El caso de las tarjetas black concluye con la pena de cárcel decretada hoy para Miguel Blesa y otros miembros de la cúpula de Caja Madrid. Pero el ex presidente de la entidad afronta otros casos judiciales.

Por un lado, la Fiscalía Anticorrupción ha puesto recientemente el foco de nuevo sobre Blesa, cuando estaba al mando de Caja Madrid. El fiscal reclama cuatro años de cárcel para el expresidente de la caja por el reparto de sobresueldos a su cúpula directiva.

Asimismo, la Audiencia Nacional aún continúa con la instrucción –larguísima instrucción- de una pieza separada del caso Bankia en la que se investiga a la ex cúpula de Caja Madrid por la emisión de participaciones preferentes. El juez reactivó el pasado noviembre esa pieza solicitando al Banco de España las agendas de las reuniones que mantuvo con sus directivos entre 2008 y 2010, cuando Blesa estaba aún al frente de la caja.

En paralelo, la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella contra Blesa y una veintena de responsables de Caja Madrid por la concesión sistemática de hipotecas sobrevaloradas de alto riesgo. Pero el Tribunal Supremo ha decretado la inadmisión de este caso, por el que expresidente de la entidad podría haberse enfrentando a posibles delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita.

En los últimos años, Blesa ha visto cómo sí que se han sobreseído otras causas que pesaban contra él por otras zonas oscuras de su gestión, como la investigación por la compra del estadounidense City National Bank of Florida o por la concesión de un crédito de 26,6 millones al grupo Marsans –copresidido por Gerardo Díaz Ferrán, a la sazón también consejero de Caja Madrid-.