El macrojuicio de las tarjetas black empieza a convertirse en un permanente tira y afloja de cuestiones estrictamente procesales, con el calendario de los testimonios de los testigos como centro de batalla.
Los abogados defensores de buena parte de los 65 acusados por el uso de Visas presuntamente fraudulentas repartidas por Caja Madrid y Bankia presentaron el pasado martes una reclamación para posponer los interrogatorios de todos sus testigos, lo que implicaría en la práctica suspender el proceso probablemente durante un mes. Y hoy han vuelto a la carga con el mismo intento.
La razón: que uno de los testigos de las acusaciones, el expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro –antecesor de Miguel Blesa-, había sido citado a declarar por error el próximo 14 de noviembre, y no para el pasado martes como estaba previsto inicialmente en el calendario del proceso.
Las defensas esgrimen que no se puede garantizar el derecho a la defensa de sus clientes si uno de los testigos principales del ministerio fiscal declara con posterioridad a sus propios testigos. Los abogados advierten de que esta indefensión de los acusados podría acabar en una “posible nulidad”.
El tribunal no lo entiende así. La presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso, Ángela Murillo, ha sido tajante hoy para rechazar la reclamación de las defensas: “No hay indefensión material de ningún tipo”. En cualquier caso, el tribunal está tratando de adelantar la fecha de declaración de Terceiro.
El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya rebatió hace dos días los argumentos de las defensas, subrayando que se pueden celebrar todos los interrogatorios de testigos, tanto de las acusaciones como de las defensas, según el calendario fijado. Y que, si el testimonio de Jaime Terceiro requiere volver a llamar a algunos de los testigos de descargo, que se haga.
“El señor Terceiro no fue citado debidamente para hoy. No es una estrategia del fiscal, no es que el ministerio fiscal se guarde un as en la manca. Se le citó para noviembre por error o confusión”, explicó Luzón el pasado martes. “Suspender el juicio durante un mes sí que vulneraría el derecho a un juicio sin dilaciones y a la defensa efectiva” de los acusados.
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