El macrojuicio de las tarjetas black, en el que se juzga a 65 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia por el uso fraudulento de Visas opacas, toca a su fin. Las últimas sesiones del proceso están reservadas a la presentación de las conclusiones definitivas de todas las partes. El primero en exponerlas ha sido el fiscal Anticorrupción asignado al caso, Alejandro Luzón, y lo ha hecho con dureza extrema, intentando destrozar de manera descarnada todos los argumentos esgrimidos por las defensas durante las quince sesiones anteriores.

Luzón considera que durante el juicio ha quedado acreditado que las tarjetas eran “claramente ilegales”, “opacas” y “en B”, que los consejeros y directivos sabían que lo eran y por eso se ocultaban los gastos a Hacienda, tanto ellos mismos como por parte de las propias entidades; que en algunos casos, el comportamiento de los acusados era más próximo a la “rapiña” o al “pillaje” que al delito de apropiación indebida del que se les acusa; que la actitud de algunos beneficiarios de las tarjetas era “primitiva y depredadora” con los fondos de la caja…

Blesa “pervirtió”, Rato continuó

La Fiscalía entiende que Caja Madrid, durante la presidencia de Miguel Blesa –entre 1996 y 2010-, convirtió el sistema de tarjetas de empresa para atender gastos de representación de los consejeros y directivos para convertirlo en una manera de sobrerretribución ilícita. “El señor Blesa aprovechó un sistema de gastos para pervertirlo y convertirlo en manifiestamente ilegal”. Una fórmula para encubrir gastos indebidos que continuó con Rodrigo Rato como presidente de Caja Madrid y posteriormente de Bankia, entre 2010 y 2012.

Las tarjetas serían de por sí opacas al no haber sido aprobadas por los órganos designados para ellos dentro de las entidades financieras. Y los 12 millones de euros gastados con esas tarjetas opacas entre 2003 y 2012 (el único periodo que se juzga en el proceso al entenderse que los gastos anteriores han prescrito) no pueden considerarse, según el fiscal, ni gastos de representación legítimos ni una retribución legal de los acusados.

Ni gastos de representación ni retribución legal

Según el relato de Luzón, Caja Madrid “aprovechó el sistema de tarjetas de empresa para utilizar la denominación de gastos de representación a modo de eufemismo para ocultar” los gastos indebidos que se realizaban. Los pagos con las Visas black de los miembros del consejo de administración se contabilizaban como gastos de representación, aunque no se justificaba ninguno de ellos y se utilizaban libremente sin necesidad que se tratara de gastos relacionados con la caja.

¿Por qué no eran pues gastos de representación? Porque se trataban en parte de gastos de carácter privado ¿Por qué no se pueden considerar tampoco como retribución de los usuarios de las tarjetas? El fiscal responde: porque no se contabilizaban como tal por parte la caja, porque no se declaraban como tal a Hacienda, porque se ocultaban en cuentas que no eran para salarios ni remuneraciones, porque los consejeros de la caja sólo podían recibir dietas e indemnizaciones pero no retribuciones…

“Si fueran retribuciones legítimas, los acusados no lo habrían encubiertode manera subrepticia haciéndolo pasar por gastos de representación en la contabilidad. Si no aparece en la nómina con la correspondiente retención fiscal, es que con esos pagos estamos hablando de otra cosa”, ha sentenciado hoy Luzón ante el tribunal. “Si las tarjetas y los gastos realizados con ellas fueran una elemento retributivo, era ilegal”.

La impresión del fiscal es que muchos de los acusados se han abonado al unísono a la teoría de que se trataba de una retribución porque, de no serlo, algunos de los gastos realizados “no soportarían el más mínimo escrutinio” como gastos de representación. Lencería, armas, viajes familiares de lujo…

Pero para Luzón el argumento de que se trataba una retribución para consejeros (ilegal de por sí) o para directivos presenta, además, múltiples contradicciones y paradojas. Si era una retribución, ¿por qué no se ingresaba directamente en una cuenta y se daba la posibilidad al beneficiario de disfrutarlo libremente? Si era una retribución, ¿por qué algunos acusados no agotaban el saldo y no hacían uso de su remuneración por entero? Si era remuneración de libre uso, ¿por qué algunos acusados han reconocido que se les advertía de gastos impropios o se les recomendaba que fueran prudentes? Si era retribución, ¿por qué insisten los acusados en impugnar el famoso Excel en el que se recogen los gastos si podían gastar su dinero en lo que quisieran? Si lo era, ¿por qué unos beneficiarios podían sacar dinero en efectivo de cajeros y otros no? ¿O por qué algunos las seguían utilizando y efectuando gastos incluso después de abandonar su cargo? ¿O por qué se ocultaban a la asamblea de la caja, a los consultores externos, en los informes sobre retribuciones…?

“La caja eran ellos”

Luzón ha sido especialmente duro y ha elevado el tono de manera llamativa –lo que ha provocado un sonoro murmullo entre los acusados y sus abogados defensores- para arremeter contra el argumento utilizado por muchos acusados sobre la confianza plena que tenían en la propia caja para justificar su falta de sospecha sobre la presunta ilegalidad de los pagos.

“No pueden escudarse en la caja porque la caja eran ellos”, ha apuntado. “¿Quién les iba a llamar la atención por tener una tarjeta y el uso que hacían? ¿El consejo de administración, la Comisión de Control, la Comisión de Retribuciones, el director financiero….? Pero si todos ellos tenían tarjeta también. ¿Quién les tenía que advertir? ¿El empleado que metía los datos de los gastos? ¿El que imprimía la tarjeta?”