El Tribunal de Cuentas ha aprobado este lunes 10 de abril un demoledor informe relativo a la "fiscalización de los principales contratos celebrados por Adif en la construcción de la línea de alta velocidad Barcelona-Frontera Francesa". Y la conclusión es demoledora: en ese tramo de 131 kilómetros, también conocido como Barcelona-Figueres, el sobrecoste final fue de 575 millones de euros, una "desviación global del 18% debido a las modificaciones de los contratos, a las revisiones de precios, certificaciones y liquidaciones adicionales".

El precio inaugural de este tramo perteneciente a la línea Madrid-Guadalajara-Calatayud-Zaragoza-Lérida-Tarragona-Barcelona-Girona-Frontera Francesa iba a ser de 3.185 millones, pero se disparó un 18% más: terminó costando 3.760 millones de euros, 575 más "con un coste medio de 28,7 millones por kilómetro". De acuerdo con otro informe del Tribunal de Cuentas en 2013, el AVE de Madrid hasta Barcelona (621 kilómetros) costó 8.966 millones, a 14,4 millones de euros por kilómetro. Proporcionalmente, la conexión Barcelona-Figueres, casi seis veces más corta, costó por lo tanto el doble.

La desviación del 18% se debió a las "revisiones de precios, certificaciones y liquidaciones adicionales".

Parte de las conclusiones del informe del tribunal fueron adelantadas por El País, pero no el coste final de los 131 kilómetros. Barcelona-Figueres se inauguró en enero de 2013 y se publicitó con gran pompa como la conexión definitiva por alta velocidad de la Ciudad Condal con París. Sin embargo, a partir de Perpiñán no hay alta velocidad por lo que hay que recorrer un buen trecho por vía convencional francesa hasta enlazar el TGV (AVE, en francés) de nuevo en Lyon. De Barcelona a París se tardan siete horas.

28,7 millones por kilómetro

Sobre los contratos de obras, el Tribunal de Cuentas señala que se recurrió al "procedimiento abierto multicriterio" y denuncia que "tanto en los pliegos como en la elección del adjudicatario no se ha encontrado justificación suficiente sobre su aplicación". "En general", continúa el texto, "las bajas de las ofertas presentadas por los licitadores fueron muy elevadas". Pero "como consecuencia de la aprobación posterior de modificados", la rebaja inicial escaló hasta el 18%.

"El 49% de los contratos sufrió modificaciones"

"El 49% de los contratos de obras de los analizados fueron objeto de modificaciones que afectaron al proyecto constructivo inicial", revela el órgano fiscalizador. Solo el incremento provocado por los modificados elevó el sobrecoste hasta el 11,6%, casi 260 millones más. "Estos modificados", apunta el tribunal, "se debieron, prácticamente en su totalidad, a errores u omisiones en el proyecto constructivo inicial, y que debieron de haber sido apreciados y ponderados en las actuaciones preparatorias".

Hubo igualmente modificados "para convalidar actuaciones ya ejecutadas con anterioridad, sin cobertura contractual y sin que respondieran a contrataciones de emergencia". Más adelante se explica mejor: se realizaron "actuaciones que habían sido ya ejecutadas", por lo que hubo obras duplicadas sin razón alguna.

Se realizaron actuaciones que ya habían sido ejecutadas sin razón alguna

Del informe del tribunal se desprende que la vigilancia de las obras del AVE se desmadró. No quedaron lo suficientemente acreditados los expedientes "que tuvieron por objeto la realización de obras complementarias". Del total de obras con sobrecoste, un 43% "tuvieron un incremento del plazo de ejecución superior al 150%".

"Los motivos que originaron este aumento", prosigue el texto, "respondieron a circunstancias de diversa índole, tales como los defectos de coordinación o errores u omisiones en el proyecto constructivo inicial, que evidenciaron una deficiente planificación". Igualmente, se produjeron "deficiencias de planificación" en los trabajos al no disponerse de los terrenos al comienzo de las obras, por lo que hubo que paralizarlas temporalmente.

La recepción de las obras por parte de Adif, el propietario de la infraestructura ferroviaria en España, sufrió "significativos retrasos sin que se hayan acreditado los motivos". También se dieron retrasos en la liquidación.

La Sagrera, estación paralizada

La futura estación de AVE de La Sagrera, paralizada y sin dinero de los Presupuestos Generales del Estado, también aparece en el informe. Prevista en teoría para 2019, el tribunal critica que "en las obras del entorno" de la estación "e detectaron importantes diferencias entre las obras realmente ejecutadas y las obras certificadas y abonadas, por importe de 117.396.000 euros". Este sobrecoste millonario motivó "actuaciones penales y de Adif" como la apertura "de varios expedientes informativos internos para constatar si habían existido tales diferencias". Asimismo, se encargó "una auditoría externa" para verificar si el desembolso iba en la dirección adecuada.

La Sagregra, estación del AVE hoy paralizada, también se vio afectada por los modificados

En las obras del entorno de la estación de Alta Velocidad de La Sagrera se detectaron importantes diferencias entre las obras realmente ejecutadas y las obras certificadas y abonadas, por importe de 117.396.000 euros. Estas diferencias motivaron actuaciones por parte de la Jurisdicción penal y de ADIF, entre ellas: la aprobación de varios expedientes informativos internos, con el objeto de constatar si efectivamente habían existido tales diferencias, así como la contratación de una auditoria externa para verificar la calidad y la adecuación a lo reflejado en el proyecto de las diferentes obras y la medición de las obras realmente ejecutadas.

"Frente a los 580.705.000 euros certificados y abonados" por las obras del entorno de la Sagrera "se acreditaron actuaciones por importe de 463.309.000 euros". De la cantidad abonada, al menos 84 millones "corresponden a actuaciones fuera del proyecto contratado".