Los bancos españoles cierran el año con los departamentos gestión de activos inmobiliarios y morosidad trabajando a pleno rendimiento. Antes del 31 de marzo han de presentar ante el BCE un plan estratégico a tres años en el que detallen cómo y a qué ritmo reducirán su cartera de activos improductivos -NPL (non performing loans)-, que al cierre de junio ascendía en conjunto a 199.000 millones de euros, según cifras del Banco de España.

El supervisor europeo, que para diseñar esta normativa abrió una guía a consulta pública que terminó el pasado 15 de noviembre, exige, además, que cada entidad remita trimestralmente informes sobre la evolución del plan y la morosidad.

Junto a ello, deberán presentar anualmente a la Supervisión Bancaria del BCE un resumen de la estrategia, los objetivos y el plan operativo para la reducción de los activos dudosos y los adjudicados

 Antes del 31 de marzo han de presentar al BCE un plan detallando cómo se desharán de sus activos improductivos

"Esta iniciativa supone que, inicialmente, serán las entidades, y no el supervisor, el que marque el ritmo y la estrategia de reducción de activos problemáticos", explica el Banco de España.

El supervisor nacional apunta que "las ventas no son la única herramienta para reducir los activos improductivos, ya que una gestión activa de cobros o financiaciones, unida a una sana política de provisiones y saneamientos, son también estrategias apropiadas".

Todas las entidades dentro del marco de supervisión, incluidas sus filiales nacionales e internacionales, deberán cumplir las recomendaciones de la guía que el regulador europeo remitirá próximamente a la banca, aunque -señalan- no variará mucho del borrador inicial.

Y, aunque el BCE señala que "una guía no es un instrumento vinculante", sí advierte de que "cualquier desviación de su contenido deberá ser explicada y justificada claramente cuando se solicite". Puntualiza que la guía es "un instrumento de supervisión que, en caso de no cumplirse, puede conllevar la adopción de medidas supervisoras".

El objetivo de esta normativa, explica el BCE en el borrador de la guía -la versión definitiva todavía no ha llegado a la banca, pero no espera que difiera significativamente-, es evaluar y analizar periódicamente el entorno operativo de las entidades para que éstas sean capaces de "reducir su stock de activos tóxicos de manera creíble, viable y oportuna".

La estrategia de las entidades deberá "incluir la fijación de objetivos cuantitativos por cartera y un plan de ejecución detallado. La guía les insta a establecer estructuras de gobernanza y operativas adecuadas para llevar a cabo una reestructuración eficaz de los activos improductivos, involucrando estrechamente a los directivos de la entidad, creando unidades de reestructuración especializadas y formulando políticas claras relativas a dicha reestructuración".

El regulador requiere que la banca se comprometa a establecer "medidas a corto y largo plazo sobre soluciones de refinanciación o reestructuración viables a fin de que las exposiciones retornen a una situación de pago sostenible. Paralelamente, orienta a las entidades sobre cómo medir el deterioro del valor y los saneamientos de acuerdo con las recomendaciones internacionales. Asimismo, describe las políticas, procedimientos y manera de presentar información que las entidades han de adoptar al valorar los bienes inmuebles mantenidos como garantía de los NPL (préstamos con incumplimientos)".

El lastre de los balances

Los activos dudosos y los adjudicados en pago de deudas en el sistema financiero español ascienden a alrededor de 199.000 millones de euros en junio de 2016 de activos improductivos mantenidos en balance, que no generan ingresos en la cuenta de resultados, según datos del Banco de España.

En el último año, este importe se ha reducido en un 12%, aunque aún representa un porcentaje significativo del activo total de los bancos en su negocio en España y constituye un elemento de presión negativo sobre la cuenta de resultados y la rentabilidad de las entidades, señala el regulador en el último informe de estabilidad financiera.

De acuerdo con los datos del último test realizado a la banca por la EBA (European Banking Authority), las seis mayores entidades españolas contaban con activos improductivos por importe de 122.524 millones, lo que supone un 16% de los 761.281 millones acumulados por el conjunto de sector europeo.

Santander contaba con 36.934 millones, seguido por BBVA y Popular, que entonces tenían en balance activos tóxicos por 25.359 y 18.198 millones de euros, respectivamente. Tras éstos, CaixaBank ha de reducir su exposición a 16.621 millones de préstamos con incumplimiento, mientras que Sabadell y Bankia tienen activos deteriorados por valor de 13.035 y 12.377 millones, respectivamente.