Las compañías que facturan en España más de 10 millones de euros, unas 9.000 en total, tiene de plazo hasta este jueves, día 20 de octubre, para realizar el primer pago fraccionado con el nuevo Impuesto sobre Sociedades, por lo que deberán desembolsar unos 5.800 millones de euros más que ayudarán a enjugar las cifras de déficit público, según indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Hacienda.

El pasado 30 de septiembre entró en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOFE), los cambios del Impuesto sobre Sociedades que supondrán unos ingresos adicionales para este año de unos 8.300 millones de euros, a repartir entre los dos pagos fraccionados que aún tienen que hacer las empresas: en octubre Hacienda estima que harán frente al 70% del importe previsto (5.800 millones de euros) y en diciembre deberán desembolsar el 30% restante, unos 2.500 millones.

Concretamente, las compañías con una facturación anual de más de 10 millones tendrán que pagar un tipo mínimo del 23% de su resultado contable en el pago fraccionado de octubre, tipo que se eleva al 25% en el caso de bancos y refinerías. Este aumento no tiene fecha de caducidad y, según el Gobierno, se aplicará al menos hasta el 2018, que es cuando espera que el déficit público se sitúe por debajo del 3% según lo acordado con Bruselas.

La medida supone un adelanto del pago del impuesto a través de los pagos fraccionados, que actúan como una especie de pago a cuenta y que, posteriormente, en la declaración anual realizada al año siguiente se devuelve, de forma similar a las retenciones de los asalariados en el IRPF. Sin embargo, si este sistema se prolonga en el tiempo --el propio Gobierno ha indicado que tiene carácter indefinido--, supone un aumento del impuesto.

El Ejecutivo se ha visto obligado a adoptar esta medida toda vez que los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades se han desplomado y la recaudación del mismo se aleja de los 20.000 millones de euros anuales que recaudaba en los años previos a la crisis. Así, los ingresos del impuesto hasta agosto, últimos datos publicados, han caído un 31,8% respecto al mismo periodo de 2015, hasta los 5.303 millones de euros.

A pesar de que el decreto-ley con estos cambios fue aprobado por el Gobierno el 30 de septiembre y está en vigor desde ese mismo día, aún no ha sido convalidado por las Cortes, que podrían refrendarlo el próximo 20 de octubre. El Ejecutivo se muestra seguro de que saldrá adelante, ya que, por un lado, es absolutamente imprescindible para cumplir con el objetivo de déficit del 4,6% comprometido con Bruselas este año, y por otro lado, tanto Ciudadanos como PSOE se han mostrado dispuestos a apoyar un aumento fiscal que se limita a las grandes empresas.

La CEOE se ha quejado de la medida, al considerar que es "desproporcionada y excesiva", y ha asegurado que supone una financiación al Estado a tipo cero por parte de las empresas, que tendrán que soportar la mayor carga del esfuerzo para la reducción del déficit. Además, afirma que este dinero anticipado al fisco no podrá ser usado por las empresas para aumentar la inversión y, por tanto, se resentirá la creación de empleo.

Igualmente, la patronal considera que puede acarrear problemas en la solvencia de las sociedades a corto plazo, ya que puede suponer en algún caso una revisión de la calificación crediticia concedida con el consiguiente encarecimiento de la financiación, al tiempo que denuncia que supone una "carga desmedida" para las compañías.