El Tribunal Supremo deja en el aire (de momento) el futuro del aeropuerto de Madrid-Barajas. El Alto Tribunal ha terminado las deliberaciones sobre los diferentes recursos sobre cómo cumplir su propia sentencia en la que solicitaba el "cese" de los ruidos provocados por los aviones al sobrevolar la urbanización de Santo Domingo, en el municipio de Algete. Pero aún no aclara cómo hacerlo.

Según explica el tribunal en una escueta nota informativa, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha decidido rechazar la prohibición total de los sobrevuelos sobre la urbanización de aviones que operan en la pista 18R/36L del aeropuerto madrileño. Y, asimismo, también rechaza la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de exigir que Aena -el gestor de los aeropuertos españoles- aplicara la sentencia reduciendo un 30% de los sobrevuelos de la zona afectada por el ruido.

Ni prohibir absolutamente las operaciones ni hacer caso al TSJM y reducirlas un 30%. Pero el Tribunal Supremo no ha desvelado cómo pretende que se cumpla su propia sentencia y cómo conseguir el "cese" de los ruidos. El Alto Tribunal aclarará en una resolución que emitirá "en los próximos días" cómo deberá la Administración la sentencia. Así que, de momento, el futuro de Barajas sigue en el aire.

El futuro de Barajas

La decisión llega(rá) en un momento dulce para Barajas. La auténtica joya de la corona de la red de Aena marcó el año pasado un récord de 50,4 millones de pasajeros en 2016, un 7,7% más que el año anterior. El aeropuerto capitalino acumula 36 meses de incrementos consecutivos de su tráfico de viajeros, pero la decisión del Supremo amenaza con romper la progresión.

La propia dirección de Aena, las compañías aéreas –con Iberia y Air Europa a la cabeza, porque tienen en Barajas su gran centro de interconexión de vuelos-, e incluso la patronal CEOE llevan meses alertando de las graves consecuencias del cierre parcial o total de la pista 18R/36L del aeropuerto madrileño. El hachazo a la capacidad de operar vuelos del aeropuerto pone en jaque las operaciones del aeropuerto al completo y de las aerolíneas, complica que se ejecuten los planes de expansión de las compañías en la capital y pone en peligro la competitividad de Madrid en relación a otros grandes aeropuertos europeos.

La pista afectada es la más larga del aeropuerto y es la que utilizan por tanto los mayores aviones, los que se destinan a los vuelos de largo recorrido. Y aproximadamente una cuarta parte de todos los vuelos de Barajas tienen origen y destino en Latinoamérica, lo que convierte a Madrid en la gran puerta de Europa con este mercado.

Según las estimaciones que manejaba Aena, el recorte acumulado en el tráfico de pasajeros de Barajas podría alcanzar los 70 millones de viajeros hasta 2030, el impacto en el empleo podría suponer la eliminación de 14.000 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid y de cerca de otros 42.000 en toda España; y la medida tendrá un impacto directo en la actividad de 300 empresas que utilizan el aeropuerto para su negocio y  de las 80 aerolíneas que operan en él.

La patronal CEOE ya advirtió hace meses de que la limitación de la capacidad de los aeropuertos supone un riesgo para la economía, el empleo, la movilidad y para el turismo de Madrid y del resto de España. Según la asociación de empresas, Barajas se erige en la figurada principal empresa de la Comunidad de Madrid, siendo origen de una aportación de unos 18.000 millones al PIB de la región, un 10% del total.

Más de una década de batalla legal

La historia del conflicto legal viene de largo. De muy largo. En 2004, vecinos de la urbanización de Ciudad Santo Domingo, en el municipio de Algete, presentaron una denuncia por el exceso de ruido de los aviones que sobrevuelan sus casas, situadas a unos 18 kilómetros del aeropuerto de Barajas.

Tras un primer paso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en que el caso no prosperó, en 2008 el Tribunal Supremo dio la razón a los vecinos y solicitó el “cese” de las causas del ruido, que son los vuelos que vienen desde el norte para aterrizar en la pista 18R/36L, la mayor del aeropuerto madrileño.

En 2011 y 2013 el Supremo reconvino sendas decisiones del TSJM y  dictaminó que la sentencia no se había ejecutado. El actual presidente de Aena, José Manuel Vargas, y su antecesor, José Ignacio Lema, han llegado a declarar como investigados por presuntos delitos de desobediencia y contra el medio ambiente precisamente por no tomar medidas para cumplir con la sentencia y acabar con el ruido.

En una vuelta de tuerca, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid volvió a pronunciarse en 2014 clarificó cómo debía Aena ejecutar la sentencia. Entonces el TSJM estableció que el gestor de los aeropuertos debía recortar un 30% los vuelos que sobrevuelan la urbanización (sólo lo hacen cuando las operaciones se realizan con configuración sur, la menos habitual en Madrid). Un 30% en relación a los vuelos que lo hacían en 2004, entonces eran 20.730 aproximaciones. Pero unos meses después el propio TSJM accedió a suspender el cumplimiento de ese recorte de vuelos, y así es como se ha mantenido hasta ahora.

Después de varios recursos y contrarrecursos presentados por Aena y los vecinos, el gestor de los aeropuertos españoles, y por el propio Ministerio de Fomento, seguían sin tomar medidas para el recorte de los vuelos por ruido. La aplicación del auto del alto tribunal madrileño se encontraba hasta ahora suspendida.

La primera denuncia la firmaron hace trece años más de 300 vecinos. Sólo cinco han llegado a la recta final del proceso. La batalla ha sido larga, muy larga. El Supremo emitirá ahora su dictamen final, que, en principio, debería poner fin de manera definitiva al eterno conflicto entre Aena y la urbanización.