Bankia y el FROB han trabajado mano a mano durante el juicio de las tarjetas black como acusaciones particulares para conseguir una sentencia condenatoria. Mano a mano pero con diferencias. Porque la entidad financiera y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria –a la postre, el Estado- se han disputado durante todo el proceso la devolución de los 12 millones gastados por los 65 acusados con sus tarjetas opacas.

La Audiencia Nacional establece en la sentencia, hecha pública hoy, que sea Bankia la receptora de los importes gastados por los condenados y que en sus cuentas se ingresen el dinero que habrán de devolver.

Tanto la entidad financiera como el fondo público –dependiente del Ministerio de Economía- reclamaban para sí el cobro de los 12 millones de euros al considerarse como perjudicados directos de la utilización ilícita de esos fondos por parte de los 65 ex consejeros y ex directivos de Caja Madrid y de Bankia.

Pero los magistrados han dado finalmente la razón a Bankia, y se queda sin esos fondos el FROB, que fue el vehículo utilizado por el Estado para rescatar a la propia Bankia en julio de 2012.

“Si los activos, el negocio bancario y el patrimonio de la entidad en lo que a cartera de clientes, oficinas, productos financieros y resto de actividad de esa naturaleza de Caja Madrid se segregaron en BFA [Banco Financiero y de Ahorros], y de ahí a la era su filial Bankia, es la perjudicada esta entidad”, sostienen los jueces en la sentencia.

Y la perjudicada es Bankia “en cuanto que ostenta el derecho de crédito, derivado de esa parcela negocial de la que se desprendió en su día Caja Madrid, y entre los que se incluye el importe de las disposiciones de las tarjetas objeto de ese procedimiento”, se establece en la sentencia.

El agujero se lo quedó Bankia y lo tapó el FROB

El abogado de Bankia en el juicio, Joaquín Burkhalter, ha venido subrayando durante todo el proceso ante el tribunal que la Fundación Montemadrid (antigua Caja Madrid) dejó de tener derecho a que se le devuelvan las cantidades gastadas con las tarjetas black al ceder todo el negocio bancaria al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), para después pasar de BFA a Bankia.

“El perjuicio derivado del delito de apropiación indebida se hizo contra el patrimonio de Caja Madrid. Y ese patrimonio de Caja Madrid, integrado en su negocio bancario, fue trasnmitido a BFA y a Bankia. Por eso el perjudicado es Bankia”, sentenció durante la presentación de sus cconclusiones. “El patrimonio que Caja Madrid aportó a Bankia fue necesariamente inferior en los 12 millones gastados con las tarjetas”. BFA, también personada como acusación particular, apoyó la pretensión de Bankia y le reconoce su derecho de crédito para reclamar esas cantidades.

Por su parte, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el vehículo con el que el Estado ejecutó el saneamiento del sistema financiero español, intentó dar un paso más en ese relato y reclamó su derecho a recibir lo que se gastó con las tarjetas black porque, sin ese gasto, la cuantía de la inyección que realizó para reestructurar Bankia habría sido 12 millones inferior. El FROB es actualmente el propietario del 65% de las acciones de Bankia tras la intervención pública de la entidad en 2012.

El abogado del FROB, Fernando Aizpun, proclamó que el fondo es el perjudicado final de los delitos cometidos por los acusados. Según su argumentario, el FROB se vio obligado por ley a ejecutar el saneamiento de Bankia en 2012, con un coste de 23.000 millones de euros de fondos públicos, y si los acusados no hubieran utilizado de manera delictiva sus tarjetas de empresa, la salvación de la caja habría sido menos costosa para el erario público.

“Sin estas irregularidades, la inyección necesaria de fondos públicos, aportados por todos los contribuyentes, habría sido menor. La intervención de Bankia no fue obligada, fue por mandato de la ley, y requerida por el carácter sistémico de la entidad. Existe una causalidad directa entre el perjuicio causado al FROB al tener que sanear Bankia y los hechos delictivos” que se estudian en el juicio, ha proclamado el abogado del fondo público.

Pero la Audiencia Nacional no admite ese paso más allá. Y considera que el perjudicado del quebranto del patrimonio por el gasto realizado con las tarjetas black es la propia entidad (y, en todo caso, de manera indirecta su principal accionista, el FROB).