España está ofreciendo ante Bruselas su mejor cara en términos de consolidación fiscal, aunque si se miran las cifras en detalle, desde la Administración central a los ayuntamientos, la cara parece reducirse a un mero gesto.

El déficit público cumplió el objetivo en 2016, por primera vez desde que se inició la crisis, al situarse en el 4,33% del PIB frente al 4,6% comprometido. En paralelo, la deuda pública cerró el pasado año en el 99,4% del PIB, en línea también con los previsto, después de que el monto total cediera y se redujera hasta los 1.106.952 millones de euros.

Sin embargo, esta mejora ha sido posible gracias al cumplimiento holgado de los objetivos por parte de unos ayuntamientos que, frente al incumplimiento y a desequilibrios desbocados en el resto de las administraciones, mantienen prácticamente bloqueados unos depósitos  de 20.000 millones de euros por mandato del Ministerio de Hacienda, que quisieran poder gastar en tanto que administraciones saneadas.

El Gobierno no parece dar excesiva importancia a esta circunstancia, pues, como suele decir el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a sus ojos las cuentas públicas son un todo y funcionan como una sola administración. No obstante, igual que los bajos precios del petróleo o los tipos de interés a ras de suelo han sido los vientos de cola de la actividad económica en los últimos años, los ayuntamientos han posibilitado, apretándose el cinturón, salvar en parte las cuentas públicas, lo que deja los futuros déficit un tanto al albur de lo que ocurra con los consistorios.

Quién cumple y quién no

El Estado, que debería ser un ejemplo para el resto, no cumplió el objetivo de déficit en 2016. Frente al límite del 2,2% del PIB, cerró el año con un 2,5% (excluidas las ayudas financieras). Las comunidades autónomas tampoco, pese a que realizaron un esfuerzo meritorio y redujeron su desajuste en alrededor de un punto porcentual. Sin embargo, tenían que ceñirse a un déficit del 0,7% del PIB y se desviaron hasta el 0,8%.

La Seguridad Social sí que cumplió, pero con un desequilibrio que se ha convertido en una pesada ancla para España. Tenía que cerrar el año en el 1,7% y se situó en el 1,62%, nada menos que 18.000 millones de déficit.

Sin embargo, los ayuntamientos también cumplieron y con creces. Tenían marcado, como cada año, un objetivo de equilibrio presupuestario, pero volvieron a cerrar con superávit récord, del 0,6% del PIB esta vez, superior al del 0,4% de 2015. Se trata de seis décimas clave, puesto que sin esta aportación positiva, si los ayuntamientos se hubieran supeditado a cumplir con el equilibrio presupuestario, el déficit agregado habría rondado el 5% del PIB obtenido en 2015.

Los ayuntamientos, también detrás de la reducción de la deuda

En el capítulo de la deuda, la historia se repite. España tenía que reducir la deuda pública desde el entorno del 100% del PIB al 99,4% en 2016 y así lo hizo. No obstante, si se observan los saldos de las diferentes administraciones se puede ver que la reducción que se produjo en el cuarto trimestre de 2016 reposa en el esfuerzo hecho por los ayuntamientos.

De acuerdo con el cálculo estricto según el procedimiento de déficit excesivo, la deuda de la Administración central se redujo en 9.792 millones de euros en los últimos tres meses del año. Sin embargo, si se suman los pasivos contraídos para financiar a las comunidades autónomas (mediante el Fondo de Liquidez Autonómico, entre otros) o a la Seguridad Social, este saldo se incrementó en 741 millones.

Las comunidades autónomas, que no aportan a otras administraciones, incrementaron su pasivo en 4.125 millones en ese mismo periodo, y la Seguridad Social pasó de haber contado con una deuda neta negativa de 5.358 millones de euros en el tercer trimestre, a ponerla en positivo, con 1.337 millones de euros al final del año. Sin embargo, los ayuntamientos, por sí solos, redujeron este saldo hasta en 2.559 millones de euros.

Los ayuntamientos no pueden gastar como quisieran

Todo esto ha sido posible porque los ayuntamientos tienen marcado un límite o regla de gasto desde 2012 que les impide disponer de todo el dinero que acumulan. Esas reservas, que descansan en depósitos bancarios con poca rentabilidad, se han ido acumulando año tras año y  alcanzaban a finales del pasado los 19.700 millones de euros, el doble que cuando entró vigor este cerco.

La regla de gasto prohíbe a los ayuntamientos realizar desembolsos por encima del crecimiento potencial de la economía a medio plazo, que en 2016 fue del 1,8%, excepto si se compensa con incrementos de ingresos con carácter permanente.

La regla de gasto establece que no se puede incrementar el gasto por encima del crecimiento potencial de la economía a medio plazo

Además, quedan fuera de este límite pagos como los intereses de la deuda, el gasto en prestaciones por desempleo y las transferencias a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales vinculadas a los sistemas de financiación. Además, para los ayuntamientos saneados existe la posibilidad de destinar el superávit a inversiones, pero siempre que a lo largo de su vida útil sean financieramente sostenibles.

En resumen, la Ley persigue con estas limitaciones que todo margen presupuestario que exceda esta barrera se dedique a la reducción del déficit y la deuda de las administraciones, con el fin de salvaguardar la estabilidad fiscal. Pero para muchos ayuntamientos saneados, esto ha supuesto una acumulación continuada de recursos que no se pueden gastar.

Por ello, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la administración local ha reclamado la flexibilización del techo de gasto de las corporaciones locales. Asimismo, los ayuntamientos siguen pidiendo poder destinar parte de sus remanente a gasto corriente, al mismo tiempo que a la amortización de la deuda.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a trabajar a lo largo de este año, en el que se revisará el sistema de financiación local, para adecuar la regla de gasto a la realidad de los ayuntamientos.