Casi una década después del estallido de la crisis financiera internacional, la factura de aquel descalabro sigue sin estar clara. Los saneamientos aún pendientes -Italia acaba de aprobar un fondo de 20.000 millones de euros para apoyar a su banca-, la persistencia de garantías que aún pueden ejecutarse o las esperanzas más o menos fundadas de recuperar algunos de los fondos públicos aportados para la recapitalización de entidades en dificultades hacen imposible llegar a una cifra definitiva de las pérdidas que han tenido que asumir los contribuyentes para evitar el colapso del sector financiero.

"Los efectos finales sobre las finanzas públicas no quedarán completamente identificados hasta que culminen los procesos de reestructuración y resolución pendientes y se produzca una retirada completa de la exposición del sector público al sector financiero", advierten Antonio Millaruelo y Ana del Río, de la Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España en un artículo titulado El coste de las intervenciones en el sector financiero desde 2008 en los países de la UE, en el que, no obstante, tratan de ofrecer una estimación del coste en que han incurrido los Estados europeos para rescatar a la banca.

Este estudio concluye que los países de la Unión Europea han puesto a disposición de la banca un total de 632.700 millones de euros, de los que casi 500.000 millones corresponden a lo aportado por los Gobiernos de la eurozona, lo que representa cerca de un 5% del PIB de la región, según datos de Eurostat que comprenden entre 2008 y 2015.

Sin embargo, buena parte de estos fondos han sido recuperados sin coste alguno para el erario público. Teniendo en cuenta esto, los autores del Estudio estiman que la factura del rescate bancario al cierre de 2015 ascendía en la Unión Europea a 218.300 millones de euros, de los que 200.400 millones han sido asumidos por los países de la eurozona, algo menos del 2% del PIB conjunto de los países que conforman la unión monetaria.

España contabiliza un gasto fiscal de 45.500 millones de euros por el apoyo a la banca

De este coste, casi una cuarta parte corresponde a España. El Estado contabiliza a día de hoy un gasto fiscal por el apoyo a su sector financiero de 45.500 millones de euros. Esta cifra, que representa más del 4% de la economía nacional, es equivalente a lo que el Gobierno ha presupuestado este año para cubrir los gastos de Educación, Sanidad, Cultura, Justicia, Defensa, Seguridad Ciudadana, Política Exterior y Desempleo.

Sólo a Irlanda, que acumula un coste de 50.100 millones de euros, le corresponde una parte superior de la factura del rescate bancario. Países como Alemania (39.100 millones) y Grecia (34.800 millones) son responsables igualmente de una parte destacada del gasto público.

Resulta curioso que España no figura, sin embargo, entre los países que más dinero ha inyectado inicialmente al sector. Los pasivos de 51.600 millones acumulados por el Gobierno español a lo largo del proceso de recapitalización de la banca quedan muy lejos de los cerca de 225.000 millones aportados por el Estado alemán o los 131.400 millones de Reino Unido.

Pero hasta la fecha España ha sido mucho menos eficaz en la recuperación de esas ayudas. Mientras Alemania ha reintegrado a su caja 185.500 millones y Reino Unido algo más de 111.000 millones, España apenas ha logrado obtener 6.100 millones por los activos adquiridos durante el rescate de la banca.

En contraste, países como Dinamarca y Luxemburgo han logrado convertir sus aportaciones al sector en ganancias de mayor magnitud, gracias a los ingresos generados por su apoyo a la banca.

Los miembros del Banco de España explican las diferencias entre unos y otros países "en función de la gravedad de la crisis y del tiempo transcurrido desde que se produjeron las intervenciones".

En cualquier caso, España aún tiene opciones de recuperar una parte considerable del gasto fiscal en que ha incurrido por su apoyo a la banca. La privatización de sus participaciones en Bankia -que concentra una parte muy destacada de las ayudas públicas aportadas por el Estado a la banca- y BMN es, sin duda, la fórmula más factible con que cuenta el Estado en esta tarea.

Los 46.400 millones de pasivos contigentes de España podrían engordar la factura

No obstante, la factura asumida por el erario español también podría aumentar. Como observan Millaruelo y Del Río, "una fuente potencial de costes futuros son los pasivos contingentes en los que ha incurrido el Estado al prestar garantías, partida que se mide de forma separada. Estos compromisos pueden desaparecer una vez transcurrido su plazo de vigencia o una vez amortizados los instrumentos cubiertos, pero también pueden dar lugar a un gasto si las garantías se ejecutan".

España es el país europeo más expuesto a este riesgo, con unos pasivos contigentes de unos 46.400 millones de euros. Según se explica en el Estudio, "estos pasivos son fundamentalmente los avales a las emisiones de la Sareb y no incorporan las garantías asociadas a esquemas de protección de activos", como el que disfruta Sabadell por su compra del negocio de la antigua Caja del Mediterráneo (CAM).