El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ha embarcado desde hace meses en la reforma de varias de las normas que establecen las exigencias en materia de seguridad para las centrales nucleares. Unos cambios que han vuelto a abrir la fractura existente en la cúpula del supervisor -con enfrentamiento directo entre los miembros del pleno- y que han dividido a los inspectores y técnicos del organismo entre los que los defienden como una mejora de la seguridad y los que los ven como un coladero para dar más poder a las eléctricas.

El organismo encargado de la seguridad en las instalaciones nucleares españolas ha incluido en la nueva redacción de dos de sus normas de seguridad ya aprobadas, y pretende hacerlo en una tercera actualmente en tramitación, cambios para hacer posible que las compañías eléctricas que explotan las centrales puedan proponer directamente de qué manera cumplir algunos de los requisitos para garantizar la seguridad de las instalaciones. Y esas propuestas, una vez cuenten con el visto bueno del CSN, incluso pueden acabar siendo los criterios que se apliquen de manera indefinida en las centrales.

El CSN aprobó hace dos semanas un nuevo texto para reformar la instrucción técnica IS-30, que determina los requisitos de protección contra incendios de plantas nucleares, y también reformó el pasado mayo la instrucción IS-15, sobre vigilancia de la eficacia del mantenimiento de las centrales. Asimismo, el CSN trabaja en la reforma de la instrucción IS-22, que establece las exigencias para gestionar el envejecimiento de las centrales y su explotación a largo plazo (esto es, más allá de los 40 años para los que inicialmente fueron diseñadas) y a cuyo borrador ha tenido acceso El Independiente. Y en todas las normas se incluyen la nueva fórmula a la que se pueden acoger las eléctricas.

Las centrales proponen

El CSN impone determinados requisitos de obligado cumplimiento a las centrales en todos sus ámbitos de operación, prevención y seguridad. Hasta ahora, el regulador reconocía la posibilidad de que las centrales reclamaran exenciones temporales en el cumplimiento de alguno de los requisitos, siempre que justificara la dificultad para adoptarlos inmediatamente y proponiendo medidas alternativas para cumplirlos, en principio, de manera transitoria.

El supervisor ya ha reformado dos normas y prepara el cambio de otra para que las compañías propongan cómo cumplir con las exigencias

Con las reformas ahora aprobadas, el CSN mantiene esa posibilidad de que las centrales puedan acogerse a exenciones temporales en el cumplimiento de algunos requisitos, pero también abre una nueva vía para las eléctricas. Y es que también se reconoce la posibilidad de que los titulares de las centrales propongan “medidas equivalentes” para cumplir con los requisitos de manera diferente a la establecida en la normativa. Esto es, las compañías eléctricas tendrán ahora potestad de elegir –siempre que obtengan el visto bueno del CSN- de qué manera cumplir, incluso con carácter indefinido, con determinados criterios de seguridad de las instalaciones. El regulador abre la puerta pues a que algunos requisitos no se cumplan de la forma que establece la norma, sino que las compañías puedan proponer una fórmula alternativa para cubrir las exigencias de seguridad y que puedan mantenerse de manera permanente.

Desde el CSN se justifica oficialmente que la diferenciación establecida ahora en la norma entre exención y medidas equivalentes como una manera de “clarificar y facilitar la aplicación práctica del término exención”, que era el único que se manejaba hasta ahora, según se recoge en la exposición introductoria de la norma IS-30 recogida en el BOE del pasado 30 de noviembre. Sin embargo, según otras fuentes internas del propio organismo consultadas por este diario, existen versiones discrepantes sobre el alcance del nuevo marco: desde los técnicos que consideran que las reformas ya aprobadas o en proceso de aprobarse buscarían flexibilizar algunos requisitos de obligado cumplimiento para las centrales y abaratar los costes que deben asumir las compañías para ejecutarlos, a los que creen que la nueva fórmula es mejor al permitir dar soluciones permanentes a problemas concretos en las centrales -aunque sea a propuesta de los dueños-, y no sólo disponer del parche temporal que suponen las exenciones.

Tensión en el pleno del CSN

Todos estos movimientos han hecho más honda la fractura existente en la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear. Y es que los cambios introducidos han vuelto a provocar que se rompa el pleno del CSN, el órgano colegiado de cinco miembros por el que pasa todas las grandes decisiones del centro.

Las últimas reuniones del pleno –integrado por tres consejeros propuestos por PP y dos a instancias del PSOE- han sido especialmente movidas. El encuentro del 23 de noviembre fue tan tenso que hasta tuvo que aplazarse la aprobación del acta de la anterior reunión (del 16 de noviembre), ante la falta de acuerdo por el contenido del texto propuesto por la dirección.

El CSN admite que las alternativas diseñadas por las eléctricas pueden adoptarse de manera indefinida

El acta de la reunión del 16 de noviembre se publicó en la web del CSN ayer, casi un mes después. Y en ella se recoge el enfrentamiento entre la exministra socialista Cristina Narbona y el resto de miembros del pleno con un intercambio de votos particulares cruzados a cuenta del contenido de la IS-30.

Narbona, en su voto particular, propone una redacción alternativa al artículo en que se establece la diferenciación entre exenciones y medidas equivalentes. La exministra pide que se explicite que para las exenciones temporales también es necesaria la aprobación por parte del CSN de las alternativas que adoptarán las eléctricas y que se apunte que esas alternativas han de ser adecuadas para mantener la seguridad exigida.

Y, por otro lado, Narbona solicita mayor precisión sobre cómo regular de manera más garantista las medidas equivalentes que pueden proponer las compañías que explotan las centrales. La consejera propone que se apunte que las eléctricas no deben dar justificaciones sobre “las medidas equivalentes propuestas”, como se establece en la nueva norma, sino que garanticen la “equivalencia de las medidas propuestas” en relación a los requisitos de seguridad establecidos.

Cuatro contra una

Otro consejero, Fernando Castelló, replica a la exministra con una suerte de contravoto particular en el que explica el porqué del apoyo a la aprobación de la reforma de la IS-30 por parte de los otros cuatro miembros del pleno del CSN. Castelló recuerda que la redacción ahora incluida fue aprobada por unanimidad –también por Narbona- el pasado mayo para incluirla en la IS-15 tras “resolver las discrepancias” y que ahora simplemente se repite tras los cambios propuestos entonces por la propia exministra.

Las reformas han provocado una nueva fractura en la cúpula del CSN, con un cruce de votos particulares entre consejeros

El consejero subraya que aceptar ahora la nueva redacción que propone Narbona implicaría repetir el largo proceso de tramitación del texto, solicitando de nuevo comentarios externos para el texto, lo que provocaría una “dilación injustificada” y se adoptaría una decisión “incomprensible que en un organismo regulador podría mermar su credibilidad”.

En cualquier caso, Castelló defiende el contenido de la nueva norma y subraya que los titulares de las centrales nucleares sólo pueden recurrir tanto a las exenciones temporales como la propuesta de medidas equivalentes en caso de situaciones singulares que deben estar justificadas. Y reconoce que las medidas equivalentes que las eléctricas puedan proponer para cumplir con la seguridad pueden tener carácter indefinido, pero siempre que se entienda que “se ha alcanzado una situación equivalente, tanto en términos legales como en términos técnicos de seguridad nuclear o protección radiológica, que no cabe calificar como incumplimiento”.