El Gobierno ultima una auténtica revolución de los organismos reguladores. Una reforma confirmada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, hoy en el Congreso, y que va mucho más allá de la esperada partición en dos organismos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Pactada con Ciudadanos, la reforma afecta a todos los supervisores y servirá, según el Ejecutivo, para “reforzar la independencia” de todos ellos.

De Guindos ha confirmado la escisión de la CNMC en dos nuevas entidades, una que se encargará de la defensa de la competencia y de la unidad de mercado, y otra destinada a la supervisión de los sectores y mercados (singularmente los energéticos, el transporte aéreo y ferroviario, las telecomunicaciones y los servicios postales). Un cambio que da marcha atrás a la unificación en un solo superregulador aprobada en 2013 por el anterior Gobierno del PP.

Asimismo, ha detallado De Guindos, se reforzará el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al integrar en el supervisor bursátil también las labores que hasta ahora desarrolla el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía.

La reforma de los organismos reguladores servirá también para la creación de dos nuevos centros. Según ha confirmado el ministro, el Gobierno impulsará la constitución de una Agencia de Seguros Independiente, lo que servirá para imponer una supervisión tripartita en el mercado financiero: un supervisor para la banca, otro para los valores y otra para seguros.

Asimismo, el Gobierno creará una Autoridad de Protección al Ahorrador e Inversor Financiero, que servirá para unir en un organismo específico la labor que desarrollan ahora los servicios de reclamaciones y protección del inversor repartidos en el Banco de España, la CNMC y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

En paralelo, se establecerá un nuevo sistema de nombramientos de los altos cargos de los reguladores. Los responsables de los organismos han de ser votados por mayoría simple en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Y se creará una comisión de nombramientos, integrada por expertos independientes, que ha de valorará la idoneidad de los candidatos propuestos por el Gobierno.