Aún no ha entrado en vigor el grueso de la reforma de las pensiones que bajará las prestaciones futuras -será a partir de 2019 con la puesta en marcha del denominado factor de sostenibilidad-, pero ya vuelven a esgrimirse las recetas de siempre para reducir los gastos en lugar de procurar mayores ingresos como hace el Gobierno para financiar el déficit de las Administraciones Públicas.

Aunque curiosamente fue el PP el que se opuso a ampliar la edad de jubilación que aprobó el PSOE (hasta los 67 años en 2027), el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha levantado una nueva polvareda política y social pidiendo otra revisión al alza de la edad de jubilación. A ello, se ha unido el ex presidente del Gobierno y del PP José María Aznar, que eleva la edad hasta los 70 años.

Mientras, en el Congreso de los Diputados, la Comisión del Pacto de Toledo sigue recibiendo a expertos para analizar los términos de una nueva actualización del sistema público. Sin embargo, según fuentes oficiales, los grupos políticos no han convocado a los técnicos de la Seguridad Social y ni siquiera han pedido datos económicos o estadísticos del sistema público que se suponen necesarios para elaborar posibles recomendaciones.

Cuanto más tarde, menos prestación

Entre esta información debería encontrarse la del colectivo más importante y que podría resultar más afectado por su número y proximidad a la edad de jubilación. Se trata de la información de los 5,2 millones de trabajadores entre 50 y 64 años, que llevan ya muchos años cotizando y contribuyendo con sus impuestos al sostenimiento del Estado. Este colectivo se encuentra en la peor de las encrucijadas porque se juega el resultado de su pensión en estos años.

Según fuentes sindicales, aunque la edad de jubilación en España se encuentra ya entre las más altas de la Unión Europea, un nuevo retraso reduciría sensiblemente las prestaciones futuras a las ya previstas, ya que añadiría a este grupo más dificultad para mantener el puesto de trabajo.

Los trabajadores de más de 50 años arriesgan hasta un 30% de su pensión si vuelve a retrasarse la edad de jubilación

Para Carlos Bravo, secretario de Protección Social y políticas Públicas de CCOO, "muchas empresas, sobre todo las más grandes, siguen desprendiéndose de estos trabajadores, los de mayor experiencia, para amortizar puestos de trabajo o realizar contrataciones más baratas con menores cotizaciones y sin antigüedad". Además, un nuevo retraso en la edad de jubilación acentuaría la inseguridad jurídica de los cotizantes, a los que se ha forzado a suscribir obligatoriamente el sistema público desde el inicio de su vida laboral, mientras que los distintos gobiernos han aplicado modificaciones permanentes para reducir la cuantía de la prestación en lugar de buscar nuevas fuentes de financiación.

La situación podría ser aún más complicada, porque en la actualidad muchos de estos trabajadores, en la frontera de los 60 años, están acelerando el proceso de anticipación de la pensión para consolidar una cuantía cuanto antes, que en todo caso será superior a la de próximos ejercicios. Por ejemplo, el factor de sostenibilidad reducirá entre 0,5% y 0,7% la prestación anual a partir de 2019. El miedo escénico se ha acentuado ante la próxima extinción del Fondo de Reserva y el cúmulo de rumores sobre una nueva reforma del sistema.

Según los sindicatos, elevar la edad de salida del mercado deterioraría la posible pensión a más de la mitad de estos trabajadores que ahora tienen más de 50 años por sus problemas de subsistencia en el mercado laboral así como de sus condiciones salariales.

Un 30% menos de pensión

En todo caso, los mayores de 50 años son, en estos momentos, los trabajadores que más dificultades tienen en cumplir los requisitos exigidos para consolidar la totalidad de la pensión por la que vienen cotizando durante muchos años. La destrucción de empleo indefinido durante la crisis, la precariedad actual, las dificultades para su reintegración al mercado laboral, así como los bajos sueldos y la reducción de bases reguladoras, se han asentado en este colectivo que en muchos casos se ve obligado a vivir del subsidio (que ha sido endurecido) y, si puede, a anticipar la pensión con la consiguiente pérdida (una media de casi el 8% por año adelantado). Según fuentes de CCOO, esta reducción puede superar el 30%.

Sólo la mitad de los españoles entre 50 y 64 años tienen actualmente algún tipo de empleo

Por ejemplo, una persona que ha trabajado gran parte de su vida laboral (al menos los últimos 20 años, que son los que ahora se toman para el cálculo de la prestación) con un sueldo medio de 1.200 euros al mes, cobraría una pensión de unos 1.150, siempre y cuando se mantuviera hasta la edad legal de jubilación (65 años y cinco meses en 2017) en ese puesto o similar. Sin embargo, si pierde el empleo con 55 años, pasará dos años en el paro y tendrá que acogerse al subsidio de 436 euros durante cuatro años (si su entorno familiar no supera los límites fijados) para después acceder a una jubilación anticipada a los 61 años. En este caso, la pensión a la que causaría derecho sería de unos 750 euros al mes, es decir, un 32% menos que la que obtendría si pudiera culminar con empleo y el mismo sueldo su vida laboral.

En este supuesto, al tratarse de un ERE, la empresa abonaría el convenio especial de cotización con la Seguridad Social durante cuatro años. Pero si este trabajador se encontrara en una empresa que no puede aplicar este esquema de despidos, el problema es mayor, porque deberá suscribir personalmente el convenio de cotización y esperar al menos hasta los 63 años de edad para anticipar la pensión con un descuento del 16%. Será siempre que tenga más de 36 años y tres meses cotizados. Por tanto, en estos casos la pérdida es considerable. Muchos trabajadores en este segmento de edad sólo consiguen consolidar una pensión cercana a la mínima.

Más de 5 millones de trabajadores 'mayores'

¿Quiénes componen este colectivo? Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2016, entre 50 y 64 años hay más de 9,2 millones de personas en España. Se trata de algo más del 20% de la población. Es la misma proporción que existe entre los que tienen entre 16 y 39 años y algo menos de la que hay en las generaciones intermedias de entre 35 y 49 años (24,5%), que son las que se irán incorporando paulatinamente al grupo de los mayores. En estas cohortes están ocupados 5,2 millones de trabajadores entre todas las variedades laborales. Lo que significa que sólo tiene algún tipo de empleo el 54% de estos españoles mayores de 50 años frente al 75% de quienes se encuentran entre 35 y 49. Además, la mayor parte tiene cargas familiares, hijos y en algunos casos hasta nietos en paro e incluso hipoteca.

¿Qué empleo tienen estos trabajadores? Representan el 28% del total de ocupados en España, casi nueve puntos más que al inicio de la crisis como consecuencia del avance demográfico ya que el mayor número de trabajadores se encuentra entre quienes tienen entre 35 y 49 años. Más atrás, apenas hay vida laboral. Lo que demuestra el envejecimiento de la población laboral y productiva y la falta de sustitución por jóvenes (el 40% de los ocupados en 2007 tenía menos de 34 años y ahora sólo representan el 24,7%).

Las dificultades para volver a trabajar: el 72% de los parados de más de 50 años llevan más de dos años buscando empleo

De esos 5,2 millones de trabajadores mayores, casi 1,2 millones son autónomos o empresarios sin asalariados, que suelen elegir su cotización. El resto, unos cuatro millones, tiene una nómina. Y, entre éstos últimos, hay más de 1,2 millones que son empleados públicos (798.000 en 2007), pero la mayor parte no cotiza a la Seguridad Social sino a Clases Pasivas (sistema de pensiones de los funcionarios). Por tanto, hay 2,8 millones de personas de este colectivo que trabajan en el sector privado (2,2 millones en 2007) y están en el régimen general. Por ese aumento generaciones, hay ahora un 28% de asalariados más en el sector privado que hace 10 años y un 53% más en el público. Pero, las condiciones laborales no han cambiado en nada para el sector público y sí mucho en el privado.

De esta forma, y como consecuencia de que en este segmento no hay apenas temporales ni empleo por horas en las administraciones públicas, sale que uno de cada cinco mayores de 50 años que trabaja por cuenta ajena en una empresa privada es temporal (más de medio millón) y que el 22% del total con contrato indefinido o eventual tiene jornada a tiempo parcial (620.000). Es decir, el colectivo se encuentra algo por debajo de la media nacional de temporales del conjunto del total de asalariados (26,5%) pero está siete puntos por encima de la media de los empleados totales por horas (15,3%).

Como sucede entre los más jóvenes, significa que la precariedad también se ha instalado en este alto segmento de edad. De esos 620.000 que tienen contrato por horas, el 60% (más de 370.000) ha aceptado este empleo porque no ha podido encontrar otro a jornada completa (al inicio de la crisis este porcentaje era del 28%). Otro dato curioso de que este colectivo está aceptando cualquier trabajo para no perder cotizaciones, que reduzca aún más su pensión, es que son el objetivo del 22% de los contratos temporales de un día que se realizan y del 12% de los de menos de un mes.

Uno de cada cinco, camarero o dependiente

¿Qué trabajo desarrollan? La mayor parte se encuentra ubicado en el sector de servicios, donde abunda el empleo precario, la rotación y los bajos sueldos. Así, uno de cada cinco asalariados mayor de 50 años es camarero o trabaja en un comercio (más de un millón). Otro 12% tiene un empleo en la industria manufacturera. Se trata, junto a la construcción, de una de las actividades que ha perdido empleo desde 2007 pesar del crecimiento del número de personas en esa edad. Por su parte, en las administraciones públicas, sanidad y educación (tanto públicas como privadas)  se encuentra el 28%.

Por profesión, sólo el 5,2% (unos 272.000) desempeña el cargo de director o gerente de empresa. Se debe sobre todo a que el grueso de gestores, directivos y consejeros españoles tiene una edad superior. Es otra de las contradicciones del mercado laboral. Según denuncian los sindicatos, las direcciones empresariales pretenden reducir costes laborales y  concentran el ajuste entre quienes tienen más de 50 años, pero al mismo tiempo mantienen sus puestos y en muchos casos las condiciones económicas anteriores a la crisis. Por su parte, técnicos y profesionales representan más del 26% de este colectivo (casi 1,4 millones). Además, un 14% (más de 700.000) tiene ocupaciones elementales, es decir, son meros peones y, por ejemplo, un 10% son contables  o administrativos.

¿Cuál es su formación? Los que más aguantan en el empleo, otra cosa son los sueldos, son los que tienen estudios medios. Así, el 55% de este colectivo acumula alguna etapa de educación secundaria. Le siguen los trabajadores con educación superior (34%). Y,  el resto (11%), figura por debajo de la educación primaria. El conjunto de estos trabajadores no apuesta  por mejorar la formación porque sólo 352.000 (casi un 7%) cursa algún tipo de estudios.

¿Cuántos parados hay? Cuando comenzó la crisis había 253.000 desempleados entre 50 y 64 años. Ahora, aunque han mejorado algo las cifras, hay 1.037.600. Es decir, se ha multiplicado por cuatro y uno de cada cuatro parados españoles se encuentra ya en este tramo de edad. La tasa ha pasado del 5,7% en 2007 al 16,5% en 2016. Y que estos trabajadores tienen difícil subirse al carro laboral lo demuestra el siguiente dato: al inicio de la crisis, el 44% llevaba más de dos años buscando empleo, y ahora la cifra es del 72%.