El Gobierno prepara la nueva regulación para asegurar la supervivencia del servicio de elaboración y reparto de las guías telefónicas en papel. Y como ninguna compañía quiere hacerse cargo de continuar con un producto que ya casi nadie utiliza en tiempos de internet, el Ejecutivo tiene que imponer la prestación del servicio a una empresa.
La elegida es Telefónica, que estará obligada a continuar produciendo y entregando las guías telefónica a sus usuarios. Y lo tendrá que hacer, según la orden ministerial que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha elaborado, en principio durante los próximos tres años, hasta el inicio de 2020.
La Secretaría de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital pretende imponer así que Telefónica España siga asumiendo las guías telefónicas, del mismo modo que también hará que el grupo de telecos –a través de su filial TTP- siga encargándose de la gestión y mantenimiento de la red de cabinas públicas por otros tres años, como adelantó El Independiente la pasada semana.
Telefónica siempre ha sido la encargada de gestionar la producción y distribución de las guías de teléfonos, como parte de las prestaciones que se garantizan a todos los ciudadanos con el denominado servicio universal. La actual concesión expira el próximo 31 de diciembre y el Ministerio ahora comandado por Álvaro Nadal tenía que encontrar una solución para mantener servicio.
Otro concurso desierto
El Gobierno convocó un concurso público el pasado septiembre para adjudicar la gestión de las guías. Pero el concurso -igual que sucedió con la licitación de la red de cabinas- quedó desierto por el desinterés de las compañías. Y sin adjudicatario, el Gobierno tiene la potestad de imponer el servicio a un operador por considerarse básico.
La Secretaría de Estado ha elaborado una orden ministerial, que debe aprobar de manera definitiva antes del cierre del año, con la que se designa a Telefónica como el operador encargado de asumir la gestión del servicio de guías desde el próximo 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. El Ejecutivo amplía así el periodo de aplicación inicialmente previsto, ya que en los pliegos del concurso público se establecía una duración de sólo un año.
En el texto se incluye una cláusula en el que se establece que la imposición podrá revocarse y no mantenerse los tres años previstos en el caso de que una nueva legislación europea o nacional deje de considerar las guías como parte del servicio universal garantizado a todos los ciudadanos. La Unión Europea ya trabaja en la elaboración de un Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas que previsiblemente recogerá un nuevo servicio universal comunitario que no incluirá la obligación de mantener ni las guías ni las cabinas.
La CNMC pide reducirlo a un año
El borrador de la secretaría de Estado fue remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la emisión de un informe preceptivo sobre la medida. El supervisor recomienda al Gobierno reducir la duración de la imposición del servicio a Telefónica y que sea de solo un año, como se establecía en el concurso.
“No parece muy en consonancia con los principios básicos inspiradores del derecho de la competencia convocar una licitación para adjudicar un contrato con unas reglas y modificar una de las características esenciales del contrato, su duración, al designar a una empresa en particular una vez declarado desierto el primer concurso”, critica el supervisor en su informe.
Habiendo quedado desierto el concurso, la solución “implica la imposición de una obligación de servicio público a una empresa privada (en principio Telefónica no se ha presentado al anterior concurso porque no quiere continuar la prestación de este servicio), debiendo imponerse por el plazo mínimo posible para causarle los menores perjuicios o inconvenientes económicos”, apunta el organismo.
Hace unos meses, la propia CNMC instó al Gobierno a acabar con la obligación de la prestación del servicio de cabinas y de guías, y su exclusión del paquete recogido en el servicio universal.
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