Los administradores concursales de las radiales de Madrid (R-3 y R-5) y de la circunvalación de Alicante han presentado este miércoles 28 de septiembre el plan de liquidación de estas tres autopistas de peaje quebradas. Lo han hecho ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid número 6, al que reclaman la prórroga de nueve meses durante los cuales se mantendrán los cerca de 200 empleos.

Así lo confirman fuentes del proceso que aseguran que, de conceder el juez la demora, en ese periodo se asegura la gestión y la explotación de los mencionados peajes y por lo tanto no será posible aplicar ningún Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

De acuerdo con el auto del magistrado, este sábado 1 de octubre deberían cerrar estas tres carreteras  y por eso se demanda tiempo extra. Según un cable de Europa Press citando fuentes judiciales, el tribunal madrileño es proclive a conceder la prórroga.

La R-3 (Madrid-Arganda del Rey) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero) pertenecen a Accesos de Madrid, una concesión integrada por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia; la circunvalación alicantina es de Ciralsa, compuesta a su vez por Abertis, ACS y Globalvia. En total, hasta 11 autopistas están en fase de consurso de acreedores, pero estas tres viven la situación más crítica.

Más de tres años en concurso

En el plan de liquidación presentado se establece un compromiso del Ministerio por hacerse con la gestión de los peajes (vía la empresa Seittsa), un acuerdo que puede adelantarse porque, como recuerdan fuentes del proceso, “el Ministerio puede gestionar desde que se decretó el concurso de acreedores”. Muchas de estas carreteras llevan más de tres años en concurso.

La prórroga responde igualmente a la situación de interinidad del Gobierno, que no puede adoptar grandes decisiones relativas a un rescate que la patronal Seopan estima en unos 5.000 millones de euros para todos los peajes españoles en bancarrota. De liquidarse, se activaría la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que para la R-3 y la R-5 se le eleva hasta los 338,5 millones de euros y para la Circunvalación de Alicante asciende a 398,6 millones.

La negociación entre los administradores concursales y Fomento se aceleró tras el auto del juez obligando al cierre este sábado. El titular del ramo, Rafael Catalá, se ha mostrado confiado en los últimos días sobre la posibilidad de una prórroga, de acuerdo con varias de sus declaraciones.