Estamos dispuestos a llegar hasta el final”. Lo dice muy serio José Luis Zimmermann, director general de Adigital, la patronal que agrupa a medio millar de empresas digitales que operan en España. Y se refiere a la batalla que sus asociados están dispuestos a dar para defenderse de los obstáculos legales que las Administraciones Públicas españolas, singularmente las comunidades autónomas, están poniendo al desarrollo de la economía colaborativa.

Hasta el final. ¿Implica eso acudir a los tribunales para tumbar las nuevas legislaciones regionales que regulan el alquiler turístico entre particulares y a las plataformas digitales que lo comercializan? “Hasta donde haga falta”, proclama. Y lo dice con tranquilidad, con la confianza de contar en ese empeño con el respaldo de dos gigantes internacionales directamente afectados por esas barreras, Airbnb y Homeaway, cuyos representantes le flanquean en un encuentro con periodistas. Y el apoyo se extiende a ese medio millar de integrantes de la Asociación de Española de Economía Digital.

La propia Adigital presentó el pasado septiembre a la Generalitat de Cataluña alegaciones y propuestas de enmiendas para intentar corregir el texto de la futura regulación turística regional. Y hará lo propio a finales de este mes para proponer modificaciones en el anteproyecto de ley que regulará el alojamiento turismo en la Comunidad Valenciana. Y es que la patronal digital considera que ambas regulaciones autonómicas se saltan a la torera la normativa europea sobre plataformas online.

Sólo quieren ser intermediarios

Airbnb, Homeaway y el resto de plataformas online reivindican su labor como meros intermediarios entre el dueño de una vivienda y el turista que quiere alojarse en ella. Sólo intermediarios. Se declaran como simples tablones de anuncios globales en los que se publicitan las viviendas en alquiler, a cuyos propietarios ponen en contacto con los viajeros que quieren alojarse.

Y como intermediarios, según su argumentario, la legislación comunitaria les exime de la responsabilidad de determinadas ilegalidades que puedan cometer los dueños de las viviendas, como por ejemplo no contar con la preceptiva licencia que se exige en algunas regiones para alquiler turístico o una eventual falta de tributación fiscal de los ingresos percibidos. Sin embargo, varias de las legislaciones regionales que proliferan en España recogen sanciones si, por ejemplo, las plataformas publicitan pisos que no cuentan con la licencia exigida.

“Las plataformas no son dueños de los activos inmobiliarios ni fijan el precio del alquiler, son meros intermediarios y la legislación europea les reconoce unas responsabilidades específicas, no las que se tratan de imponer en España”, sostiene Zimmermann. “Para ser responsables las plataformas han de tener un conocimiento efectivo de que hay una ilegalidad, y en España eso lo establece un juez. No pueden realizar una supervisión previa de lo que hacen los usuarios. Las plataformas sólo ponen en contacto oferta y demanda, nada más, pero las comunidades autónomas van en la dirección de exigirles responsabilidades que van más allá del marco legal comunitario”. Y desde Adigital se resume la situación a modo de paralelismo con los modelos de negocio del pasado: “A ningún periódico se le exigía comprobar si los apartamentos que se anunciaban en sus páginas tenían licencia o no”.

Un encargo para el Ministerio

En este sentido, Airbnb, Homeaway y el resto de plataformas se encomiendan a la labor de guía y armonización que debería liderar el nuevo ministro Álvaro Nadal, que entre las tareas que aglutina su nuevo departamento figura la de la Agenda Digital. Y es que las competencias turísticas y sobre arrendamientos de vivienda han sido transferidas a las comunidades autónomas, pero la legislación sobre comercio electrónico –que las plataformas son las que consideran que les es aplicable- es responsabilidad del Gobierno central.

“El Ministerio de Agenda Digital debe ser el encargado de dirigir estas discusiones. Debe trabajar para que haya una regulación armonizada. No nos entra en la cabeza que en el siglo XXI en España vaya a haber 17 regulaciones regionales. Queremos una sola regulación”, subraya el director general de Adigital. “Para operar en este negocio las empresas se tienen que adaptar a una normativa en Baleares, otra en Cataluña, otra en Madrid… en un sector como el turístico que en España es puntero. Está suponiendo un freno a la creación de empresas, en un país como España en el que podrían haber surgido líderes mundiales en este campo del alquiler turístico. Pero es imposible con estas limitaciones”.

Y es que, de fondo, queda la queja a modo de sospecha que comparten las grandes compañías digitales que participan del alquiler turístico: las legislaciones españolas, dicen desde las plataformas online, no buscan poner orden en el sector, “sólo buscan restringir por la presión de los sectores tradicionales”. Esto es, los hoteleros. “No somos un problema, somos solución para el sector. No somos competencia desleal, somos oferta complementaria. Pero no quieren verlo”.