Javier Aríztegui, subgobernador del Banco de  España entre abril de 2009 y junio de 2012, es uno de los directivos del supervisor del sistema financiero que tendrá que declarar como imputado por la controvertida salida a bolsa de Bankia en julio de 2011. Ante el giro que ha dado el caso, su actual puesto de trabajo dentro del BCE está en el punto de mira.

Aríztegui, miembro del Comité Administrativo de Revisión del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), podría ver peligrar su cargo, en virtud del Código ético que defiende el BCE, la institución de la que depende el organismo al que pertenece desde 2014.

La dimisión de tres directivos del Banco de España es un precedente que mete presión al BCE

De hecho, los tres imputados por el caso Bankia que seguían trabajando en el Banco de España presentarán hoy su dimisión, tras conocerse ayer que deberán declarar por las dudas que despierta su actuación en el proceso de salida a bolsa de Bankia. Son Mariano Herrera García-Canturri, hasta ahora director general de Supervisión; Pedro Comín, director general adjunto de Supervisión; y Pedro González, responsable de uno de los equipos actuales de inspección del centro.

El BCE exige honorabilidad a los altos cargos de la banca y pone el foco en procesos judiciales

La dimisión estos tres directivos es un precedente que mete presión al BCE. Según el Código de conducta de los miembros del Consejo de Supervisión del organismo europeo, "los miembros y los demás participantes en las reuniones del Consejo de Supervisión informarán al Comité deontológico del BCE de cualesquiera impedimentos para el pleno cumplimiento del presente código de conducta, incluidos los originados por normas jurídicas nacionales con él incompatibles".

Además, el pasado mes de noviembre, el BCE publicó un proyecto de guía para la evaluación de la idoneidad de los miembros de los órganos de administración de las entidades de crédito. Aunque el ámbito de actuación se refiere a los bancos supervisadas, fuentes financieras señalan que el regulador debería aplicar los mismos criterios o, incluso, elevar las exigencias a sus propios miembros.

La citada guía señala que "los miembros del órgano de administración deberán cumplir en todo momento el requisito de honorabilidad comercial y profesional [...]. Dado que una persona puede ser honorable o no serlo, no es posible aplicar el principio de proporcionalidad a este requisito ni a su evaluación, que debería realizarse de manera uniforme para todas las entidades".

Añade que "se considerará que una persona designada cumple el requisito de honorabilidad cuando no existan pruebas que indiquen lo contrario ni motivos para albergar dudas razonables sobre su honorabilidad (presunción de inocencia). Si la conducta personal o profesional de la persona designada plantea alguna duda sobre su capacidad para garantizar una gestión buena y prudente de la entidad de crédito, la entidad supervisada y/o la persona designada deberán informar al supervisor, que evaluará la gravedad de las circunstancias".

La guía también incide en los procesos judiciales. "Los procedimientos judiciales penales o administrativos, tanto abiertos como concluidos, pueden tener un impacto en la honorabilidad de la persona designada y en la reputación de la entidad supervisada, incluso si el nombramiento tiene lugar en un Estado distinto de aquel en el que sucedieron los hechos relevantes", señala.

"Aunque existe la presunción de inocencia, el simple hecho de que una persona esté procesada es relevante para la honorabilidad. La conclusión del procedimiento tendrá impacto si el fallo es desfavorable para la persona designada. Incluso si es favorable, el supervisor puede examinar las circunstancias que motivaron el proceso a fin de determinar si afectan a la honorabilidad", sostiene.

"Por tanto, se debe informar siempre al supervisor sobre los procedimientos judiciales. Sobre la base de toda la información relevante disponible, el supervisor valorará la importancia de los hechos y el impacto en la honorabilidad de la persona designada y en la reputación de la entidad supervisada", explica.