El PSOE y el PP podrían cerrar este viernes un acuerdo sobre el reparto del objetivo de déficit para 2017, que permitiría el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los socialistas aguardan a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por primera vez por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para cerrar un pacto que haría que ambos votaran a favor de la medida en el Congreso y el Senado.

El PSOE espera que la vicepresidenta tuerza el brazo al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien no está dispuesto a ceder más allá del 0,5%  o el 0,6% del PIB en 2017. Es decir, una o dos décimas por debajo del 0,7% que reclaman los socialistas para dar oxígeno a las comunidades que gobiernan, como Andalucía, Valencia, Castilla La Mancha, Extremadura, Aragón, Baleares y Asturias.

Un acuerdo sobre el reparto del déficit permitiría iniciar la tramitación de los Presupuestos

La Gestora socialista también reclama mayor flexibilidad para los ayuntamientos, para beneficiar a sus 2.800 alcaldes. El PSOE valora también que la Seguridad Social se incluya en el acuerdo para que no aumente su agujero.

En función de la respuesta del Gobierno a sus demandas, el PSOE podría abstenerse o incluso votar a favor del objetivo de déficit. “Depende de si estamos satisfechos o muy satisfechos”, explican fuentes cercanas a la negociación.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, enviaba hoy este mensaje al presidente del Gobierno. Durante su visita al Parlamento Europeo, la baronesa andaluza ha reclamado que el Consejo de Política Fiscal aborde tres asuntos fundamentales: que se garantice que no va a haber más recortes en el país; que ese margen adicional en el reparto del objetivo de déficit, de dos décimas, se le dé a las comunidades autónomas –ya que son las que mayor esfuerzo han realizado y las que soportan servicios públicos como la educación, la sanidad y la dependencia- y que se escuche también la voz de los ayuntamientos.

Susana Díaz reclama que se garantice que no va a haber más recortes en España

A este respecto, ha apuntado que no es posible que no se cambie la regla de gasto y que los ayuntamientos con superávit tengan dinero en el banco y no lo puedan destinar a hacer inversiones en sus municipios.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves, en el que el Gobierno tiene previsto cerrar con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas una senda de reducción del déficit de estas administraciones hasta 2019, se presume bronco. Para Montoro, ceder a la petición del PSOE, supondría que las comunidades autónomas no tendrían que reducir su déficit en 2017, puesto que el objetivo previsto para 2016 ya se sitúa en el 0,7% del PIB.

Según han confirmado fuentes gubernamentales, Montoro prevé llevar en su lugar el mismo objetivo lineal del 0,5% del PIB para todas las administrativas de abril, lo que ya implica una flexibilización de cuatro décimas, unos 4.500 millones de euros. El CPFF de este jueves también servirá para fijar definitivamente los objetivos de estabilidad de los años 2018 y 2019, que de momento se sitúan en el 0,3% del PIB para 2018 y en el equilibrio parar 2019.

Ceder ante esta petición supondría que las comunidades autónomas no tendrían que reducir su déficit en 2017

En la reunión del pasado mes  abril se acordó esta nueva senda de estabilidad de las comunidades autónomas, incorporando el margen de flexibilidad otorgado por Bruselas para reducir el déficit, que aplaza hasta 2018 su reducción por debajo del 3% del PIB en el conjunto de las administraciones. En esa cumbre de las comunidades, el déficit autonómico previsto para 2016 se elevó desde el 0,3% del PIB al 0,7%, y para 2017, del 0,1% al 0,5%. Posteriormente, el Gobierno no la pudo aprobar de forma definitiva al estar en funciones.

El objetivo del 0,5% se acordó con dificultad en abril

Por otro lado, mientras que el objetivo para 2016 contó con solo tres votos en contra –Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña—y dos abstenciones, el Ejecutivo sacó adelante el 0,5% para 2017 con el apoyo de las comunidades populares, y con un frente opositor más nutrido, vertebrado por los gobiernos autonómicos socialistas: Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, Aragón, Andalucía, Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha.

El Ejecutivo sacó adelante el 0,5% para 2017 en la reunión de abril, pero con la oposición de 10 comunidades autónomas

Desde el PSOE se insiste en que las comunidades autónomas necesitan aire y que el objetivo para el próximo año debe de dos décimas más, hasta del 0,7% del PIB. De esta forma, la historia se volverá a repetir, con la diferencia de que el Gobierno es consciente de que la elaboración y la necesidad de apoyos de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año están a la vuelta de la esquina.

Tras la negociación con las comunidades autónomas, al Gobierno tiene que convencer a los Grupos Parlamentarios de la rebaja del techo de gasto para 2017, el límite anual de los Presupuestos Generales del Estado, en una cuantía que ronda los 5.000 millones de euros respecto al presupuesto inicial de 2016. La  cifra concreta se conocerá este viernes, cuando la apruebe el Consejo de Ministros.

Hace escasos días, el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, no descartó echarse un lado y permitir la aprobación del techo de gasto del próximo año, no así del posterior proyecto de Ley de Presupuestos.

Cifras viejas, caras nuevas

Este nuevo tinte político también se deja ver en la representación del Gobierno en la reunión. Como hiciera este miércoles en la reunión de la Comisión Nacional de las Administraciones Locales (CNAL), la vicepresidenta del Gobierno, Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría, acudirá a la reunión del CPFF.

Fuentes gubernamentales indican que su presencia se justifica por sus nuevas atribuciones, la coordinación política entre las administraciones públicas. No obstante, admiten que, en rigor, no tendría por qué acudir.

Y es que de fondo, la reunión también supone una cita entre el Estado y la Generalitat de Cataluña, comunidad en la que, de alguna forma, la vicepresidenta del Gobierno tiene un papel de embajadora con el nuevo reparto de competencias dentro del Gobierno. La razón es que el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Oriol Junqueras, finalmente sí asistirá a la reunión del CPFF.