El Gobierno recula, pero sólo un poco. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital pretendía endosar a Telefónica la obligación de seguir gestionando las red de cabinas públicas y la elaboración de las guías telefónicas en papel durante tres años más, hasta finales de 2019. Pero al final la compañía sólo estará obligada a hacerlo al menos un año, pero con opción a otro más.

El Ejecutivo quería imponer el servicio a la compañía por tres años. Ahora lo reduce a un año, con opción a otro más

La actual concesión de ambos servicios expira el próximo 31 de diciembre, y el Gobierno tenía que encontrar una solución e imponer la prestación de ambos a una empresa después de que los concursos públicos convocados para adjudicarlos quedaran desiertos. La elegida ha sido Telefónica, que ya se encargaba de todo el paquete de servicios garantizados en el denominado servicio universal de telecomunicaciones. Su filial TTP seguirá gestionando las cabinas y Telefónica España seguirá ocupándose de la elaboración y reparto de los listines.

La Secretaría de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital elaboró sendas órdenes ministeriales en las que encargaba a Telefónica ambos servicios por tres años, a pesar de que los concursos públicos contemplaban su adjudicación por un único año, tal y como adelantó El Independiente.

La CNMC reclamó al Gobierno que limitara la imposición a un año, igual que en los concursos que quedaron desiertos

Los textos de ambas órdenes ministeriales fueron enviados por el Ejecutivo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que elaborara el informe preceptivo para su aprobación. Pero en dichos informes el supervisor reclamó al Gobierno que redujera la duración de la imposición a un año, la misma que se recogía en los pliegos de los concursos.

Ahora al ministerio comandado por Álvaro Nadal da una solución intermedia. Impone a Telefónica la gestión de cabinas y guías en principio por un año, pero con posibilidad de otro más -hasta finales de 2018- si ambas prestaciones siguen entonces formando parte del servicio universal, según se recoge en las órdenes ministeriales definitivas publicadas hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La designación se impone para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Y si este elemento no es suprimido del servicio universal o es modificado por la normativa nacional o comunitaria, se extenderá al 31 de diciembre de 2018. En los anteriores borradores de orden ministerial, en los que se contemplaba una duración de tres años, la salvedad la planteaba el Gobierno en sentido contrario: la obligación se establecía hasta el 31 de diciembre de 2019, pero podía reducirse y dar por terminada cuando deje de garantizarse por ley la supervivencia de las cabinas y de las guías.

La propia CNMC ha solicitado formalmente al Gobierno que se replantee el mantenimiento de ambos servicios dentro del servicio universal dado su escasa utilización. El uso de cabinas ha caído en picado en un país con más de 50 millones de líneas de teléfono móvil y la utilidad de los listines está en entredicho en la era de internet.

En paralelo, la Unión Europea ya trabaja en la elaboración de un Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas que recogerá un nuevo servicio universal comunitario que no incluirá la obligación de mantener ni las cabinas ni las guías. No es descartable que el nuevo código esté listo ya en 2017.

El actual servicio universal garantiza que tiene que haber como mínimo un teléfono público en cada municipio de 1.000 o más habitantes, a los que se sumaría uno más por cada 3.000 habitantes. En caso de localidades menores, habla de una cabina cuando esté justificado.

En España, según los datos de Telefónica, actualmente quedan 18.300 cabinas y las ciudades con mayor número son Madrid (unos 1.000 teléfonos), Barcelona (unos 500) y Las Palmas de Gran Canarias (unos 400). De ellas, de acuerdo con fuentes del sector, 12.000 ya no son rentables y las que lo son no cubren la rentabilidad del conjunto del servicio.