Gas Natural Fenosa se prepara para una larga batalla legal al objeto de conseguir que Colombia pague una indemnización justa para lo que en la práctica es una expropiación de una de sus filiales en el país. El Gobierno colombiano intervino Electricaribe –controlada en un 85% por Gas Natural- el pasado noviembre y ahora se dispone a liquidar la sociedad y subastar sus activos por la imposibilidad de prestar el servicio en condiciones ante la situación de morosidad y fraude masivo.

El grupo presentará una demanda en las próximas semanas ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, para reclamar una indemnización al Estado colombiano de entre 800 y 1.000 millones de euros. Colombia entrará así en la lista negra de países denunciados por empresas españolas por conflictos de inseguridad jurídica.

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Cuando Gas Natural Fenosa active el litigio, Colombia contará con cuatro casos abiertos en el tribunal de arbitraje internacional. El país latinoamericano había recibido hasta ahora denuncias del América Móvil -el imperio de telecomunicaciones del mexicano Carlos Slim-, el gigante minero estadounidense Glencore y el grupo minero canadiense Eco Oro.

Una veintena de conflictos

Actualmente empresas españolas tienen 21 litigios activados de arbitraje ante el Ciadi (serán 22 cuando presente formalmente su queja Gas Natural Fenosa) con ocho países. Y otros 19 casos más han sido ya resueltos en los últimos años o retiradas las demandas por parte de las compañías tras un acuerdo, como el conflicto de Repsol y Argentina por la expropiación de YPF.

Algunos de los casos no resueltos, no obstante, están formalmente suspendidos a la espera de un acuerdo o lo están temporalmente tras un pacto provisional entre ambas partes (como por ejemplo la denuncia presentada por la propia Gas Natural contra Argentina).

La mayoría de los litigios abiertos por empresas nacionales son hijos de los años de inseguridad jurídica que sufrieron tras su expansión en Latinoamérica. Argentina cuenta con cinco causas pendientes (Abertis, Agbar, la antigua Marsans,…) y Venezuela con otras cinco (Valle Verde Sociedad Financiera, Agroinsumos Iberoamericanos, Luis García Armas…), así como Chile con un conflicto y México con otro (con Telefónica).

La última denuncia de una empresa española ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial la presentó la pasada semana la constructora OHL contra Kuwait. El consorcio en el que participa el grupo junto a las compañías italianas Rizzani  y Trevi reclama a la Administración kuwaití 230 millones de euros por los sobrecostes en la construcción de un viaducto en la capital del país.

España, el país con más denuncias del mundo

Lo más curioso es que las empresas españolas también cuentan con cinco litigios abiertos contra la propia España. Se trata de denuncias presentadas por consorcios en los que participan, junto a grupos o fondos de inversión internacionales, también compañías españolas.

De hecho, España es el país del mundo con mayor número de conflictos abiertos en el Ciadi fruto de las denuncias presentadas por la reforma eléctrica promovida por el Gobierno en la anterior legislatura.

En total, España tiene pendientes un total de 28 causas, por delante de las 21 denuncias que acumula Venezuela o las 14 que aún arrastra Argentina.