El futuro de Popular es incierto. Una hipotética nueva ampliación de capital, alternativa que barajaba la entidad para alcanzar los niveles de solvencia exigidos por Europa, se perfila como una opción cada vez menos plausible y castigaría todavía más a los accionistas por la dilución que supondría la operación.

"Una ampliación de capital no es una opción a corto plazo por el riesgo de litigio con los inversores minoristas y la falta de credibilidad entre los inversores institucionales", explica la firma de inversión Alantra.

Los expertos señalan que Popular ha perdido la confianza de los inversores institucionales

Asimismo, considera que "la fusión no es una prioridad ahora", por lo que "nuestro escenario central es que el nuevo presidente trate de reducir el tamaño del problema [los activos tóxicos] con el fin de ganar tiempo y, posteriormente, elegir entre las alternativas partiendo de una posición más fuerte".

Algunos expertos consideran que los inversores que respaldaron la operación por importe de 2.505 millones de euros tienen argumentos para poner en duda que el folleto relativo a la emisión de nuevas acciones, registrado en la CNMV, recogiese con suficiente transparencia los riesgos que afrontaba el banco.

Por ejemplo, el documento advierte de unas "pérdidas contables en el entorno de los 2.000 millones de euros en el ejercicio 2016, que quedarían íntegramente cubiertas, a efectos de solvencia, por el aumento de capital". Finalmente, los números rojos ascendieron hasta cerca de 3.500 millones de euros.

El folleto de la anterior emisión advertía de pérdidas por 2.000 millones, cuando llegaron a los 3.500

Asimismo, el folleto señala factores de incertidumbre -cambio en la normativo de provisiones, crecimiento mundial, baja rentabilidad del sector financiero, inestabilidad política e incertidumbre sobre los procesos judiciales que afronta Popular- que "podrían dar lugar a provisiones o deterioros durante el ejercicio 2016 por un importe de hasta 4.700 millones de euros". Esta cifra se situó en los 5.692 millones de euros.

Los riesgos esbozados por Popular quedaron lejos de la realidad, "algo que no se justifica en un entorno de crecimiento económico superior al 3% como el que vivió España en 2016 y de creación de empleo", señalan fuentes del sector financiero.

El folleto de la ampliación también asegura que el banco tiene "intención de reanudar los pagos de dividendos (tanto en efectivo como en especie) tan pronto como el grupo informe de resultados consolidados trimestrales positivos en 2017 [...] El banco ha determinado como objetivo una ratio de pago de dividendo en efectivo del 40% para 2018". La promesa de esta remuneración se ha quedado en el aire y, según varios analistas, es probable que el dividendo no llegue hasta 2019 o 2020.

Días antes de que se cerrase la ampliación de capital, en junio de 2016, Francisco Sancha, director general financiero del banco, señaló en una entrevista a Expansión que "el precio de la acción no estaba reconociendo el valor intrínseco de Popular, de su fortaleza como franquicia en pymes. Estábamos cotizando en el entorno de 0,58 valor en libros, cuando con estos números deberíamos estar por encima de 0,8".

El ejecutivo consideraba que "tanto para el institucional como para el particular, no hay mucha más explicación que la de que van a ganar dinero [acudiendo a la ampliación de capital] cuando estamos adelantando un ROTE (rentabilidad sobre capital tangible ) del 9% en dos años. Y a esto se añade que vamos a dar un pay out (porcentaje del beneficio destinado a remunerar al accionista) en efectivo cercano al 40% no más tarde de 2018. El accionista va a sufrir una dilución al principio, pero en dos o tres años habrá recuperado la inversión".

La pobre evolución de los títulos de Popular ha movido a algunos accionistas minoritarios a movilizarse para exigir responsabilidades al equipo gestor, tal y como manifestaron en la junta de accionistas del pasado 20 de febrero.

Desde AEMEC (Asociación de Accionista Minoritarios de Empresas Cotizadas) consideran que los inversores de Popular, al igual que los de cualquier empresa cotizada, pueden acogerse a la Ley del Mercado de Valores, si se demuestra que la información del folleto de la ampliación de capital no es exacta y hubo ocultación o maliciosidad en cómo se planteó. En este caso, los accionistas pueden demandar directamente a la compañía.

Otra vía para iniciar acciones legales, regulada por la Ley de Sociedades de Capital y restringida para accionistas que tengan, al menos, el 3% del capital, contempla la demanda al equipo gestor, si se demuestra que hubo actuación negligente, señalan desde AEMEC.

Nuevo director adjunto a la presidencia

Por otro lado, Emilio Saracho, presidente del banco, ha comenzado a formar su equipo con el primer fichaje de calado. El martes la entidad anunció el nombramiento de Miguel Escrig como director general adjunto a presidencia, un cargo de nueva creación.

El ejecutivo era, hasta octubre del año pasado, director financiero de Telefónica, grupo en el que ha ocupado diversas responsabilidades desde 1999.

Previamente, Escrig desarrolló su carrera, como Emilio Saracho, en Santander y JP Morgan, entre otras entidades.