La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular en la causa Bankia, ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que vuelva a citar a declarar en calidad de investigado al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Fernando Restoy, actual subgobernador del banco regulador, tras incorporarse a la causa cuatro correos que cuestionan la viabilidad del Grupo BFA-Bankia.

El escrito, remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 y al que ha tenido acceso Europa Press, afirma que las correspondencias "demuestran el perfecto y cabal conocimiento" que la "jefatura" del Banco de España tenía "sobre la verdadera situación patrimonial de BFA-Bankia y sobre las graves consecuencias que iba a ocasionar la operación de salida a Bolsa de la entidad".

La CIC vuelven a solicitar también que comparezcan en calidad de investigados el antiguo subgobernador del Banco de España Javier Arístegui y el exdirector general de Supervisión Jerónimo Martínez Tello y añade además a Mariano Herrera García-Canturri, miembro de la Dirección General de Supervisión del Banco de España, a Pedro González, Director del Departamento de Cajas de Ahorros en el Banco de España y a Pedro Comín, jefe de grupo a cargo de la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su salida a Bolsa; y Julio Segura, presidente de la CNMV en el momento de la salida a Bolsa de Bankia

La CIC sostiene que el Banco de España conocía perfectamente las consecuencias de la salida a Bolsa

Este último fue el receptor de los correos electrónicos enviados entre los meses de abril y mayo por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus --quien prestó declaración en calidad de testigo el pasado 5 de septiembre-- y que cuestionaban la viabilidad de la entidad nacionalizada por sus "muy graves y crecientes problemas de rentabilidad".

Dichas comunicaciones, que fueron adheridas a la causa por petición de la CIC y que vinieron a confirmar la versión expuesta ante el magistrado por parte de Casaus, "no sólo desaconsejaba encarecidamente la OPS sino que expresaban reiteradamente sobre la inviabilidad de la estructura diseñada para la salida a Bolsa y sobre el importantísimo quebranto patrimonial que se iba a causar a preferentistas", reza el escrito de la CIC, a cuyo frente se encuentra Gonzalo Postigo.

La acusación solicita además que se cite a declarar en calidad de testigo a la jefa de División de expedientes Sancionadores y Colaboración con los Órganos Judiciales del Banco de España, María Ortega Diego, para explicar por qué no constaban dichos correos en la información remitida al magistrado instructor, y al corresponsable del equipo de seguimiento de BFA-Bankia del Banco de España.

Esta última se solicita en virtud de la exposición que hizo Casaus ante el magistrado que instruye la causa desde 2012, al que le explicó que en septiembre de 2011 llegó otro compañero que se hizo corresponsable del equipo de seguimiento y que asumió las funciones de riesgo de crédito en el Banco de España.

Además solicita que se libre atento oficio al Banco de España para que aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos desde su dirección corporativa entre Casaus y Comín y el resto de los miembros del Departamento de Supervisión del Banco de España, desde el 3 de diciembre de 2010 hasta el 18 de junio de 2012.

Casaus, que en su escrito remitido al magistrado el pasado 11 de octubre aclara que se refiere en todo momento al Grupo BFA-Bankia, vaticinó que al final el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tendría que convertir su deuda en acciones del BFA y responder frente a los tenedores de subordinadas y preferentistas.