El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) parece dispuesto a allanar el camino para que las centrales nucleares españolas puedan ampliar su vida útil a muy largo plazo. Lo está haciendo cambiando sus propias normas de uso interno, y ahora también reclamando al Gobierno que lo haga igualmente.

El presidente del CSN, Fernando Marti Scharfhausen, ha enviado cinco cartas al ministro de Energía, Álvaro Nadal, en las que le solicita que apruebe cambios en el texto de las autorizaciones de explotación de cada una de las centrales nucleares españolas. Unos cambios que servirían para establecer nuevos requisitos de seguridad ligados al envejecimiento de las instalaciones y, al tiempo, introducir cambios en la tramitación de las renovaciones para facilitar que las plantas puedan funcionar más allá de los 40 años (hasta los 60 o incluso más, con la única condición de pasar una revisión de seguridad al menos cada década).

El presidente del CSN pide en cinco cartas reformar los permisos vigentes para adaptarlos a una nueva norma que facilita la ampliación

Las cartas, a las que ha tenido acceso El Independiente, están firmadas por Marti el pasado 1 de febrero, pero fueron enviadas al Ministerio de Energía oficialmente el 7 de febrero (según la fecha de salida del Registro General del organismo), tan sólo un día antes de que el CSN diera el visto bueno a la polémica reapertura de la central de Garoña. En las misivas, el presidente del supervisor nuclear propone al ministro de Energía una nueva redacción de uno de los apartados de las autorizaciones vigentes de todas las centrales del país (Almaraz, Ascó I y II, Vandellós II, Cofrentes y Trillo).

Un cambio en el articulado de las licencias que establece nuevos requisitos de seguridad de cara a las renovaciones -según diferentes fuentes incluso más exigentes que los actuales de cara al envejecimiento de las instalaciones por su uso a largo plazo- y, en paralelo, que acabará permitiendo que las futuras renovaciones puedan aprobarse por el plazo que el Gobierno considere oportuno (15, 20, 25 años…) o incluso sin ningún límite temporal, frente al máximo de 10 años que hasta ahora estaba fijado.

Ampliar la vida de las centrales sin poner límites

El Consejo de Seguridad Nuclear hace esa petición expresa al Ministerio –el único con potestad para reformar el contenido de esas autorizaciones, al tratarse de órdenes ministeriales- con el objetivo de adecuar el proceso de las futuras renovaciones de las licencias y las próximas revisiones de seguridad de las centrales a una nueva norma interna del CSN.

Pero lo curioso es que la reclamación por carta al Gobierno llega incluso antes de que el supervisor haya aprobado esa nueva norma interna. El CSN trabaja aún en la aprobación de una reforma de la normativa que regula las revisiones que sus inspectores realizan en las plantas (denominada Guía 1.10), pero la aprobación de la guía no será efectiva hasta dentro de un par de meses, según la estimación de varias fuentes internas del organismo.

La nueva norma a la que el organismo pide adecuar los permisos aún no está aprobada. Pero ya se piden los cambios

El último borrador del nuevo texto de la Guía 1.10 establece nuevas exigencias de seguridad y también hace posible que los permisos de explotación de las centrales que se concedan a partir de ahora por parte del Gobierno a las compañías eléctricas puedan ser por más de 10 años (el límite técnico que se reconoce actualmente), como ya adelantó El Independiente.

Hasta el momento, para que el CSN diera su visto bueno a que el Ejecutivo aprobara la renovación de la licencia de una central era necesario contar con una Revisión Periódica de Seguridad (RPS) realizada por el supervisor. Estas revisiones seguirán realizándose como hasta ahora al menos cada 10 años, pero el pleno del CSN se dispone a introducir los cambios necesarios para que las propias revisiones no sean obligatorias en cada renovación de licencia.

Hasta ahora, el CSN se autoprohibía dar informes positivos sobre las licencias de las centrales referentes a periodos superiores a 10 años (al obligarse a que esos informes siempre fueran acompañados de una RPS), y con ello se impedía que el Ejecutivo pudiera ampliar los permisos por encima de ese límite. Hasta ahora.

En el último borrador del texto de la Guía 1.10, el CSN ha eliminado la garantía de que renovaciones y revisiones vayan siempre asociadas. Un cambio que había sido propuesto durante la tramitación por la patronal de las eléctricas Unesa y finalmente adoptado por el supervisor, según se recoge en la documentación hecha pública por el CSN sobre el proceso de actualización de la guía.

Garoña, sólo el primer paso

El pleno del CSN acaba de aprobar el dictamen con el que avala la viabilidad técnica de la reapertura de la central de Garoña, y lo ha hecho por primera vez sin fijar un límite temporal a esa futura reactivación. Esto es, el Gobierno puede ahora conceder la nueva autorización de explotación a los dueños de Garoña (Iberdrola y Endesa) por el tiempo que considere oportuno, con la única condición de que la central pase una revisión de seguridad cada diez años. Ahora el CSN quiere ampliar este nuevo marco regulatorio a todas las centrales nucleares del país.

De hecho, fuentes del sector achacan las prisas del CSN para que el Gobierno introduzca cambios en las autorizaciones, incluso sin esperar a que la nueva normativa esté vigente, a la intención de que llegar a tiempo al proceso de renovación de la licencia de Almaraz (Cáceres), que arrancará el próximo julio.

Es ésta la siguiente central en tener que solicitar la renovación de licencia. El actual permiso expira en 2020, y los planes de los dueños de Almaraz –controlada por Iberdrola con un 52,7%, Endesa con un 36% y Gas Natural Fenosa con un 11,3%- pasan por activar el proceso para la renovación de su licencia de explotación a mediados de este año.

En julio de 2017 Almaraz remitirá al CSN el primer informe preceptivo para obtener la nueva licencia y en julio de 2019 se completará el proceso con un segundo informe, según el calendario previsto por la compañía.