Después de casi dos años sin pasar a rendir cuentas en el Congreso de los Diputados –a pesar de que por ley sus intervenciones deben tener carácter anual-, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, por fin ha atendido hoy las peticiones de los partidos políticos.
Marti estaba llamado a explicar la labor del supervisor nuclear durante los años 2014 y 2015, y para resolver las incertidumbres en torno la gestión de la dirección del centro de varios asuntos espinosos y las dudas que entre los partidos existen sobre la independencia del CSN en relación al Gobierno y a las propias compañías eléctricas y sobre la eventual falta de transparencia y rigor en la toma de algunas decisiones.
En este sentido, los portavoces del PSOE y de Podemos en la Comisión de Industria del Congreso han reclamado explicaciones sobre la gestión que se está haciendo de algunos fallos detectados en la central nuclear de Almaraz, haciendo mención explícita a la noticia de El Independiente sobre los avisos de los técnicos en torno a los problemas de la planta cacereña e ignorados por la dirección.
Marti ha eludido ofrecer ninguna explicación alguna sobre los sucesos de Almaraz durante sus casi cinco horas de comparecencia. El presidente del CSN, que había advertido que las preguntas que quedasen sin responder se les daría respuesta escrita en el plazo de 10 días, ha hecho anotaciones y algún gesto de negación cuando se le interpelaba sobre Almaraz. Pero en sus intervenciones no ha hecho ninguna mención.
La denuncia de los técnicos
La central nuclear de Almaraz, en Cáceres, sufrió dos averías en su sistema de refrigeración en apenas cuatro meses, en septiembre de 2015 y en enero de 2016. La dirección del Consejo de Seguridad Nuclear se limitó entonces a aceptar las explicaciones de la propietaria de la central sobre estos fallos y lo hizo contra el criterio de sus propios inspectores, que exigían una parada de la planta para una revisión a fondo del sistema.
En una nota de prensa posterior, el CSN sí ha dado su versión sobre los fallos de Almaraz: no había por qué parar la central
Los técnicos del CSN han seguido denunciando esos fallos de las bombas de refrigeración en sucesivos informes y han pedido su inclusión en el listado público de incidencias (“hallazgos”, según la terminología interna del centro), pero el organismo los ha dejado sistemáticamente fuera del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC), el registro de los fallos en las instalaciones, al considerar que no tenían justificación técnica suficiente
En una nota de prensa posterior a la comparecencia, el CSN sí ha ofrecido su versión sobre los fallos en Almaraz. El supervisor sostiene que el dueño de la central documentó lo suficiente que las bombas podían seguir funcionando, por lo que no era necesario promover la parada de la central. Las investigaciones posteriores, según el CSN, han mostrado que la bomba que falló tanto en septiembre como en enero presenta “unas vibraciones mayores que el resto, descartándose la posibilidad de un fallo que afecte en modo común a las cinco bombas” de refrigeración de que dispone la central. El CSN está de acuerdo con la decisión adoptada en julio por el titular de la central de cerrar la incidencia sobre las cinco bombas y mantenerla abierta sólo en la que había dado los errores.
La batalla por tener nucleares de 60 años
La central de Almaraz es la siguiente que tiene que afrontar la renovación de su licencia y será la primera en rebasar la cota de los 40 años de vida útil, hasta ahora el figurado límite que se establecía para el funcionamiento de las centrales. El actual permiso expira en 2020, y los planes de los dueños de Almaraz –controlada por Iberdrola con un 52,7%, Endesa con un 36% y Gas Natural Fenosa con un 11,3%- pasan por activar el proceso para la renovación de su licencia de explotación a mediados del año próximo.
A la espera de que el propio CSN dé el visto bueno a la renovación de licencia de la central Garoña -hoy sin actividad pero que ha pedido su reapertura hasta precisamente sus 60 años-, Almaraz se convertirá en el nuevo frente de batalla del sector nuclear español para promover la ampliación a largo plazo de la vida útil de sus instalaciones. El objetivo de las eléctricas es garantizarse el visto bueno del supervisor y del Gobierno para que las centrales funcionen entre 50 y 60 años.
Juan Antonio López Uralde, portavoz de Podemos en la Comisión de Industria, ha vinculado directamente los intentos de silenciar los problemas de Almaraz con la próxima renovación de su licencia de explotación, por tratarse del gran frente de la batalla por ampliar la vida de las centrales hasta los 60 años. Uralde ha llegado incluso a pedir la dimisión del presidente del CSN para que “el organismo recupere la credibilidad y porque es lo mejor para la seguridad nuclear”.
Fernando Marti ha insistido hoy en el Congreso que el CSN “sólo tiene competencias en seguridad nuclear y protección radiológica, y no interviene para nada en el diseño de la política energética”. “El CSN no tiene ninguna información sobre si las centrales funcionarán 40 o 60 años. Decidirlo sólo les corresponde al Gobierno y al Parlamento, y nosotros haremos lo que se nos diga. Es un tema que no se debate en el CSN”.
Frente a las críticas de todos los partidos, con la excepción del PP, sobre la “falta de independencia” del supervisor, su “politización” y su “sumisión al Gobierno y a las eléctricas”, el presidente del CSN ha esgrimido la total independencia de las decisiones del centro, el prestigio internacional de la institución por el buen trabajo de sus técnicos y que “no debemos ser un regulador capturado por sus regulados cuando esos regulados [las eléctricas] no dejan de quejarse de la sobrerregulación”.
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