Ciudadanos no quiere la Ley de Contratos Públicos en vigor, que según la bancada naranja en el Congreso de los Diputados ha permitido la proliferación de casos de corrupción y clientelismo político, sobrecostes y despilfarro. Y por eso esta formación enmendará la propia ley -un texto refundido de 2011 con sucesivas modificaciones posteriores- y pedirá el apoyo de todos los partidos, PP, PSOE y Unidos Podemos principalmente. "El mercado de contratos públicos supone nada menos que el 20% del PIB, un tamaño gigantesco", destaca Fernando Navarro, el diputado que trabaja en la propuesta.

La proposición contendrá una batería de medidas "resueltas a erradicar la cultura del modificado de obra", esto es, los cambios sobre la marcha de los contratistas privados para reclamar más dinero del presupuestado a las Administraciones Públicas en un proyecto determinado. "Creemos que es posible llegar a un entendimiento desde PP hasta Podemos", confía Navarro, diputado por Baleares.

Ciudadanos quiere un regulador "estilo CNMC" para evitar la distorsión de la competencia

El partido liderado por Albert Rivera pondrá sobre la mesa un par de medidas estrella: crear una suerte de regulador "estilo CNMC" para evitar que el capital público "distorsione la competencia y perjudique a la eficacia" de las partidas destinadas; y potenciar la Oficina de Evaluación, un ente que ya existe pero que según Fernando Navarro está vacío de contenido. Y habrá otros planteamientos en el texto, como evitar que el Estado se haga cargo de todas las pérdidas en caso de quiebra de una concesionaria "como ha sucedido con las autopistas de peaje".

El diputado de Ciudadanos Fernando Navarro.

"Hay que buscar alguna fórmula que no obligue a la administración a asumir automáticamente el riesgo", señala el representante balear. "Y también hay que definir correctamente los riesgos que tienen algunos proyectos. La ley supuestamente lo hace pero no funciona".

Las contrataciones públicas constituyen el 20% del PIB

El Ministerio de Fomento es el campeón del sobrecoste: decenas de obras a cargo de Adif relacionadas con la alta velocidad permanecen varadas o al ralentí, caso del túnel de Pajares entre Asturias y León, la Y vasca, el Corredor Mediterráneo, los accesos a Granada... Igualmente están los aeropuertos sin aviones o las autopistas de pago en bancarrota.

"Las imperfecciones o ineficacias pueden reducir la tensión competitiva", alerta el diputado naranja. "Por eso queremos una autoridad reguladora, teniendo en cuenta que los mercados de las telecomunicaciones o el de la energía ya la tienen y que hay en juego mucho dinero de todos".