La cascada de sentencias que están dando la razón a los afectados por las cláusulas suelo -el recargo ilegal colado de matute en los créditos hipotecarios por las entidades financieras si bajaba el Euríbor- está entrando en una nueva dimensión, todavía más favorable a los perjudicados. Cada vez más jueces desoyen la sentencia del Tribunal Supremo emitida en octubre de 2015, según la cual los afectados tienen derecho a recuperar el dinero extra abonado a la banca, pero limitando la retroactividad hasta el 9 de mayo de 2013.

De acuerdo con varias sentencias consultadas, los jueces entienden que los compradores de vivienda tienen derecho a recuperar todo el importe pagado en concepto de cláusulas suelo. Retroactividad total. “Ganamos un 99% de los juicios sobre cláusulas suelo”, indica Jesús Ruiz Arriaga, de Arriaga Asociados. “Y según nuestros estudios, los clientes obtienen el 93’75% de lo que han pagado de más. No está mal”, explica el letrado.

El veredicto del Alto Tribunal argumentó que la devolución de las cláusulas suelo por los bancos más allá de mayo de 2013 podía poner en riesgo la viabilidad del sistema financiero español. No es una decisión firme: la sentencia definitiva llegará el 21 de diciembre procedente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero los jueces, cada vez más, reinterpretan al Supremo y consideran que la retroactividad limitada no se ajusta a la ley. Así lo ponen de manifiesto varias resoluciones obtenidas por este medio en Guipúzcoa, Ciudad Real, Burgos, León, Madrid y Alicante, entre otros municipios.

Los bancos quieren acuerdos

El aplastante número de victorias en los juzgados ha llevado a los bufetes a publicitar sus campañas, conscientes de que hay miles –si no millones- de afectados que no demandan a las entidades financieras por desconocimiento. Aunque no hay datos oficiales, se considera que una de cada dos hipotecas firmadas hasta 2015 contenía algún tipo de cláusula suelo. Una prerrogativa de la que los directores de las sucursales no informaban o lo hacían vagamente cuando el cliente firmaba el crédito. Tal es el potencial de las denuncias que el portero Iker Casillas ha vuelto a ser contratado por Arriaga.

En Bufete Rosales también aseguran ganar el 99% de los juicios. “Pero el 99,99%”, puntualiza José Baltasar Plaza. “En un 80%  de los casos, una vez presentada la demanda, el banco demandado propone un acuerdo en sede judicial satisfactorio para el cliente. Pero, claro, es necesario demandar previamente a la entidad para poder llegar a ese acuerdo”, agrega este abogado.

Vida útil de la hipoteca

Los bancos se preparan de hecho para asumir una lluvia de demandas millonarias de alcance incierto. Según varias partes implicadas en los litigios, las entidades financieras más golpeadas por la firma de cláusulas suelo son Banco Popular, Bankinter,  Liberbank, Banco Ceis, Caixa Bank, Banco Sabadell, BBVA,CCM, Bankia y Mare Nostrum. Y pueden estar aún más golpeadas si la sentencia del TJUE anula la retroactividad limitada.

Protesta por la eliminación de las cláusulas suelo y otros productos tóxicos financieros. ADICAE

“La gente cree que denunciando solo recupera lo que ha pagado en los últimos años por cláusulas suelo. Y no es así. Una victoria judicial o un buen acuerdo afectan positivamente a la vida útil de la hipoteca. Es decir, que el cliente pagará menos por el crédito que suscribió para comprarse la casa. Y eso todavía no se ha explicado bien”, detalla Jesús Ruiz Arriaga.

De 10.000 a 30.000 euros

En este despacho evocan el caso de Unicaja. “La entidad, en sus hipotecas, no sólo incluyó cláusulas suelo, sino que agravó la situación de sus clientes al incluir un mecanismo abusivo para calcular sus intereses conocido como método 365/360”, dice Ruiz Arriaga. “Gracias a este método, Unicaja ha cobrado anualmente a sus clientes más de intereses incluso de los que les correspondería con estas cláusulas”.

La media a devolver por la banca también varía, en función de lo que decida el TJUE dentro de pocas semanas. Las cifras que la abogacía maneja están ligeramente por debajo de los 10.000 euros por denuncia, un monto que podría subir hasta 30.000 euros si la institución con sede en Luxemburgo elimina el límite de mayo de 2013. Un mordisco importante sobre el total concedido.