El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 no incluirá finalmente la creación de un impuesto sobre las bebidas azucaradas y carbonatadas ni los nuevos impuestos medioambientales que el Gobierno de Mariano Rajoy prometió a Bruselas para este año.

Estos cambios tributarios estaban llamados a recaudar hasta 700 millones de euros (600 y 200 millones, respectivamente) en un año en el que es necesario reducir el déficit de las administraciones desde el 4,33% del PIB al 3,1%, unos 13.000 millones de euros.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha atribuido este paso atrás a las presiones de su formación para que las cuentas anuales, cuyo proyecto de Ley se aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes, no incluyan nuevas subidas de impuestos.

Sin embargo, detrás de esta decisión también esta una mejora de la recaudación tributaria que ha permitido al Gobierno 'ceder' ante la formación naranja y, de paso, evitar o, al menos aplazar, otro encontronazo con Cataluña. Y es que el gobierno catalán iba a pedir una compensación al haber establecido un impuesto sobre las bebidas refrescantes similar en su territorio con anterioridad, en el mes de diciembre.

Según fuentes del Ejecutivo, es previsible que la recaudación se eleve en 20.000 millones de euros este año solo en lo que se refiere a impuestos y cotizaciones sociales por la mejora de la economía y del empleo. Según datos de Hacienda, los ingresos por estas partidas han aumentado en enero y febrero un 0,4% respecto al mismo periodo de 2016, hasta alcanzar los 19.357 millones.

Ciudadanos ya había denunciado también que el nuevo impuesto de bebidas azucaradas, que ya tenía incluso un diseño más o menos cerrado (los impuestos ambientales, no), partía de un error de planteamiento.

A su juicio, si lo que se pretendía con este impuesto era, como ha reiterado el Gobierno, desincentivar el consumo de bebidas perjudiciales para la salud, lo lógico habría sido elevar el tipo de IVA al que están gravadas del 10% al 21%.

No obstante, el horizonte abierto por la mejora de la recaudación y el cumplimiento holgado del objetivo de déficit en 2016 han sido un argumento a favor de Ciudadanos para convencer al Ejecutivo.

Hacienda y Cataluña evitan el choque

La legislación vigente limita la posibilidad de que impuestos similares de estas características coexistan en dos niveles diferentes de la administración. El departamento que dirige Cristóbal Montoro lo sabe y ya preparaba el terreno para, en la medida de lo posible, encontrar soluciones a través del diálogo.

Y es que la Ley de Financiación Autonómica (LOFCA) establece que “cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las comunidades autónomas, que supongan a éstas una disminución de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas”.

Por otro lado, tras la incertidumbre inicial, el último Plan Presupuestario remitido a Bruselas englobaba este tributo dentro del epígrafe de impuestos especiales. En este caso, las comunidades autónomas podrían obtener algo más del 50% de la recaudación líquida.

Un precedente que acabó en el Constitucional

Existe un claro precedente a esta cuestión que acabó en manos del Tribunal Constitucional. El anterior Gobierno central estableció un impuesto sobre los depósitos bancarios del 0,03% de aplicación desde 2014.

La razón esgrimida fue la necesaria preservación de la unidad tributaria en todos los territorios, más que un criterio recaudatorio. En concordancia con la Ley, el Gobierno procedió después a compensar a los territorios que ya tenían un tributo similar: Andalucía, Canarias y Extremadura.

Sin embargo, tras esta decisión, Cataluña y Asturias desarrollaron su propio impuesto sobre los depósitos y la cuestión derivó finalmente a los tribunales. En enero de 2015, el Tribunal Constitucional echó abajo el impuesto catalán en tanto que ya existía otro a nivel nacional, aunque fruto de la decisión del Gobierno de repartir los algo más de 300 millones de euros de recaudación de 2014 entre las comunidades autónomas en función del número de oficinas bancarias y los ahorros depositados, Cataluña fue la segunda comunidad más beneficiada.