Banco Popular, en pleno Ere (Expediente de Regulación de Empleo) que dará salida a casi 2.700 trabajadores, mete presión a la plantilla: ha empezado a fijar objetivos comerciales individualizados a los empleados de sus oficinas de Madrid cuando, hasta la fecha, salvo en áreas de negocio concretas, se marcan a nivel de sucursal o zonas definidas, según confirman a El Independiente fuentes sindicales del banco.
Este miércoles, durante la primera comisión de seguimiento del Ere, representantes del banco y de los sindicatos discutieron esta práctica, detectada, por el momento, en oficinas madrileñas.
"La entidad está comunicado a algunos empleados, de forma individualizada, cuántos productos de cada tipo han de colocar en un periodo determinado para evaluar su rendimiento. Popular ha puesto en marcha esta práctica en la territorial de Madrid, lo que supone, probablemente, un primer paso para implantarla en el resto del territorio nacional", señalan desde CCOO.
A los sindicatos, la iniciativa les chirría. "Marcar objetivos individualizados puede suponer que, si alguien no los cumple, el banco tiene más margen para hacer despidos objetivos", explican las mismas fuentes. Por ello, los representantes de los trabajadores se están esforzando en restar valor jurídico a lo que consideran una "asignación de objetivos unilateral por parte de la entidad, con carácter informativo pero no disciplinar".
El cambio de estrategia de márketing de Popular llega en un momento delicado para la entidad, con tiranteces en el seno del Consejo de Administración. El mexicano Antonio Del Valle busca apoyos para relevar a Ángel Ron de la presidencia del banco, aunque, hasta la fecha, sin éxito. Entretanto, el ánimo de la plantilla está tocado, ante la salida de casi 2.700 trabajadores y la movilidad forzada a la que tendrán que someterse algunos de los empleados.
Traslados forzosos a Madrid y Cataluña
Popular comunicó este miércoles a nivel interno que hay déficit de empleados en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Canarias y Baleares, además de en las provincias de Toledo, Huesca, Castellón, Almería y Guipuzcoa. En el resto de regiones, hay exceso de empleados, lo que significa que muchos de ellos deberán se trasladados para mantener su empleo.
Sindicatos y empresa han pactado un periodo de cinco días durante los cuales los empleados podrán adscribirse voluntariamente y elegir nuevo destino. "El drama llegará después, cuando muchos profesionales tengan que moverse a la fuerza", señalan los sindicatos.
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