Tres semanas. Ése es el plazo que tiene el Gobierno español para remitir a Bruselas un borrador de Presupuesto para 2017 que incluya las medidas necesarias para reducir el déficit público en 5.500 millones de euros y poder cumplir el objetivo del 3,1% del PIB el año que viene.

La Comisión Europea remitió una carta este martes al ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, con la exigencia de ir más allá del somero Plan Presupuestario 2017 remitido el 15 de octubre. En este documento se prorrogaban las cuentas públicas de 2016 y se fijaba el déficit en el 3,6% del PIB para el año que viene, 0,5 puntos porcentuales por encima del objetivo, en un escenario de ausencia de medidas adicionales, todo ello con la atenuante de que el Gobierno estaba en funciones.

En respuesta, Bruselas insiste en que el Gobierno tiene que explicar “lo antes posible” cómo va a reducir ese desfase de medio punto porcentual del PIB (5.500 millones) y quiere que lo plasme en un borrador de Presupuestos creíble.

El Gobierno espera estar en condiciones de tramitar las cuentas anuales de 2017 a partir del mes de diciembre y poder aprobarlas en febrero

En la misiva no se concretan plazos, pero fuentes muy solventes han concretado a El Independiente que se trata de tres semanas, con lo que éste no irá mucho más allá de la reunión del Eurogrupo que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre. De hecho, el Gobierno espera estar en condiciones de tramitar las cuentas anuales de 2017 a partir del mes de diciembre y poder aprobarlas como tarde en la primera quincena del próximo mes de febrero.

Sin embargo, lo dramático de la situación es que al Ejecutivo no le sirve con elaborar un borrador de Presupuestos sin más, sino que debe presentarlo ante las autoridades europeas tras ser pactado en el Parlamento español, porque de lo contrario no sería más que una declaración de intención sin credibilidad.Las mismas fuentes así lo aseguran, conscientes de que, en estos momentos, pactar medidas de ajuste con un Parlamento puesto patas arriba se antoja complicado.

La clave radica entonces en la postura que adopte el PSOE. El Comité Federal de los socialistas votó este domingo, en medio de una profunda división, que se abstendría en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. El sábado por la tarde debería consumarse la investidura en el Congreso.

Ahora le toca al Ejecutivo, en un tiempo récord de tres semanas, convencer a los socialistas, con sus siete diputados díscolos del PSC haciendo frente férreo a los populares, de que o se aprueba un nuevo Presupuesto este año, o las consecuencias serán en lo económico una irremediable sanción reforzada de Bruselas que podría alcanzar el 0,5% del PIB (al margen de la posible congelación de fondos europeos), y en los político una importante pérdida de credibilidad de España ante Europa. Si la legislatura dependía de la abstención del PSOE a la hora de formar Gobierno, ahora también.

El Gobierno tenía un plan B

Por otro lado, los requerimientos de Bruselas vienen a frustrar un plan b que el Gobierno tenía definido en el caso de que no fuera posible acordar un presupuesto a tiempo: prorrogar las cuentas de 2016 y después aprobar una Ley Ómnibus con los ajustes presupuestarios necesarios para reconducir el déficit en 2017 hasta el 3,1% del PIB.

Bruselas exige un presupuesto y frustra un plan b que el Gobierno tenía definido

Como adelantó El Independiente, el Plan Presupuestario 2017 había causado molestias en las autoridades europeas, especialmente la subida del tipo mínimo del pago fraccionado en el Impuesto sobre Sociedades, con el que se prevén recaudar 8.300 millones este año, al considerar que es un mero parche. La misiva de este miércoles viene a poner negro sobre blanco ese escepticismo.

Sin embargo, el Gobierno ya había ejecutado un plan b similar con anterioridad, en 2011, cuando a su llegada al Gobierno tras las elecciones generales del 20 de diciembre de ese año tuvo que prorrogar el Presupuesto y aprobar el 30 de diciembre un Real Decreto-Ley para concretar créditos para gastos correspondientes a programas y actuaciones que terminaban en ese ejercicio y que quedaban fuera de la prórroga presupuestaria, y para reducir otros, como la renta básica de emancipación, en aras de la austeridad.

Además, el Gobierno se enfrentaba entonces a la necesidad de reducir el déficit público desde el 8,9% del PIB en 2011 al 5,3% en 2012, del mismo modo que ahora necesita buscar la forma de reducirlo en 5.500 millones de euros.

No obstante, aquel Ejecutivo de Mariano Rajoy contaba con una mayoría parlamentaria que garantizaba luz verde a cualquier decreto, cosa que ahora no ocurre. Por eso, con o sin presión de Bruselas, si no prosperara un acuerdo para un nuevo borrador de presupuestos, ¿por qué lo iba a hacer ese plan b, que incluiría la prórroga presupuestaria y una Ley Ómnibus de medidas de ajuste? El Gobierno no tiene salida.

Más aún, en aquel Real Decreto-Ley de 2011 el Ejecutivo daba marcha atrás en la congelación de las pensiones aplicada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ese año para elevarlas con carácter general un 1% en 2012, mientras que ahora plantea aplicar la reforma de las pensiones y subirlas un 0,25% en lugar de volver a indexarlas al IPC como dicta una proposición no de Ley del 13 de octubre, que fue secundada por todos los partidos salvo el PP y Ciudadanos.

¿Quién salvará al Gobierno?

En resumen, si el Ejecutivo no aúna los apoyos necesarios a su borrador de presupuestos se verá en el peor de los escenarios: sin apoyos políticos, sin herramientas para encauzar el déficit, sin credibilidad en la UE y con cuatro años por delante para salir del atolladero.

En las tres semanas que tiene por delante el Gobierno debe arrancar no solo la abstención, sino el sí de los socialistas

Y estas circunstancias, la deseada abstención del PSOE en el debate de investidura no es sino el primer paso. Es ahora cuando el Gobierno tiene la opción de testar si tras ese debate puede aspirar a gobernar o no.

En las tres semanas que tiene por delante el Gobierno debe arrancar no solo la abstención, sino el sí de los socialistas, si quiere demostrar ante la UE que una legislatura de cuatro años es posible, y sumarlo al apoyo de Ciudadanos. Las fuentes consultadas indican que el Gobierno aspira que el sentido de Estado que ha llevado a que triunfe la opción de la abstención en un PSOE dividido impere también en las negociaciones de un nuevo presupuesto.

De hecho, los socialistas ya dieron su voto favorable a los recientes cambios en la Ley de Estabilidad para permitir que las comunidades autónomas puedan elevar su objetivo de déficit del 0,3% al 0,7% este año aún con un Gobierno en funciones.

En el caso de Ciudadanos, la formación naranja ya ha sido hasta la fecha una muleta para el PP, no solo a la hora de oponerse a indexar de nuevo las pensiones, sino para sacar adelante también la reforma de la Ley de Estabilidad. Además, aún está vigente un pacto de investidura de 150 medidas para gobernar suscrito por ambas formaciones.

Pero para apuntalar los apoyos, el Gobierno también ha tenido guiños con EAJ-PNV, del que esperan al menos una abstención después de que aceptaran una enmienda en la reforma de la Ley de Estabilidad para que se autorice a Adif y Sepes a formalizar las comfort letters -una clase de garantía escrita- para avalar a la empresa pública Bilbao Ría 2000.