El Gobierno se ha marcado una doble meta sobre la que basculará la política energética. Por un lado, cumplir con los objetivos medioambientales y de cuota de energías limpias marcados por la Unión Europea. Y por otro, recortar los costes que soporta el sistema eléctrico.

“Todo lo que hagamos está condicionado por los objetivos medioambientales. Pero hay que cumplir con ellos al menor coste posible”, señalan fuentes del Ministerio de Energía. “La moderación de los costes va a ser el gran objetivo de este Ministerio”.

Y en esa tarea el Ejecutivo se plantea una reforma de los denominados pagos por capacidad, que son las ayudas de en torno a 700 millones de euros cada año que pagan los clientes con su recibo y que reciben las compañías eléctricas por tener centrales de gas y de carbón para cubrir las puntas de demanda que las otras tecnologías de generación no pueden atender.

Las centrales que queman gas natural y carbón para producir electricidad están infrautilizadas, produciendo apenas un 10% de su capacidad, dado que las centrales nucleares, las energías renovables y las hidroeléctricas generalmente se bastan para atender la demanda eléctrica.

Sin embargo, dado que las energías renovables pueden sufrir un parón de producción (por no haber suficiente viento, como sucedió el pasado enero en pleno subidón del precio de la electricidad), hace falta que haya plantas que sean capaces de funcionar en cualquier momento. Es el caso de las centrales térmicas, que pueden activarse en cualquier momento y es por ello que se reconocen esas ayudas para compensar a las eléctricas tenerlas disponibles aunque generalmente sin producir.

Una “revisión profunda” de los pagos

“Hay que hacer una revisión profunda del sistema de pagos por capacidad. Necesitamos darle una gran vuelta para que sea más razonable.”, apuntan fuentes del departamento que dirige Álvaro Nadal. “El gran problema es que son demasiadas plantas”.

El Gobierno, en cualquier caso, sigue defendiendo la utilidad de tener disponibles las centrales térmicas y de mantener el sistema de pagos por capacidad para asegurar energía de respaldo suficiente para compensar la intermitente producción de las renovables. “Si se tiene poca capacidad de interconexión con otros países, como es el caso de España, los pagos por capacidad siguen siendo necesarios”.

En 2001 empezó a haber conatos de apagones en España y la capacidad de generación parecía insuficiente para una economía que crecía con vigor. Desde 1987, cuando se abrió la última de las centrales nucleares, la de Trillo (Guadalajara), y hasta 2002, cuando se empezaron a construir nuevas centrales de gas, la potencia instalada en España se había mantenido prácticamente sin cambios.

Y las compañías eléctricas, aupadas por unas previsiones del Gobierno de crecimiento de la demanda eléctrica que hoy se han demostrado absurdamente exageradas, se lanzaron a construir nuevas centrales de ciclo combinado. Las nuevas centrales construidas y el posterior boom de renovables finalmente ha derivado en que España hoy cuente con una potencia instalada cercana a los 100.000 MW, un exceso teniendo en cuenta que la demanda máxima se sitúa en los 45.000 MW.

La ‘herencia’ que lo condiciona todo

Rebajar los costes del sistema eléctrico es fundamental para elevar la competitividad de la economía nacional, que sufre el tercer recibo de la luz más caro de Europa. Pero desde el Gobierno se esgrime los problemas que se encuentra para conseguirlo por la gran “herencia” de políticas pasadas que engordan los costes del sistema.

El sistema soporta unos costes de unos 7.000 millones de primas a renovables y cogeneración cada año y otros 2.500 millones más para pagar la enorme deuda y los intereses ligados a ella (el famoso déficit de tarifa).

En total casi 10.000 millones que son los que El Ministerio de Energía considera una “herencia de las políticas del pasado” que recortaría su margen de maniobra para impulsar rebajas en los peajes de acceso, la parte del recibo de la luz que determina el Gobierno. Una herencia que desde el Ministerio se vincula directamente con la política de expansión de las renovables con los Gobiernos socialistas, en un momento en que la tecnología aún era muy cara.

Además de esos costes heredados, el sistema asume unos 13.000 millones de costes variables por la producción de energía. Y también unos unos costes fijos de unos 7.500 millones para pagar las redes (transporte y distribución) y 900 millones para asumir el sobrecoste energético de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla (otros 900 millones para esta partida se incluye en los Presupuestos Generales del Estado).

“Los costes fijos del sistema deberían ser los 7.500 millones del pago de las redes y unos 3.000 millones por todo lo demás: primas a renovables, deuda y extrapeninsulares”, se esgrime desde Energía. “Es que si no se hubiera corrido tanto con las renovables y se hubieran implantado a los precios actuales, las primas que reciben estas energías no serían de 7.000 millones, sino que pagaríamos apenas entre 500 y 600 millones al año. Ésa es la razón de tener uno de los recibos más caros de Europa”.

Subasta de renovables

El Ministerio prepara una nueva subasta de energías renovables para construir instalaciones con una potencia conjunta de 3.000 megavatios. Según sus previsiones, las propuestas de las compañías que pujen estarán “muy cerca de los precios de mercado” y requerirán primas de apenas 30 o 40 millones al año.

El Gobierno defiende su decisión de hacer que la subasta se realice con el criterio de neutralidad tecnológica. Esto es, sin fijar cupos concretos para eólica, fotovoltaica o biomasa, sino que ganarán la puja las ofertas más baratas sin importar qué tipo de tecnología se utilicen. “Si se puede conseguir el objetivo de aumentar las renovables a un coste más barato, ¿por qué vamos a financiar proyectos más caros?”, apuntan desde el Ministerio. "Objetivos ambientales, sí; pero siempre al menor coste".