El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el instrumento que financia desde 2012 las dos pagas ‘extra’ que cobran al año los pensionistas, se agotará en un plazo aproximado de un año con el actual ritmo de disposiciones. Pero aún en ese caso los jubilados seguirán cobrando sus prestaciones porque el Tesoro Público saldrá al rescate y emitirá deuda pública para garantizar los pagos si las cotizaciones no aportan suficientes ingresos para entonces. Así lo ha adelantado el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, tras comparecer en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, según informa Europa Press.
Nadal ha asegurado que el Gobierno habilitará “los instrumentos legales necesarios”, como que el Tesoro Público emita deuda, con el fin de garantizar la financiación del sistema de pensiones, al tiempo que ha descartado la creación de una figura impositiva específica para costear las pensiones. En la práctica, una medida así no cambiaría de manera significativa el actual sistema de financiación.
El Gobierno habilitará “los instrumentos legales necesarios” para pagar las pensiones
El Fondo de Reserva acumuló en los años de bonanza y superávit de la Seguridad Social casi 70.000 millones de euros procedentes de los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo.
Estos fondos se han ido invirtiendo en deuda soberana --actualmente concentrada en deuda pública española-- que cumplía con los debidos criterios de calidad y diversificación. De esta forma, el sistema se aseguraba también unos ingresos añadidos por la rentabilidad que generaban esas inversiones. Cuando la Seguridad Social entró en déficit y los ingresos por cotizaciones no fueron capaces de sufragar todo el gasto en pensiones, lo que se hizo fue pagar las 'extras' de los pensionistas con el Fondo. Para ello, se vendía parte de esa deuda cuando era necesario y se transfería la liquidez obtenida a los jubilados.
Las necesidades de gasto de las prestaciones han hecho necesario recurrir a estos fondos cada mes de julio y diciembre desde 2012. Actualmente, quedan en la ‘hucha’ unos 15.000 millones de euros, después de que la Tesorería General de la Seguridad Social haya dispuesto este martes 936 millones de euros para hacer frente a la liquidación del IRPF correspondiente a las pagas ordinaria y extraordinaria de las pensiones de diciembre.
Solo en 2016, las disposiciones del fondo realizadas superan los 20.000 millones. No hay un cálculo oficial sobre cuándo se agotará el fondo, pero al ritmo actual ya no quedarán recursos disponibles a finales de 2017 o a mediados de 2018.
Sin embargo, como ha señalado Nadal, en la práctica, da lo mismo que el Fondo de Reserva enajene la deuda pública española en su poder para pagar las pensiones que el Tesoro Público emita directamente deuda en su lugar. Así pues, de llegar el caso de que el Fondo de Reserva se agote y las cotizaciones no sean suficientes para pagar las pensiones, "sería el sistema estatal el que financiaría al sistema de la Seguridad Social", ha resumido.
Desde el Ministerio de Hacienda piden prudencia ante la posibilidad de que la mejora del empleo permita que los ingresos por cotizaciones den el relevo al Fondo de Seguridad y permitan no tener que recurrir al Tesoro. Sin embargo, el Plan Presupuestario 2017 prevé que el déficit de la Seguridad Social se reduzca el próximo año del 1,6% del PIB al 1,4%, algo más de 2.000 millones de euros, contando con que se cumpla el objetivo para este año. Además, prevé que el gasto en pensiones aumente un 3%, frente a un crecimiento del empleo del 2,4%, medio punto menos que en 2016. Así, las cotizaciones sociales se situarán en el 12,2% del PIB en 2016 y en el 12,0% en 2017 .
Por otro lado, el secretario de Estado de Presupuestos ha descartado la creación de una figura impositiva para financiar las pensiones porque para ello ya están los cuatro grandes impuestos y cotizaciones, los "grandes ingresos" de la Administración.
El Gobierno se vuelca en pactar el rescate de las pensiones
Nadal ha explicado los pasos a seguir por el Gobierno en materia de pensiones al tiempo que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se reunía con la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT para tratar, entre otros asuntos, el de la solvencia del sistema de jubilación.
La reunión ha sido una mera toma de contacto, pero ha permitido ver cómo se posicionan los agentes sociales ante estas cuestiones. El punto de partida es que, como se incluía en los últimos documentos presupuestarios remitidos a Bruselas, el Gobierno aplicará escrupulosamente la reforma de las pensiones de 2013 y aplicará una revalorización del 0,25% en 2017 para todos los jubilados.
Gobierno, patronal y sindicatos se sentarán a negociar sobre pensiones en enero
Sin embargo, los sindicatos quieren una subida superior, al menos en línea con la previsión de IPC para el próximo año, que se sitúa en el 1,5%. Según ha explicado en rueda de prensa, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, las centrales “no se van a conformar con esta subida porque los pensionistas van a experimentar una merma considerable del poder adquisitivo”.
CCOO y UGT quieren centrar el debate del lado de los ingresos, tanto a corto como a largo plazo. En este sentido consideran que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 8% en 2017 o el incremento de las bases de cotización máximas del 3%, que “habrá que repercutir en las pensiones” de mayor cuantía, son “insuficientes” para incrementar a su vez los ingresos por cotizaciones que nutren las pensiones contributivas.
No obstante, como ha señalado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, será competencia de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo buscar fórmulas a futuro para solventar el problema estructural de ingresos, y ha llamado a dar marcha atrás en las últimas reformas, que se han centrado en mantener a raya el gasto en pensiones.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha apostado por sacar del sistema contributivo el pago de las pensiones de viudedad y orfandad, que suponen unos 20.000 millones de euros, frente a un déficit de la Seguridad Social que alcanzará este año unos 16.000 millones.
Los agentes sociales están llamados a sentarse en una mesa de negociación dedicada a las pensiones a partir de enero en la que también estará presente el Gobierno. En cuanto a las recomendaciones de la comisión del Pacto de Toledo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, espera que estén listas en “el medio plazo”.
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