La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), una asociación independiente sin ánimo de lucro, cobrará una cantidad equivalente al 20% del dinero que recupere para sus afiliados en caso de acudir a los tribunales y ganar la demanda para que se le restituya lo abonado indebidamente. Ese porcentaje es superior incluso al que están aplicando algunos despachos privados de abogados por plantear esta misma reclamación.

Los titulares de hipotecas que quieran confiar a la OCU la recuperación en vía judicial del dinero indebido pagado a la entidad financiera deberán desembolsar inicialmente 200 euros (más IVA) para cubrir los honorarios de abogado y procurador, después de darse de alta como socio si no lo es ya. La organización ha lanzado una oferta por la que aquellas personas que quieran asociarse pagarían tan sólo dos euros en total hasta abril, fijándose la cuota desde entonces en 7,49 euros al mes hasta final de año.

Si el juez da la razón al demandante y avala la reclamación, el socio se compromete a entregar un 20% de la cantidad obtenida a la asesoría jurídica de la OCU, que le descontaría la cantidad entregada inicialmente. El afiliado sólo quedaría eximido de pagar ese montante si el banco es condenado en costas, puesto que en ese caso sería la entidad financiera la que sufragaría los honorarios de abogado y procurador de la parte contraria.

Despachos de abogados y organizaciones de consumidores se lanzan a por un negocio millonario

Éstas son las condiciones económicas que los empleados de la organización de consumidores detallan a los ciudadanos que demandan información, como ha podido comprobar un redactor de El Independiente. Es una tarifa muy similar a la que aplica en el caso de reclamaciones por gastos excesivos en la constitución de hipotecas, otra de las campañas que ha lanzado la OCU y que ya ha sido apoyada en su web por más de 22.800 personas.

Pese a presentarse como una organización sin ánimo de lucro, la tarifa que ha diseñado la OCU para reclamaciones judiciales por las cláusulas suelo es superior a la que cobran despachos de abogados por la prestación del mismo servicio. Los bufetes Arriaga y Rosales, dos de las firmas jurídicas más activas en derecho financiero, perciben el 15% del dinero que recibe su cliente si éste no logra que el juez condene en costas al banco.

Otros despachos han fijado los honorarios profesionales en una cantidad equivalente al 20% del dinero recuperado con un mínimo de 1.500 euros en caso de reclamación en los tribunales, obligando expresamente al cliente a ceder al bufete las costas del procedimiento -como se recoge en la hoja de encargo profesional- en caso de que así lo dictamine el juez.

Adicae cobra 90 € por la demanda colectiva y Facua fija una 'tarifa plana' de 340 €

Más de un millón y medio de españoles están afectados por el cobro de cláusulas suelo, lo que da una idea del negocio potencial que supone la reclamación de los cobros indebidos que durante años llevaron a cabo las entidades financieras a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 21 de diciembre. De acuerdo con ese fallo, procede la restitución de cláusulas suelo abusivas desde que se firmó el contrato de hipoteca, aunque se haya alcanzado ya la amortización completa.

Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) -la principal organización española de consumidores especializada en el sector bancario y financiero-  requiere que el cliente se asocie para poder incluirlo en una demanda colectiva. Para darse de alto como socio, ha de pagar tres euros al mes (36 euros al año) y una cuota única de 40 euros como inscripción inicial. Además, para iniciar el proceso, los afectados han de abonar 90 euros para costear los honorarios del procurador y abogado. Los afectados no tienen que pagar nada más a lo largo del proceso. Incluso si fuesen condenados a pagar las costas del juicio, sería la asociación la que las abonaría.

Actualmente, Adicae tiene recurrida una macrodemanda -la mayor de la historia contra el sector financiero-, que ganó en abril del año pasado, en la que representa a 15.000 afectados por cláusulas suelo. La sentencia, dictada por la juez de lo Mercantil de Madrid Carmen González Suárez, obliga a todos los bancos del país a devolver lo cobrado indebidamente desde mayo de 2013.

Gastos de formalización de hipotecas

En el caso de Facua-Consumidores en Acción, si no hay acuerdo extrajudicial, ofrecen la interposición de una misma demanda para reclamar tanto la devolución de la cláusula suelo como los gastos indebidos de formalización de hipoteca por 340 euros, más posibles gastos de desplazamiento de los abogados y los honorarios del procurador. Esa cantidad se recupera en caso de que haya condena en costas, siendo igualmente obligatorio ser socio (60 euros al año).

Más de 6.000 titulares de cláusulas suelo han demandado ya información a Facua, que ha abierto unos 3.000 expedientes de reclamación extrajudicial y espera una avalancha en próximos días. La duda es qué porcentaje de consumidores afectados terminará acudiendo a los tribunales después de que el Gobierno haya impulsado un procedimiento de acuerdo amistoso entre las entidades financieras y los clientes -aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes- que permitiría resarcir el perjuicio económico con mucha más celeridad que si se espera que un juzgado dicte sentencia.