de drogas, el de seres humanos y las falsificaciones, y una de las organizaciones más lucrativas en el mercado negro a nivel mundial: mueve 88.000 millones de euros anuales según estimaciones de Interpol Naciones Unidas. Además de tratarse de un delito, es una grave amenaza para el medio ambiente, pues los animales que más dinero generan son aquellos en estado vulnerable o en peligro de extinción. Una práctica que incide directamente en la disminución de los ya de por sí escasos ejemplares que sobreviven al entorno.

La organización no gubernamental WWF, que trabaja en defensa de los animales, cifra en 164.000 las incautaciones en los últimos 15 años en 120 países diferentes, lo que supone una media de 30 al día. Según este organismo, alrededor de 30.000 elefantes, 1.000 rinocerontes y 100 tigres son asesinados cada año para traficar con sus huesos, su piel, sus colmillos o sus cuernos. Además, la cifra de aves vivas que se comercializan asciende a 1,5 millones.

Plantas y reptiles acaparan el tráfico de especies en España. El Independiente

Esta actividad criminal no sólo afecta al ser humano en tanto que se destroza la biodiversidad del entorno, sino que casi un millar de guardabosques y encargados de parques y recintos con especies protegidas han sido asesinados tratando de defender a los animales de las mafias de cazadores furtivos que acudían a sustraerlos de su hábitat, según datos de la propia WWF.

España, la gran puerta de entrada

España, por su posición geográfica, es un puerto de entrada para sustancias ilegales y tráfico de personas, una situación que favorece también la importación y exportación de especies. Algeciras, Valencia y Canarias son tres de los puertos con más actividad delictiva relacionada con animales y, sólo entre 2005 y 2014, la Guardia Civil se incautó de 13.838 animales vivos. No en vano, un tercio de las incautaciones mundiales de piel de reptil tienen como destino España.

En 2018, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de 16 medidas a desarrollar hasta 2020 y en las que intervienen hasta cuatro ministerios (Exteriores, Medio Ambiente, de cuya competencia se encarga ahora el Ministerio para la Transición Ecológica, Economía y Hacienda). Pese a los cambios de Gobierno, la iniciativa se ha mantenido firme dado el crecimiento de los delitos por tráfico que se cometen en el territorio nacional.

El plan contempla tres prioridades, todas ellas bajo la supervisión de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, convenio CITES, de la que forman parte más de 200 países:

1. Prevenir el tráfico ilegal y furtivismo internacional de especies silvestres y atacar sus causas de origen implicando a las administraciones públicas y a la sociedad civil.
2. Aplicar y hacer cumplir más efectivamente las normas existentes y combatir con más eficacia las actividades ilegales relacionadas con esta materia.
3. Reforzar la asociación mundial de países de origen, consumo y tránsito contra el tráfico ilegal y furtivismo internacional de especies silvestres.