El Gobierno, recién aterrizado, abrió la puerta a ampliar la privatización de Aena. E igual que la abrió, ahora la cierra a cal y canto. El nuevo ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, deslizó en sendas entrevistas la posibilidad de vender otro paquete del gestor aeroportuario, lo que haría que el Estado perdiera el control de la empresa al reducir su participación por debajo del 50%. Pero la venta no se producirá.

El Ejecutivo descarta impulsar un nuevo proceso de privatizaciones y pretende mantener la actual participación pública del 51% en el capital de Aena, según confirman a El Independiente fuentes gubernamentales del más alto nivel. ¿Por qué? Porque el Gobierno está plenamente confiado en que no le hará falta hacer caja con una venta de una participación extra de Aena y que cumplirá con las exigencias presupuestarias que marca Bruselas gracias al crecimiento económico esperado y a la subida de impuestos que se prepara.

El Ejecutivo confía en cumplir con Bruselas gracias al crecimiento económico y a las nuevas medidas fiscales

El Gobierno de Rajoy impulsó en 2015 la venta de un 49% del capital de Aena, hasta entonces enteramente pública. El Estado controla actualmente el 51% restante, a través del grupo Enaire. Casi dos años después del debut bursátil, y habiéndose más que duplicado el precio de la compañía en este tiempo, el nuevo Ejecutivo había planteado colocar en manos privadas otro paquete adicional (previsiblemente de un 11%), lo que le habría permitido ingresar de un plumazo unos 2.000 millones de euros.

La operación requería que las Cortes aprobaran una reforma de la ley que obliga al Estado a mantener la mayoría accionarial en el gestor de la red de aeropuertos española. Un cambio legislativo que se adivinaba más que difícil, dado que la ampliación de la privatización contaba con el rechazo de la oposición. El Gobierno y el PP no tendrán que tantear los apoyos parlamentarios para profundizar en la privatización del grupo… porque el Gobierno no la impulsará ni a corto ni a medio plazo.

Cumplir con las exigencias de Bruselas

El Gobierno confía plenamente en que el crecimiento económico y las medidas fiscales que se preparan y que afectarán a impuestos especiales y a Sociedades serán suficientes para enderezar el déficit público para cumplir con el objetivo del 3,1% del PIB en 2017, apuntan las mismas fuentes. La senda fiscal comprometida con Bruselas pasa por una reducción del saldo negativo de las cuentas públicas hasta el 4,6% del PIB en 2016, antes de descender otro punto y medio porcentual el año que viene.

Gran parte de los analistas coinciden en que el crecimiento económico en 2016 y la subida aplicada en los anticipos del Impuesto de Sociedades permitirán cuadrar las cuentas en 2016. Además, el Gobierno cuenta con que el año se cerrará con un crecimiento económico superior al 3%, frente a la previsión del 2,9%. Ya en el tercer trimestre del año, el PIB creció, pese a empezar a notar la previsible desaceleración, un 3,2% en términos interanuales y un 0,7% respecto al verano, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), cifras que han llevado al Gobierno a pensar nuevamente que el avance de la actividad puede volver a superar las expectativas.

Alcohol, tabaco y bebidas azucaradas, en 2017

Por el momento, el Ejecutivo prevé incluir en la próxima actualización del cuadro macroeconómico que enviará a Bruselas un pronóstico de crecimiento del PIB del 2,5% para 2017, dos décimas por encima de la anterior previsión. Ello tendrá un efecto sobre la reducción del déficit público.

La venta de otro 11% de Aena le habría permitido ingresar al Gobierno unos 2.000 millones

De hecho, con la previsión del 2,3%, que el Gobierno envió en el Plan Presupuestario 2017 el 15 de octubre, ya se fijaba una reducción del déficit hasta el 3,6% del PIB en ausencia de medidas fiscales. Pero el Gobierno aún tiene que corregir esos 0,5 puntos porcentuales de déficit estructural hasta el 3,1% del PIB que le demanda la UE. Esto es, aún tiene que encontrar la manera de aplicar recortes en el presupuesto por importe de unos 5.500 millones de euros.

Para ello, confía en no tener que tocar dos de los grandes impuestos, el IVA y el IRPF. Pero sí está dispuesto a hacerlo con Sociedades y con los impuestos especiales. El Gobierno quiere seguir avanzando en la mejora de los ingresos por Sociedades, acercando el tipo nominal al real. Para ello prevé reducir algunas de las reducciones y bonificaciones del tributo.

Junto a esta medida, el Ejecutivo también tocará la tributación sobre el alcohol y el tabaco, y en las quinielas está asimismo la posibilidad –que empieza a descontarse- de establecer un nuevo tributo sobre las bebidas azucaradas. Todo un compendio de movimientos que, de acuerdo con las cuentas que echa el Gobierno y con un crecimiento económico a la cabeza de la UE, permitirían contentar a Bruselas en sus aspiraciones de reducir el déficit estructural, llevarlo hasta el 3,1% del PIB y poder mantener la titularidad pública del 51% de Aena.

La pugna por la privatización

La oposición política parecía dispuesta a frenar el plan que se planteaba desde Fomento de ampliar la privatización de Aena. PSOE, Podemos y Ciudadanos se habían manifestado en contra de la venta de un paquete extra. El temor que expresaban todas las formaciones es que un grupo estratégico como Aena, íntimamente relacionado con el turismo -la gran industria del país y que concentra más de un 11% del PIB nacional-, quedase expuesto a los vaivenes de los intereses de empresas privadas y fondos de inversión.

El Gobierno tocará en 2017 Sociedades y los impuestos del alcohol y el tabaco, y crearía otro tributo para las bebidas azucaradas

Y, en este sentido, auguraban que una Aena controlada por la iniciativa privada pondría en peligro la actual red de aeropuertos, poniendo en un brete su capacidad de vertebración territorial y haciendo posible el cierre de algunos aeropuertos no rentables económicamente, pero que sí rentables socialmente.

Desde el propio Gobierno, en cambio, se ha venido defendiendo la posible ampliación de la privatización en la necesidad de que la compañía gane agilidad en su carrera por crecer en el exterior. “Una de las cosas que está encima de la mesa es la posibilidad de ampliar el tramo de privatización de Aena y también de iniciar un proceso firme de expansión internacional. Puede que este proceso de internacionalización esté íntimamente ligado a lo primero”, dijo el ministro De la Serna. “Puede que sin un mayor grado de privatización sea difícil competir con otros en el exterior”, agregó.

Fuentes del sector apuntan que la titularidad pública de Aena la deja fuera de algunos concursos para la gestión de aeropuertos internacionales, dado que las bases de algunos de ellos impiden que grupos públicos extranjeros sean los adjudicatarios. Y, por otro lado, Aena pierde agilidad en operaciones de este tipo, dado que para grandes contratos hace falta el visto bueno del Consejo de Ministros. Y así se mantendrá.