Dicen que los jueces hablan en sus sentencias. Incluso que sólo deberían hacerlo a través de ellas. Los hay discretos, casi misteriosos. Están los mediáticos y los locuaces. En la lista de la judicatura son mayoría los anónimos y los distantes frente a los cercanos y populares. También se imponen los estrictos con su asepsia pública en materia ideológica y política, los que no ven con buenos ojos a los impartidores de justicia que militan sin rubor, y en público, en una y otra causa. La magistrada que ha abierto la puerta de la equiparación entre fijos y temporales tiene un poco de todos ellos. Garbiñe Biurrun no es una mujer común. Podía haber sido dirigente política, incluso, quien sabe, lehendakari, o líder de la defensa de las causas sociales más injustas, activista feminista en contra de la violencia contra las mujeres o promotora de cualquier organización no gubernamental.

Optó por ser juez. La magistrada guipuzcoana (Tolosa 1960) preside hoy la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, una responsabilidad desde la que aspira a impartir la justicia social que siempre proclama. Junto a otros once magistrados y magistradas que conforman la Sala que preside, esta juez no ha dudado ni un segundo en instar a todos los trabajadores temporales a reclamar ante los tribunales “sus derechos” para que, si han sido despedidos, su indemnización se iguale a las de los trabajadores fijos. Lo hizo apenas horas después de firmar la sentencia que podría colapsar los juzgados que ella preside e incluso los del resto de España, si se contagia la interpretación hecha por su sala.

Biurrun es el rostro popular de esta resolución. Hace sólo unos meses su destino podría haber virado y haberla situado lejos de la sala de audiencias. De haberlo hecho así, su lugar estaría mañana en el Parlamento Vasco que este viernes se constituye oficialmente tras las elecciones del 25-S. Situada ideológicamente en la izquierda más social –llegó a militar en Euskadiko Ezkerra y se le ha ubicado cerca de Izquierda Unida-, Podemos Euskadi le ofreció encabezar su candidatura en las pasadas elecciones autonómicas, ser su aspirante a lehendakari.

Antes lo había intentado para que fuera el rostro visible en las elecciones generales en el País Vasco. En las dos ocasiones la magistrada rechazó la oferta. Por ahora lo suyo es la judicatura, no la política. Pese a reconocer su sintonía ideológica con la formación de Pablo Iglesias, Biurrun afirmó que dar ese paso supondría “renunciar a compromisos personales, sociales y profesionales” y que por razones privadas no debía hacerlo. Tras su no la formación morada recurrió a Pili Zabala.

Esta mujer habla claro. Siempre accesible y abierta a analizar un amplio abanico de temas, es habitual verla en tertulias televisivas y escucharla en entrevistas radiofónicas. A menudo lo hace para referirse a cuestiones sociales y vinculadas al ámbito más político. No duda en implicarse en primera fila en cuestiones que cualquier otro juez evitaría a toda costa. Aspiró incluso a jugar un papel activo en el final de ETA a través del llamado ‘Foro Social’, un organismo plural creado por diferentes colectivos, -incluida la izquierda abertzale-, que constituyó una Comisión para el Proceso de Paz que pretendía definir una agenda de desarme de ETA y de “reintegración de los presos y huidos de la banda, además de “afrontar el pasado y poner las bases para la convivencia”. El Consejo General del Poder Judicial no le permitió formar parte de la citada Comisión por considerar que “comprometería su independencia”.

Biurrun siempre se ha mostrado muy crítica con la violencia de ETA pero también ha apostado por flexibilizar la política penitenciaria que se aplica a la banda. En especial, en lo referente a la dispersión de los presos en cárceles alejadas de Euskadi. Defiende que el fin de esta medida no debería estar condicionada a la disolución de ETA, como plantea el Ministerio de Interior, ni convertirse en una “coartada” para mantener “una medida injusta”.

Es una de las fundadoras de Jueces para la Democracia, organización que considera que es la única voz crítica y “no elitista” de la judicatura. Su trayectoria profesional se inicia en 1987 en el juzgado de primera instancia de su localidad natal, Tolosa. Dos años más tarde fue destinada como magistrada al juzgado de lo Social número 3 de San Sebastián hasta dar el salto, en 1998, a la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que preside desde 2009. Vascoparlante desde su infancia, Biurrun formó parte del equipo de traducción al euskera de la Constitución española y de la ley de Procedimiento Laboral.

Fue clara en su crítica de la reforma laboral del PP, sobre la que aseguró que los jueces deberán aplicarla por ser una ley pero “interpretándola” y no actuando como “meros autómatas”. Denunció que esa reforma era contradictoria ya que facilitaba la flexibilidad interna pero también la externa, "es decir, los despidos”: “Si tienes la posibilidad de hacer las dos cosas tienes la tentación de ir por la calle del despido. Hay una evidencia, que ha habido mucha flexibilidad interna, pero el número de despidos creció de forma considerable tras la aprobación de la reforma. Por lo tanto, ha contribuido a destruir empleo”, aseguró en febrero de 2015.

Su compromiso social siempre ha sido activo. Actualmente Biurrun es la presidenta del Patronato de Anesvad, una Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) que defiende el derecho a la salud de todas las personas en todos los lugares del mundo. Conocida por su apoyo histórica en la lucha contra la lepra en Filipinas, Biurrun se ha puesto al frente de esta organización “porque lucha por los más débiles”.